La divulgación de las actividades de la CIA en México y los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el crimen organizado y los cárteles de la droga mexicanos, ha destapado también la pugna al interior del ejército por el control de la Secretaría de la Defensa.
Desde un par de años atrás, WikiLeaks ha presumido que, con la asistencia del Banco suizo Julius Baer, el general del ejército mexicano Mario Acosta Chaparro había sido capaz de invertir varios millones de dólares en el fondo Symac entre 1990 y 1998. Al año siguiente, un funcionario de México, informante del Federal Bureau of Investigations (FBI), ofreció pruebas a las autoridades de Estados Unidos y México contra Acosta Chaparro. En 2000, el general fue detenido, se le acusó de apoyar al Cártel de Juárez. Dos años después, fue sentenciado a 15 años de prisión. En 2007 fue declarado inocente y en 2008 reivindicado por el ejército. El también contacto de la CIA, protagonista de la Guerra Sucia y asesor gubernamental fue asesinado en 2012 en la Ciudad de México. De aquellos millones de dólares nunca más se supo nada.
La periodista Isabel Arvide registra ahora en su libro Mis generales (Temas de Hoy/Planeta, 2012) que Acosta Chaparro fue asesinado porque “iba detrás”, en colaboración con la CIA, del general Enrique Cervantes Aguirre, ex secretario de la Defensa (1994-2000), y quien le hizo encarcelar en su momento. Cervantes Aguirre estaría implicado en la corrupción del narcotráfico en el ejército mexicano, y bajo la mira de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha expresado en público y en privado su falta de confianza en aquella fuerza armada de México, al grado de favorecer las tareas conjuntas con la Secretaría de Marina, corporación naval a la que consideran menos corrompida, como lo ejemplifica otra comunicación divulgada por WikiLeaks a últimas fechas, en la que se da a conocer un convenio de colaboración y confidencialidad renovable cada año a nivel binacional.
El cable, firmado por la entonces Secretaria de Estado de Estados Unidos, Condolezza Rice, afirma: «Tenemos entendido que no es necesaria la aprobación de ninguna otra autoridad del Gobierno de México para que este convenio entre en vigor una vez firmado, más allá de la aprobación ya concedida por la SRE». El propósito del convenio busca fincar un intercambio «más suave y fluido con la SEMAR, especialmente entre el personal militar», y permitir y regular el intercambio de información de seguridad nacional clasificada entre ambas partes, la cual puede estar catalogada como «confidencial», «secreta» y «ultra secreta» (Anabel Hernández, “Pactan en secreto la Marina y EU”; Reforma, 29 de agosto de 2012).
El general Cervantes Aguirre es uno de los generales de mayor poder en México, que ejerce mediante un equipo de subordinados (se sabe que mantiene un equipo especial de inteligencia a su servicio) y ex subordinados que se cuentan entre los militares más influyentes del ejército. Por ejemplo, el presidente electo Enrique Peña Nieto ha nombrado jefe de seguridad al general Roberto Miranda, que de acuerdo con el protocolo correspondiente, pasará a ocupar la jefatura del Estado Mayor Presidencial cuando Peña Nieto asuma el poder el próximo 1º de diciembre. El puesto, que en el medio militar se considera tan importante como ser Secretario de la Defensa, lo ejercerá Miranda, un personaje cercano a Cervantes Aguirre.
El ascenso de Miranda se presenta a pesar de que la influencia de Cervantes Aguirre parecía entrar en su ocaso definitivo cuando, semanas atrás, fue detenido por presunta vinculación con el narcotráfico, otro general afín a él: Tomás Ángeles Dahuajare. La presencia de Miranda a cargo de la seguridad de Peña Nieto abre paso a un dilema delicado para el presidente electo ante el nombramiento de su secretario de Defensa: si nombra a otro hombre cercano a Cervantes Aguirre, provocará el enojo de Estados Unidos; si nombra a un general proclive a los intereses estadounidenses, enviará un mensaje de equilibrio de fuerzas a ambos lados de la frontera.
En tal sentido, su carta fuerte es el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, egresado de la Escuela de las Américas en Panamá y experto en combate al narcotráfico, que tendría a su lado a un colaborador importante, el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, el también general Luis Arturo Oliver Cen, ex agregado militar adjunto en la embajada mexicana en Washington. Los funcionarios mexicanos del ámbito judicial o militar adscritos al servicio diplomático suelen ser enrolados como informantes o contactos de agencias estadounidenses de inteligencia.
Al parecer, el deseo de la CIA de quemar a Cervantes Aguirre tendrá que esperar.
