En Damasco, el barrio de Al-Yarmouk no es lo que era. Las bombas han destruido los edificios, y miles de sus habitantes, en su mayoría, palestinos, han tenido que huir. Taleb Ali Zahra se emociona al recordarlo. Su gimnasio y parte de su familia quedaron allí. Ahora, “todo está destruido”, explica. Exiliado en España, solo le queda el calor de su mujer y de sus hijas. “En Siria solo tenemos dos soluciones: morir o salir del país”, dice Taleb. Para él, la guerra siria no es más que una cuestión de respeto.
La salida de Siria se ha convertido en uno de los principales objetivos de la población. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde el 21 de agosto –fecha en la que el presidente sirio usó armas químicas– el número de refugiados en los países colindantes se ha incrementado en un 28,2%, o lo que es lo mismo, en torno a las 700.000 personas. “Quién quiere libertad debe respetar, y eso, actualmente no existe: es necesario que todos se sienten y dialoguen, así se conseguirá la paz”, afirma nuestro protagonista. Al igual que Taleb, millones de conciudadanos sirios se encuentran fuera de sus lugares de origen. El número actual asciende a los 2,4 millones, repartidos entre Líbano (903.000 personas), Jordania (591.000 personas), Turquía (593.000 personas), Irak (217.000 personas) y Egipto (133.000 personas), cifras que pueden hacer peligrar la estabilidad de la zona en un futuro.
La respuesta al problema sirio, sin embargo, ha llegado de forma tímida desde los países europeos. Alemania o Países Bajos han acogido a unos cientos de estos refugiados con tal de dar algo de respiro a los países limítrofes con la República de Siria. España, según la base de datos de ACNUR, desde el año 2000 ha acogido a un número considerable de ciudadanos sirios, incrementándose año tras año desde el 2010. No obstante, en su mayoría, estos refugiados no son considerados refugiados de pleno derecho, sino solicitantes de asilo. El último año fueron 352 sirios los sirios en España que habían huido de su país, y de ellos solo 32 poseían la condición de refugiado. El resto tenía sus “papeles” en trámite. A fecha de hoy, y sin datos oficiales, ACNUR asegura que el número se ha doblado y supera posiblemente los 600 solicitantes. Amnistía Internacional dice que España concederá asilo solo a 30 ciudadanos sirios.
Alemania, en contraposición, reconoció el año pasado a 18.165 ciudadanos sirios como refugiados y tenía además a 5.986 pendientes de su solicitud de asilo. Un total de 24.151 personas acogidas dentro de sus fronteras. Los Países Bajos, con una población de aproximadamente 17 millones de personas, acogió por su parte a 1.064 refugiados. Y es que a pesar de que todos los países miembros de la Unión Europea se rijan por una directiva que los vincula, las realidades efectivas son muy distintas en cada uno de ellos. Por ejemplo, la legislación que existe en Suecia es parcialmente diferente a la que se puede encontrar en España, Italia o Grecia, tres países que por su situación geográfica son receptores continuos de inmigrantes.
¿Y en España?
España lleva adscrita desde 1978 a la Convención de Ginebra y al Protocolo de Nueva York, piedras angulares de protección al refugiado. Tras vincularse a la directiva europea, en 2009 se redactaría una ley expresamente para refugiados, asilados y apátridas. Sin embargo, estos esfuerzos no parecen recoger sus frutos. Según el Euroestat, en 2012 se redujo en un 25% el número de solicitudes en España con respecto a 2011. Esto la sitúa en la cola de países receptores de refugiados. Actualmente nuestro país ocupa el puesto 26 de la Unión Europea, con 55 refugiados por cada millón de habitantes, solo por encima de Portugal.
Para Elena Vázquez, abogada especializada en el campo de los refugiados, el problema viene de un cierre de fronteras. Esta opinión también la comparten algunas organizaciones, como el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), que en su informe de 2013 considera que “el férreo control fronterizo, entre otros factores, impidieron la llegada de personas necesitadas de protección internacional al territorio español”. Es más, de las solicitudes de protección internacional en frontera, solo el 44% fueron aceptadas en 2012. Dentro del territorio, en cambio, se aceptaron el 95%.
Nebile, palestino procedente de la franja de Gaza, se muestra impotente. Vive con su hija y lleva meses sin ver a su mujer. “Desde la Oficina de Asilo no me dejan traer al resto de mi familia”, die resignado. “No entiendo qué problema puede haber”. Según fuentes cercanas a ACNUR, la formación de los funcionarios españoles que entrevistan a los solicitantes de asilo es insuficiente y se aprecia en la interpretación de los casos particulares. De ahí que las valoraciones de situaciones concretas puedan ser distintas a las reales.
