El último informe sobre el estado de la pobreza y la exclusión social en España de la European Anti Poverty Network (EAPN) muestra un país dividido en dos mitades: las comunidades que se encuentran de Madrid hacia el norte conservan unas tasas relativas bajas (por debajo de la media del país) de riesgo de pobreza y exclusión social, mientras que las situadas al sur registran porcentajes superiores a la media. Eso, en líneas generales, puesto que podemos realizar una subdivisión adicional este / oeste, en la que el primero queda mejor parado que el segundo aunque sólo en el norte, a partir del País Vasco, incluyendo Navarra, Aragón y Cataluña, básicamente. Las cifras de riesgo de pobreza y exclusión social (el indicador AROPE) muestran ha existencia de tres españas. Ello, debido, como explica el informe, a las «diferencias históricas en los niveles de actuación de la Administración Pública en las regiones, que existían antes de la descentralización y permanecen tras ella (…) porque los modelos de financiación autonómica no los han corregido suficientemente (…) La consecuencia de ello es que las comunidades autónomas disponen de caapcidades de gasto por habitante tan distintas que condicionan la prestación de servicios en su territorio. En buena medida por esta razón, han acumulado diferentes niveles de endeudamiento por habitante, más elevado cuantos menos recursos poseen las comunidades y no cuanto más gastan».
Veamos en concreto las cifras. La dispersión es amplísima: en 2015, la autonomía con menor incidencia de pobreza y exclusión social era Navarra, con un 13%, seguida del País Vasco y Aragón, con poco más de un 17,5%. Además de éstas, sólo Cataluña se sitúa en cifras por debajo del 20%. En todas estas autonomías, el porcentaje de la población en riesgo de pobreza y exclusión social se encuentra muy lejos de la media española, que está en el 28,6%, pero mucho más todavía de las cifras de Andalucía y Ceuta, donde supera el 40%, o en Murcia, donde roza el 39%, o en Canarias, donde se aproxima al 38%, mientras que también en Extremadura y Castilla-La Mancha rebasa el 35%.
Si observamos cómo ha evolucionado el riesgo de pobreza y exclusión social en el último año, vemos que en la media española, se ha reducido en un 2%, pero ello esconde dinámicas muy diferentes por comunidades autónomas: mientras en Cantabria se ha incrementado un 26% y en Aragón y Murcia, un 14%, en Melilla se ha reducido un 23% y en el País Vasco, un 15%.
Lo sucedido entre 2009 y 2015 también ofrece muchas variaciones por territorios: así, el porcentaje de la población en riesgo de pobreza y exclusión social se ha reducido en Melilla (un 6%), en Canarias y en Extremadura (un 1% en cada una de ellas). En cambio, en Aragón la población en riesgo de pobreza y exclusión social ha crecido un 40%, al pasar del 12,6% al 17,7% en el periodo, niveles estos últimos que siguen bajos en comparación con el resto de España. En Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha, alrededor de un 30%. La media española se incrementó en un 16%.
En el gráfico bajo estas líneas, se recoge la evolución del riesgo de pobreza y exclusión social. La variación se expresa en puntos porcentuales, a diferencia de en el párrafo anterior, donde hablamos se habla del cambio porcentual.
En total, en términos absolutos, en 2015 había 13,334 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone un incremento de 1,788 millones desde el año 2009. Andalucía supone el 27% y sumada a Cataluña, Valencia y Madrid, representan el 60% del total de la población en riesgo de pobreza y exclusión social.
El indicador AROPE, esto es, el que mide el riesgo de pobreza y exclusión social tiene en cuenta tres cuestiones: el riesgo de pobreza, que se mide por nivel de renta, la carencia material y la intensidad de trabajo existente en el hogar.
Quedémonos, entre todos los indicadores, con el riesgo de pobreza. En 2015, la media española se situaba en el 22,1%, mientras que en Navarra, la autonomía con mejores cifras, se colocaba en el 9,6%, y en Andalucía, la peor, en el 35,7%.
Ese 22,1% de la población en pobreza se divide en dos: hay un 14,5% de la población española, cerca de 6,78 millones de personas, en situación de pobreza, y otro 7,6%, algo más de 3,5 millones de personas, en situación de pobreza severa. Por aclarar de qué estamos hablando: en 2015, un hogar estaba en situación de riesgo de pobreza si sus ingresos por unidad de consumo eran iguales o inferiores a los 8.011 euros al año, y estaban en pobreza extrema si esa cantidad era inferior a los 4.006 euros al año.
Entre 2009 y 2015, la pobreza extrema aumentó en cerca de 1,5 millones de personas. En Castilla-La Mancha, la tasa de pobreza extrema creció un 234%; en la Comunidad de Madrid, en un 137%; y en Andalucía, en un 90,9%.
Cuando hablamos de la carencia material severa, lo hacemos de estas cuestiones: la capacidad de pagar la hipoteca, el alquiler o las letras, de mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno, de permitirse unas vacaciones de al menos una semana al año, de hacer una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, de hacer frente a gastos imprevistos, de disponer de teléfono, de televisión y de coche.
Ceuta, con un 16,6% de la población con carencia material severa, es el lugar de España con mayor incidencia de este mal, mientras que Aragón, con un 2,2% es el que mejor tasa presenta.
Por último, para medir el riesgo de pobreza y exclusión social se tiene en cuenta la tasa de empleo por hogar. En Andalucía, el 24,9% de las personas de entre 0 y 59 años viven en hogares con baja intensidad de trabajo, frente a Aragón o Navarra, donde la tasa ronda el 7%. Se considera que un hogar sufre baja tasa de empleo si sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año anterior al de la entrevista. Así, en un hogar con dos adultos en el que sólo trabaja uno a jornada completa, la intensidad de trabajo sería del 50%.
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