El juicio de Ntabo Ntaberi Sheka fue el caso más emblemático y complejo del que se había ocupado nunca el tribunal de la provincia de Kivu Norte, y sus actuaciones y sentencia final en 2020 constituyen un ejemplo convincente de cómo llevar ante la justicia a un criminal de guerra.

Con motivo del Día de la Justicia Penal Internacional, que conmemora cada 17 de julio la adopción del tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, Noticias ONU analizó detalladamente un juicio que sirve como caso de estudio para las naciones que imparten justicia en todo el mundo.

El caso también ilustra la importancia del apoyo de las operaciones de paz de la ONU a las instituciones nacionales de justicia y seguridad.

Los crímenes: ’Una escala nunca vista’

El 30 de julio de 2010, miembros armados de la milicia Nduma Défense du Congo (NDC) se desplegaron por trece aldeas remotas de Walikale, el mayor territorio de Kivu Norte, 150 kilómetros al oeste de Goma, la capital de la provincia.

Situada en el interior de una gran selva ecuatorial, la zona ha estado asolada por dos décadas de conflicto, con una miríada de grupos armados que luchan por el control de minas lucrativas, incluidas las que extraen el mineral primario del estaño, la casiterita.

Sheka, que entonces tenía 34 años, había dado las órdenes. Sheka, que había sido minero,  había fundado un año antes lo que el fiscal militar jefe de Goma denominó el grupo armado «más organizado» de la zona, con unidades, brigadas, batallones y compañías.

Durante cuatro días y cuatro noches, sus reclutas cumplieron esas órdenes.

«Sheka no era un cualquiera», declaró a Noticias ONU Nadine Sayiba Mpila, la abogada que representa a las partes civiles en el caso. «Sheka cometió crímenes a una escala nunca vista en la República Democrática del Congo».

La letrada escribió cómo los soldados «masacraban a la gente, ponían sus cabezas en estacas y se paseaban por las calles de los pueblos para decir que eso era lo que les esperaba si no denunciaban a lo que él llamaba los enemigos«.

El 2 de agosto de 2010, las milicias armadas habían comenzado a ocupar totalmente las aldeas.

La orden de detención: En busca y captura por crímenes de guerra

Los que pudieron, huyeron a un lugar seguro. Algunos buscaron ayuda médica en una organización no gubernamental cercana.

En dos semanas, las historias de los supervivientes habían llegado a las autoridades. Los medios de comunicación calificaron los ataques de «violaciones masivas». La Misión de la ONU en el país, MONUSCO, apoyó el despliegue de un contingente policial.

En noviembre de 2010, se inició una causa contra ese señor de la guerra. Las autoridades congoleñas emitieron entonces una orden de detención nacional contra Sheka, y el Consejo de Seguridad de la ONU incluyó su nombre en su lista de sanciones.

Con el mandato de proteger a los civiles y apoyar a las autoridades nacionales, la MONUSCO puso en marcha la Operación Valle del Silencio a principios de agosto de 2011, ayudando a los residentes a regresar de forma segura a sus hogares.

No queda más remedio que rendirse

Ntabo Ntaberi Sheka era ahora un fugitivo.

También conocido como la milicia Mai-Mai, la milicia Nduma Défense seguía operando en la zona junto con otros grupos armados.

«Acorralado por todos lados, ahora estaba debilitado, y no tuvo más remedio que rendirse», dijo el coronel Ndaka Mbwedi Hyppolite, fiscal jefe del Tribunal Militar Operacional de Kivu del Norte, que juzgó el caso de Sheka.

Se entregó el 26 de julio de 2017 a la MONUSCO, que lo transfirió a las autoridades congoleñas, que a su vez lo acusaron de crímenes de guerra, entre ellos asesinato, esclavitud sexual, reclutamiento de niños, saqueo y violación.

«Había llegado el momento de decir la verdad y afrontar las consecuencias de la verdad», apuntó la abogada Sayiba.

El juicio: 3000 pruebas

Antes del juicio, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU ayudaron a construir las celdas de detención que albergaban a Sheka y la propia sala del tribunal donde se desarrollaron los procedimientos durante dos años, con una pausa de marzo a junio de 2020 debido al inicio de la pandemia de COVID-19.

A partir de noviembre de 2018, el tribunal examinaría 3000 pruebas y escucharía a 178 testigos en 108 vistas.

