• Un juez que debe gran parte de su carrera a los gobiernos del PP cierra la investigación del espionaje a Bárcenas exculpando a De Cospedal y sin citar a Rajoy

¿Recuerdan esta frase de Ignacio González? Es muy pertinente para entender lo que ha ocurrido este jueves. A finales de 2016, el expresidente de Madrid andaba muy preocupado con el juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Allí se estaban investigando sus correrías, y también varios de los casos más delicados para el Partido Popular: Lezo, Púnica, más tarde Kitchen… Y en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana que grabó la Guardia Civil, Ignacio González confesó un deseo que, muy pronto, se hizo realidad: que se fuera el juez que había en ese juzgado y que volviera a la plaza el titular. Es justo lo que pasó, apenas siete meses después.

Tal y como pronosticó Ignacio González, al juez «provisional» que investigaba los casos que más preocupaban al PP, Eloy Velasco, le ascendieron a un puesto donde pudiera molestar menos; hoy está en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y «el titular» volvió al juzgado número 6. Aún sigue allí. Se llama Manuel García Castellón. Llevaba casi 17 años fuera de ese puesto. Y la historia de este juez, de sus idas y venidas, explica mucho de cómo funciona la justicia en este país.

Manuel García Castellón llegó a la Audiencia Nacional en 1993. Primero al Central número 5, como sustituto de Baltasar Garzón. Más tarde como titular del Central número 6. En esos años llevó la instrucción del caso Banesto y también la de varios atentados terroristas de ETA. Entre otros, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el coche-bomba de 1995 contra José María Aznar.

Unos años después, fue precisamente el Gobierno de José María Aznar quien lo escogió para uno de los puestos más codiciados de la carrera judicial: el de magistrado de enlace con Francia. En teoría, ese cargo se ocupa de coordinar a la justicia de ambos países para evitar burocracia. Es una suerte de embajador judicial, con pasaporte diplomático. Una bicoca, donde se trabaja poco y se cobra mucho: en 2016, era un sueldo de 9.500 euros netos al mes en 14 pagas, según Confilegal. Es un puesto que se nombra a dedo, sin mucho más requisito previo que ser juez o fiscal con cinco años de experiencia. Y que decide el Gobierno. En este caso concreto, el nombramiento de García Castellón como magistrado de enlace en Francia se publicó en el BOE el 26 de mayo de 2000.

Cuando el Gobierno de Aznar le destinó a París, Manuel García Castellón «ni siquiera hablaba bien francés», según asegura un exministro del Gobierno de Zapatero. «Nunca fue de mucha utilidad. La coordinación con Francia la hacíamos a través de los jueces de enlace franceses que estaban destinados en España, porque él pasaba más tiempo en Madrid que en París», afirma ese mismo exministro, que reconoce que nunca quisieron cesarle, y nombrar a otro, para evitar que volviera, cabreado, a su plaza de la Audiencia Nacional, donde podía hacer más daño que en la embajada de París.

Tras doce años en Francia, en marzo de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy le entregó otro cargo tan bueno como el anterior: magistrado de enlace con Italia. García Castellón se mudó a Roma desde París. Según distintas fuentes, tampoco sabía hablar italiano cuando el Gobierno de Rajoy le nombró.

Durante todos estos años en puestos bien pagados y decididos a dedo por gobiernos del PP, Manuel García Castellón mantuvo su plaza en la Audiencia Nacional. Estaba en comisión de servicios, lo que también tenía para la derecha otra utilidad. Ahora el procedimiento ha cambiado, pero en aquel momento, mientras un juez estaba en comisión de servicios, su sustituto era nombrado casi a dedo por el Consejo General del Poder Judicial.

Como he explicado en otros artículos, durante las últimas décadas, el CGPJ ha estado la mayor parte del tiempo en manos de la derecha, gracias a los sucesivos bloqueos del PP a su renovación cada vez que pierden las elecciones. Así que nombrar a jueces de la Audiencia Nacional como magistrados de enlace en el extranjero permitía elegir, desde el CGPJ, qué jueces se quedaban con su plaza como sustitutos. Y también cambiarles, si el sustituto se portaba mal.

En la Audiencia Nacional hay seis juzgados centrales de instrucción. Solo seis jueces de instrucción, por cuyas manos pasan los principales grandes casos de corrupción. Con Rajoy en La Moncloa, hubo un momento en que tres de ellos –la mitad– estaban como magistrados de enlace en el extranjero, nombrados por el Gobierno del PP. Y así el CGPJ, que también controlaba la derecha, podía decidir quiénes eran sus sustitutos.

Esa fue la fórmula, por ejemplo, que permitió apartar al juez Pablo Ruz de la investigación de la Gürtel. Fue nombrado porque parecía el ideal, a ojos de la mayoría conservadora del CGPJ. Estaba en situación precaria, era uno de esos sustitutos, mientras el titular estaba de magistrado de enlace en Londres. El CGPJ le renovaba en el puesto cada seis meses. Todo fue bien hasta que a Ruz se le ocurrió registrar la sede del PP. Poco después de aquella osadía, el CGPJ le apartó.

