Las primeras semanas de 2015 han traído consigo, para el gobierno mexicano, otra crisis grave de credibilidad y, en consecuencia, de legitimidad, en torno de sus investigaciones sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
La pausa sociopolítica por las fiestas de Navidad y Año Nuevo sólo propició que explotara la pugna entre las familias de las víctimas y la fiscalía federal que lleva el caso de los 43. Dichas familias endurecieron su postura, rompieron el diálogo con el gobierno y fortalecieron el movimiento que los arropa de maestros disidentes y activistas de izquierda dentro y fuera del estado de Guerrero.
Con el inicio de 2015, los familiares de los 43 insistieron en rechazar la versión oficial sobre el destino de sus hijos desaparecidos (que habrían sido víctimas de ejecución por parte de criminales y sus restos incinerados en un basurero de Cocula), en particular, porque las autoridades presentaron averiguaciones, pruebas y testimonios contradictorios, inconsistentes y llenos de lagunas.
Entre ellos, y debido a la prisa de la fiscalía por desaparecer de su investigación la presencia atestiguada de policías y militares en la masacre, comenzó a prosperar la idea de que, quizás, los 43 fueron incinerados en crematorios del ejército o al servicio de éste. La demanda creció: el 13 de enero, los familiares exigieron inspeccionar el cuartel del 27 Batallón de Infantería del ejército y escenificaron un zafarrancho con soldados.
Mientras el ejército expresaba su negativa a que civiles inspeccionaran sus instalaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presionó para que tal acto fuera posible, y la secretaría de Gobernación declaró que permitiría dicha inspección. En breve, se impuso la negativa del ejército.
Con el fin de salir al paso de la versión de que los 43 pudieran estar vivos, el procurador general explicó el 27 de enero pasado que existía “certeza legal” de que los estudiantes fueron ejecutados y quemados por criminales del grupo Guerreros Unidos en aquel basurero y sus cenizas arrojadas al río San Juan. Declaró asimismo que tal era la “verdad histórica”, algo que resonó como un equivalente a dar por cerrado el caso. La reacción en contra de los familiares fue enérgica, y el procurador se vio obligado a decir que “no estaba cerrado el caso”.
Enseguida, hubo dos episodios importantes: la comparencia ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en Ginebra de los familiares de los 43, que expresaron su queja contra el Estado mexicano; y el “diálogo” de los representantes del gobierno de México ante el mismo organismo, con la postura de negarse a aceptar la jurisdicción de dicho Comité en el caso de Ayotzinapa, a pesar de que el país ratificó en 2002 la Convención Internacional al respecto.
El juego de estrategias jurídico-políticas se destapó: mientras las familias de las víctimas insisten en la figura de desaparición forzada, la cual fundamentan con testimonios asentados ante la fiscalía de Guerrero acerca de la participación directa e indirecta de policías y militares en la masacre, la fiscalía ha conducido su alegato a delitos de fuero común (por ejemplo, homicidio doloso) y fuero federal (delincuencia organizada, secuestro).
La Corte Penal Internacional considera a la desaparición forzada un crimen de lesa humanidad, por lo tanto, carece de prescripción, de allí el apremio del gobierno mexicano por cerrar el caso de Iguala.
Para descomponer el cuadro de la fiscalía mexicana, el Equipo Argentino de Antropología Forense, que fue coadyuvante pericial de la investigación sobre los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, contradijo las explicaciones sobre el lugar de la hoguera donde se presume fueron quemados los 43 y señaló otras irregularidades, como la ruptura de la cadena de custodia. La respuesta de la fiscalía fue brutal: no sólo quiso desacreditar a tal Equipo por cuestionar la “versión histórica” del gobierno, sino que puso en duda su solvencia profesional. Los argentinos fueron categóricos: “Forzar la evidencia para que encaje con el testimonio, eso no es ciencia”.
En medio de tal debate, se dio la noticia el 6 de febrero sobre el hallazgo de 61 cuerpos (luego las autoridades dirían que fueron 60) en un crematorio abandonado en Acapulco, Guerrero.
De inmediato, y sin mediar una pesquisa al respecto, tanto el gobierno estatal como el federal negaron que el crimen organizado estuviera implicado en los hechos, y dieron su versión: el crematorio era parte de una trama para cometer fraude a familiares de difuntos que solicitaron servicio de cremación. Los cuerpos sólo fueron embalsamados pero no cremados, y se les arrojó cal encima para tratar de evitar el olor de la podredumbre. A los defraudados, les daban arena blanca en lugar de las cenizas de sus familiares.
¿No cabe la posibilidad de que algún o algunos cuerpos de aquellos hayan sido entregados por el crimen organizado al crematorio para desaparecerlos, puesto que esta práctica la han consignado autoridades de otros estados, como en Jalisco?
Cada vez más, el gobierno mexicano deja a un lado su responsabilidad y el cumplimiento de la ley para reemplazar con mecanismos comunicativos su función pública, por ejemplo, el recurso de manejo de crisis, que indica dar la cara de inmediato, desacreditar rumores, asumir la situación, reconocer los sucesos y dar una explicación, así sea infundada.
En otras palabras, el reino de las verdades a medias, como las definió William Safire, que consisten en declaraciones “lo bastante precisas como para necesitar una explicación, y conforme más larga sea ésta, es más probable que el público la crea también a medias”.
En los últimos meses, se ha hallado un centenar de osamentas en Guerrero. Las autoridades minimizan o soslayan los hallazgos, dicen que “se trata de hechos aislados”. Y han rechazado las recomendaciones de la ONU al respecto.
El exterminio de personas en Guerrero y otras partes es evidente. Desde 2012, el gobierno de Enrique Peña Nieto presenta un promedio de 13 desaparecidos cada día en el país.
Se observa así un gobierno y un Estado a-legales en flagrancia.
