Las últimas semanas han visto varios incidentes que, según algunos, prueban la debilidad de nuestra política exterior y de nuestros dirigentes. En momentos en que la popularidad de Zapatero decae de forma visible y la veda del presidente se ha abierto incluso entre los dirigentes de su partido, los críticos del gobierno, era previsible, han lanzado las armas arrojadizas habituales en estos casos : “A España la humillan”, “Cualquiera se nos sube a las barbas”, etc.
Personalmente pienso que las penalidades de estos días, Marruecos, Venezuela, Gibraltar, no son excesivamente dramáticas. Sí estoy de acuerdo, con todo, en que, dentro de esa relativa gravedad, el gobierno no ha salido muy airoso.
En el caso de Marruecos, el gobierno no quiso o no supo convencer a las autoridades marroquíes de que la algarada fronteriza a cargo de unos “espontáneos” del país vecino, con corte esporádico de las comunicaciones, etc., no era un acto amistoso. La tibieza y tardanza de nuestros dirigentes, sobre todo de la ministra de Igualdad, en defender a las policías españolas insultadas, carece de explicación razonable.
Con Gibraltar se produce la primera quiebra palpable de la política del buenismo iniciada por el gobierno Zapatero sentando a la mesa de las discusiones a los gibraltareños, cosa que nunca había cruzado por la mente de los gobiernos españoles anteriores. Es cierto que Moratinos les dio entrada sólo para abordar problemas técnicos que afectan a Gibraltar y a la zona circundante (siendo esto así, es cierto que autoridades del campo de Gibraltar también podrían haber participado en las negociaciones), pero, como estaba cantado, los gibraltareños, con la pasividad de los británicos, tarde o temprano intentarían introducir en esa mesa técnica la cuestión clave que España lógicamente sólo quiere discutir con Londres: la soberanía. El punto de discordia ha sido la competencia sobre las aguas. España alega, con razón, que el Tratado de Utrech no concedía la menor jurisdicción a Gran Bretaña sobre las aguas. Londres, de su lado, sostiene que la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas sí otorga jurisdicción a las potencias coloniales sobre las aguas que circundan los territorios colonizados. España debe estar harta de que los británicos enarbolen el Tratado de Utrecht cuando les interesa y se agarren a otra baza jurídica cuando les estorba. En todo caso, cualquier tema de soberanía no puede ser tratado con Caruana. Sería un precedente nefasto.
Rindámonos a la evidencia: la política dura del franquismo de cerrar la verja no ayudó a solucionar el tema de Gibraltar. La opuesta de zalamería hacia los gibraltareños creada por este PSOE, apertura de la verja y sentarlos en una mesa a discutir diversos asuntos, tampoco ha dado tampoco ningún fruto en el objetivo de recuperar la soberanía. Ni lo va a dar. Los llanitos están ahora en el mejor de los mundos.
Lo de Venezuela tiene un aspecto más serio y otro de opereta. El serio es que parece increíble que unos etarras fueran entrenados en Venezuela por un vasco, antiguo terrorista, que ocupa un cargo público en aquel país y las autoridades de Caracas no supieran nada. Esto es lo serio y nuestro gobierno, por muchos intereses económicos o de otro tipo que haya en juego, factores que hay que tener en cuenta, debería exigir a Chávez no divagaciones sino explicaciones convincentes sobre el tema de por qué los terroristas recibían entrenamiento para matar en España.
La opereta es la del embajador venezolano. Tenemos el episodio pintoresco de la ausencia del abanderado venezolano del desfile de la Fiesta Nacional y las curiosas explicaciones dadas por la embajada. Pero aún creyendo al representante de Chávez, lo que no resulta fácil, el hecho es que el embajador se ha descolgado dando a entender que nuestras fuerzas del orden torturan. Esto no tiene prácticamente precedentes. Un embajador acreditado que profiere juicios insultantes hacia instituciones de esa nación. Últimamente ha tenido otro rasgo original. Va a visitar el País Vasco y no piensa ver a nadie del gobierno de esa comunidad y sí a todos los partidos nacionalistas. Algo bastante atípico, pero que no es multable. Lo de las afirmaciones sobre nuestra policía debería serlo aunque el gobierno no lo ha entendido así. Deberíamos saber por qué.
