Informa El País: “La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene prevista la instauración de un registro de lobbies”. Luego explica: “El registro marcará un código de conducta que fije los límites de actuación. Aunque la normativa de la CNMC no obligará a inscribirse como lobby, los representantes de organizaciones privadas, públicas o no gubernamentales que actúen como grupos de presión no tendrán más remedio que registrarse si quieren ser recibidos por los responsables de la CNMC”.
Sigue: “Para defender los intereses de un colectivo, los lobbistas presionan a los reguladores y exponen sus puntos de vista de forma transparente para que se tomen en cuenta sus opiniones. Sin embargo, el problema radica en que en los países en los que no está regulada —como lo está en la Comisión Europea, en una docena de países europeos y en Estados Unidos— se considera una actividad oscura e ilegal”.
¿Se puede equiparar regulación a control efectivo? ¿Y regulación a transparencia? ¿Existen precedentes de regulaciones que, simplemente, legalizan acciones susceptibles de causar perjuicios al bien común? Dado que esta actividad “está regulada” en Bruselas (tampoco es obligatorio el registro) y en Estados Unidos, ¿podemos deducir, entonces, que en Bruselas y en Washington la situación es satisfactoria?
Acaba de publicarse en ensayo del periodista Chris Hedges La muerte de la clase liberal (Capitán Swing, 2016). Hedges, miembro del equipo del The New York Times que en 2002 ganó un Pulitzer por su cobertura del terrorismo global, estuvo muy implicado en el movimiento Occupy Wall Street. Su ensayo se basa en la tesis de que la clase liberal –en Rusia se conoce como intelligentsia– se ha ido retirando en las últimas décadas a sus cuarteles de invierno o ha comenzado a trabajar a sueldo de las fuerzas políticas y económicas que malgestionan los intereses comunes. Incluidos buena parte de los profesionales de los medios de comunicación. Leyendo la noticia sobre la futura regulación de los lobbies por parte de la CNMC, recuerdo este párrafo de su libro:
“En Washington, las grandes empresas cuentan con treinta y cinco mil personas en grupos de presión, y con miles más en las capitales de los estados, que distribuyen dinero para moldear las leyes y redactarlas. Utilizan sus comités de acción política para pedir a empleados y accionistas donaciones con las que financiar a candidatos maleables. El sector financiero, por ejemplo, gastó en la última década [la primera edición del libro es de 2011] más de 5.000 millones de dólares en campañas políticas, en hacer proselitismo y en ejercer presión, lo cual condujo a una generalizada desregulación, a la extorsión de los consumidores, a la crisis financiera global y al consiguiente saqueo del Tesoro de Estados Unidos. La asociación de Investigadores y Fabricantes de Medicamentos en Estados Unidos se gastó 26 millones de dólares en 2009,y farmacéuticas como Pzifer, Amgen y Eli Lilly invirtieron decenas de millones más para comprar a los partidos”.
Algo similar dice acerca de los sectores petrolífero y gasista, el del carbón, los contratistas militares y las empresas de telecomunicaciones. Respecto a estas últimas, la Comisión Europea, por cierto, ha retrasado en varias ocasiones el establecimiento de la supresión de las altas tarifas de roaming en todo el mercado común europeo (parece que en 2017, por fin, ya será posible llamar dentro de la UE como si fuera un solo país).
El debate es interesante. Puertas giratorias, pago de campañas electorales, redacción de leyes lesivas del interés común. En resumen: quién manda, con qué intención, y para beneficio de quién.