En 2012, último año del que se tienen datos, fueron repatriadas un total de 24.457 personas. De ellas 1.409 fueron expulsadas conforme a la política del tercer país seguro –es decir, esgrimiendo el argumento de que una persona solicitante de protección internacional haya pasado por un país que España considera seguro–; 6.271 devueltas sin más, a 8.647 se les denegó la entrada, y a 10.130 se les expulsó. Según Elena Vázquez, esta realidad es una consecuencia más del “flujo confundido entre inmigrantes y refugiados”. Una confusión que según ella “obedece más al control de inmigrantes económicos –personas que tienen que abandonar su país en búsqueda de mejoras sociales o laborales– que a las necesidades de los refugiados”.
Elena Vázquez cree que la figura del refugiado, en ocasiones, puede llegar a utilizarse como un instrumento político y de esta forma dificultar la ayuda al mismo. La elección de un refugiado no depende únicamente de las condiciones en las que se encuentre su país o en la que se encuentre él mismo. Existe una cláusula de exclusión, recogida en la Convención de Ginebra, por la cual un país puede denegar la protección internacional a cierta persona con tal de que esta sea “responsable de actos abominables”. Se utilizaría, tal y como indica la Convención, “para salvaguardar al país receptor de criminales que representan un peligro para su seguridad”. Para algunos expertos esta definición es demasiado amplia y, según ACNUR, “en un clima de grandes desafíos para el asilo, las cláusulas de exclusión se convierten en otro camino abierto para denegar la protección internacional a los casos que se la merecen.
La integración
Los organismos oficiales que acogen en España a refugiados son los CAR (Centro de Acogida a Refugiados), dependientes de la Oficina de Refugio y Asilo. “Nos tratan muy bien: desde el director a las cocineras”, asegura Taleb. Distribuidos por ciudades como Madrid o Sevilla, son centros que proporcionan una asistencia temporal. Es decir, la estancia en ellos no dura la totalidad del tiempo que otorga la situación de refugiado o la de solicitante de asilo. Concretamente, en los CAR, una persona única o una familia pueden permanecer un máximo de seis meses. Tras cumplirse ese plazo, el individuo tiene unos quince días para abandonar el centro.
Las ayudas que ofrece, por otra parte, no son del todo suficientes para satisfacer las necesidades básicas de los propios refugiados. “El trato es muy superficial: apenas se tocan aspectos como el psicológico”, afirma Vázquez. Según la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las ayudas rondan entre los 47 euros y los 80 euros al mes. A esta cuantía, se le añaden los 162 euros para gastos de ropa y calzado y, en caso de embarazo, 162 euros por nacimiento. También existe la posibilidad de que durante esta estancia se paguen servicios como la formación profesional, transporte y algunas actividades culturales.
La integración de este colectivo en la sociedad española está prevista en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014. Financiado por el Fondo Europeo para los Refugiados y por el Fondo Social Europeo, el plan subvenciona a entidades sociales como Cruz Roja o CEAR para que ayuden a los refugiados en temas como acceso a la vivienda o la inserción social. De este plan también depende la planificación de los CAR. Esta ayuda es según CEAR poco efectiva. En su opinión “es necesario reforzar las sinergias entre las instituciones públicas y las entidades privadas”. A esto le sumamos a que tal y como indica la propia Comisión Española de Ayuda al Refugiado en su informe del año pasado, la situación social y laboral de España no es la adecuada. Para la organización esto obliga a migrar a otros países europeos.
Cae la tarde en el CAR del barrio madrileño de Vallecas. Taleb tiene clase de español y en el patio de entrada juegan niños palestinos, sirios y egipcios. Entre ellos, su hija. Taleb no sabe lo que va a hacer cuando se le acabe el tiempo de estancia en el centro. Parece que aún le queda esperanza.
Considera a España como su segunda casa y espera encontrar trabajo. Quizás en un gimnasio como el que regentaba. Lo que no le cabe duda es que lo intentará. Mientras se toma un café, reflexiona: “Quiero mandar dinero a Siria. Poco es suficiente para que mi familia no tenga que comer de lo que se encuentre en el suelo”.
Miguel Luque Hidalgo es estudiante de tercero de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, apasionado por la información internacional, especialmente en temas relacionados con Oriente Medio.
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