Es habitual que un juez de la Audiencia Nacional se vaya al extranjero, como magistrado de enlace. Es raro que haga el camino contrario. Más extraño aún que lo haga por propia voluntad, porque, en la práctica, abandonar la embajada y volver a la Audiencia Nacional supone un peor sueldo, y una enorme carga laboral.

Cobrar mucho menos para trabajar mucho más. Justo fue esa la extraña decisión de Manuel García Castellón. Solo siete meses después de que Ignacio González apuntara esa posibilidad, solicitó la vuelta a su juzgado, en la Audiencia Nacional.

«Que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular»Desde que volvió de Italia, el PP no ha tenido muchos motivos para quejarse por cómo le ha ido con este juez de la Audiencia Nacional, a pesar de que algunos de sus dirigentes no han salido muy bien parados. No le ha ido bien a Ignacio González, que sigue jugándose volver a prisión. O a Francisco Granados, que también está procesado. O al exministro Jorge Fernández Díaz, que probablemente se sentará en el banquillo por la Kitchen. Son, todos ellos, daños amortizados para el PP, imposibles de rehabilitar.

Fue García Castellón quien intentó imputar a Pablo Iglesias con argumentos bastante endebles, en una causa surrealista donde le quitaron la razón tanto el Tribunal Supremo, como la Fiscalía como sus propios compañeros de la Audiencia Nacional. Es quien imputó a Cifuentes, también por la financiación B del PP, para después archivar la investigación. Es también el juez que hoy ha cerrado la investigación de uno de los mayores escándalos de la historia democrática: el caso Kitchen. Y lo ha dejado en la mínima expresión.

Según el propio juez, los hechos son claros. El Ministerio del Interior usó dinero de los fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas y robar las pruebas que guardaba sobre la corrupción del PP. Un grupo de policías, bajo las órdenes del ministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, compraron a un confidente –el chófer de Bárcenas– con 2.000 euros al mes y la promesa de una plaza de funcionario en la Polícia. Con su ayuda, se colaron en un estudio de pintura de la mujer de Bárcenas, donde el extesorero escondía, en el doble fondo de un armario, todo el material comprometedor contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La operación fue un éxito. Encontraron la información comprometida, que nunca más ha visto la luz.

Fue un gravísimo caso de corrupción, para tapar la corrupción y proteger a Rajoy. Es difícil de creer que esto ocurriera como una iniciativa personal del ministro del Interior, por su cuenta y riesgo y sin encomendarse a nadie más. Pero no es solo una mera deducción: a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, hay indicios suficientes como para considerar que en esta operación de la cloaca policial también estaba implicado el Partido Popular y al menos su entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal. Entre otros, las grabaciones de Villarejo en sus reuniones secretas con De Cospedal.

A pesar de los indicios, a pesar de las grabaciones, a pesar de la posición de la Fiscalía Anticorrupción, García Castellón ha decidido desimputar a De Cospedal. Y cerrar del todo la investigación, sin que siquiera haya declarado el principal beneficiado de toda aquel operativo parapolicial: el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Porque no está probado que Rajoy estuviera al tanto. Pero no hay duda alguna de quién fue el máximo beneficiado de aquella operación parapolicial.

Tampoco hay muchas dudas de quién era el jefe directo del principal imputado en la causa, el exministro Jorge Fernández Díaz.

García Castellón es capaz de archivar la investigación sin llamar siquiera a declarar como testigo al principal beneficiado de todo el operativo y principal responsable del Gobierno bajo el que todo esto ocurrió. En un ejercicio de malabarismo difícil de igualar, cierra la investigación sin mencionar siquiera por su nombre a Mariano Rajoy en los 70 folios del auto que hemos conocido este jueves. «Ninguna diligencia permite sostener» –asegura el juez– «que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro». Ese presidente del que me está usted hablando, que diría M. Rajoy.

En otra parte del auto, García Castellón rechaza otra de las pesquisas que le pedía la Fiscalía Anticorrupción: identificar qué persona del Partido Popular usaba un determinado número de teléfono. «Se trata de una diligencia impertinente, en cuanto que no guarda conexión con el objeto del presente procedimiento». En efecto: se trata del móvil de Mariano Rajoy.

El auto aún no es firme. Cabe recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y no sería la primera ocasión en la que esta sala le fuerza a reabrir una investigación que García Castellón intentó archivar.

Hace unas semanas, la Sala de lo Penal le ordenó reabrir la investigación de la Púnica que afecta a El Corte Inglés. Las acusaciones populares en este caso le pidieron que se inhibiera por un posible conflicto de intereses: García Castellón ha dado clase en una fundación de El Corte Inglés. El juez desestimó esa petición y respondió que «no hay conflicto de interés alguno» porque el CGPJ autorizó que impartiera esas clases.