Sus testimonios desempeñaron un papel clave, ya que representaban el «último recurso» de la fiscalía para demostrar que se habían cometido delitos, afirmó Patient Iraguha, asesor jurídico principal de TRIAL International en la República Democrática del Congo, que ayudó a las autoridades con el caso.

Sin embargo, conseguir que las víctimas testificaran supuso un gran reto, según los fiscales congoleños.

Durante el juicio, Sheka se había «acercado a ciertas víctimas para intimidarlas», poniendo en peligro su voluntad de comparecer ante el tribunal. Afortunadamente, un esfuerzo conjunto en el que participaron la ONU y socios como TRIAL International cambió la situación, explicó Sayiba.

El coronel Ndaka, por su parte, añadió que algunas víctimas de violación también temían ser estigmatizadas por la sociedad.

Se establecieron medidas de protección y las autoridades judiciales pudieron reunir pruebas en colaboración con la MONUSCO, que también formó a la judicatura en procedimientos de derecho penal internacional, lo que proporcionó al tribunal los conocimientos suficientes para investigar adecuadamente el caso, afirmó.

«Cuando las autoridades congoleñas tenían que ir al terreno para investigar o escuchar a las víctimas, estaban rodeadas por un contingente de la MONUSCO», afirmó. «Las víctimas que sí comparecieron, lo hicieron gracias al apoyo prestado por nuestros socios».

Tonderai Chikuhwa, jefe de personal de la Oficina de la representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, recordó haber oído hablar de primera mano de los crímenes.

«Los desgarradores testimonios que escuché de los supervivientes en siete pueblos desde Kibua hasta Mpofu, en Walikale, en 2010 están indeleblemente grabados en mi mente», escribió entonces en las redes sociales.

Los primeros testigos en comparecer ante el tribunal fueron seis niños, y las víctimas testificaron hasta julio de 2020.

«Tras su testimonio ante el jurado, Sheka se echó a llorar», recordó la abogada Sayiba. «Las lágrimas de un acusado son una respuesta. Creo que Sheka se dio cuenta de que ahora estaba solo. Tenía que asumir la responsabilidad de sus actos».

El veredicto: La justicia congoleña lo consiguió

El 23 de noviembre de 2020, el Tribunal Militar Operacional condenó a Ntabo Ntaberi Sheka a cadena perpetua.

«Esto supone un importante paso adelante en la lucha contra la impunidad de los autores de reclutamiento de niños y otras violaciones graves», escribió el Secretario General de la ONU sobre el caso en su informe sobre los niños y los conflictos armados en la República Democrática del Congo.

Sin embargo, en 2022, el país registró el mayor número del mundo de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, según declaró recientemente su representante especial sobre el tema ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al presentar el último informe al respecto.

«Debemos actuar urgentemente, y con determinación sostenida, para salvar de este azote a las generaciones venideras», afirmó Pramila Patten, añadiendo que «demasiadas» mujeres con las que se reunió durante una visita en junio al país «subrayaron el riesgo diario de sufrir violencia sexual mientras llevan a cabo actividades de subsistencia».

Sayiba acogió con satisfacción la condena de Sheka, calificándola de «ejemplo formidable que demuestra que ningún individuo, por poderoso que sea, es inmune a rendir cuentas por esas violaciones».

De hecho, el juicio envió «un gran mensaje», dijo Sayiba, añadiendo que el veredicto era «una garantía para las víctimas, que ahora podían ver que sus testimonios no eran en vano».

El veredicto fue «un motivo de orgullo para mí, para mi país, para la justicia congoleña», sostuvo el coronel Ndaka.

En la actualidad, la ONU sigue apoyando los esfuerzos para acabar con la impunidad en el país, incluso con la ayuda del Equipo de Expertos de la ONU sobre el Estado de Derecho y la Violencia Sexual en los Conflictos, y en la República Centroafricana, Mali, Sudán del Sur y otras naciones. En Kivu del Norte, la Fiscalía se amplió en junio  al Tribunal de Paz de Goma con el apoyo de las Naciones Unidas.

Ntabo Ntaberi Sheka, que ahora tiene 47 años, continúa su condena a cadena perpetua en un centro de la capital, Kinshasa.

«El hecho de que Sheka fuera juzgado y condenado es una prueba de que el estado de derecho existe y de que no se puede quedar impune cuando se han cometido los crímenes más graves y abominables», declaró el coronel Ndaka. «La justicia congoleña pudo hacerlo, con voluntad, determinación y medios. Pudo hacerlo, y lo hizo».