Un mes después de que fueron secuestrados 43 estudientes por policías y criminales en Iguala, Guerrero, permanecen como desaparecidos, sin que el gobierno federal haya avanzado en la investigación. Tampoco hay resultados sobre otros seis estudiantes que fueron ejecutados en la misma fecha.
En un principio, el gobierno federal reaccionó tarde y mal: dejo pasar el tiempo, quiso minimizar y relativizar los hechos. Delimitó el acto de barbarie a una dimensión municipal, e hizo que sus voceros (periodistas y académicos) insistieran en esa versión, sobre todo, en medios españoles. La denuncia de organismos internacionales hizo trizas la mentira oficial.
Sin dejar de respetar al gobierno mexicano, como ordena la formalidad de las relaciones multilaterales, el Parlamento Europeo condenó los asesinatos y desapariciones acontecidos en Iguala. El mito del reformismo mexicano como ejemplo de gobierno en el mundo, se desplomó de inmediato y quedó claro que la propaganda y los logros legislativos o medidas ultraliberales están lejos de representar la integridad en un Estado-nación.
El pasado 22 de octubre se desarrolló una gran marcha civil en la Ciudad de México para protestar contra aquellos asesinatos y desapariciones. Antes, durante y después de la marcha, la cobertura de los medios electrónicos de comunicación y de la prensa fue escasa, excepto contadas excepciones. Para la versión oficial, que controla a la mayoría de dichos medios, la realidad resulta inexistente, digna de ser relegada para privilegiar la fantasía de un gobierno (y de un país) que vive de simulaciones, ocultamientos, mentiras.
A pesar de tratarse de un problema grave de Estado, los asesinatos y desapariciones no han merecido una condena enérgica de las instituciones estatales (llámense Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobiernos de los estados, cámaras empresariales, etcétera).
De nuevo, la presencia del México bifurcado entre la formalidad superficial y triunfalista y el de la realidad sustancial y llena de contradicciones o anomalías.
En lugar de considerar el problema como un asunto de Estado, la esfera política lo ha reducido al paso de los días a un expediente de gobernabilidad local, o a un expediente criminal, donde la discusión atañe sólo al desastre de las policías municipales estragadas por la delincuencia organizada. Y se acabó. ¿Y la responsabilidad federal? En el gobierno, tiende a ser negada.
La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de la investigación de los hechos de Iguala, avanza sus tareas con la lentitud que beneficia el calendario político-electoral, mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprovecha la coyuntura para atacar a sus oponentes de izquierda con vistas a las elecciones intermedias del año próximo, el Partido de la Revolución Democrática y el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que a su vez quieren evadir todo vínculo cercano con los responsables municipales de la barbarie en Iguala.
Los muertos, los desaparecidos vuelven a ser el botín de la ambición de poder. México: el país de la política ficción, del desastre de su propio Estado.
