Los huesos de Jessica Leticia Peña (15 años), Andrea Guerrero (15 años) y Lizbeth Aguilar (17 años) fueron hallados en una fosa común en el desierto cercano a Ciudad Juárez. Su desaparición se reportó entre 2009 y 2010, cuando fueron vistas por última vez en la zona centro de la urbe fronteriza. Las autoridades declararon que en esa zona (la sierra de San Agustín) podrían localizarse otras desaparecidas.
El hallazgo sólo reconfirma lo que grupos civiles como Nuestra Hijas de Regreso a Casa han denunciado a lo largo de la década pasada: que los asesinatos sistemáticos contra mujeres han continuado a pesar de la negativa de las autoridades mexicanas y sus voceros, en particular, la prensa local, a reconocer la existencia del feminicidio desde los años noventa hasta la actualidad.
En fechas recientes, Nuestras Hijas de Regreso a Casa han insistido en el incremento de niñas y jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez. Los criminales repiten el modus operandi de otros años en múltiples casos: secuestrar (“levantar”) en la vía pública a sus víctimas después de seleccionarlas y cazarlas. Antes solían arrojar los cuerpos en zonas públicas, ahora los destruyen u ocultan.
La noticia sobre la continuidad del feminicidio en Ciudad Juárez acontece días después de que el presidente Felipe Calderón estuvo en Ciudad Juárez y presumió estadísticas “favorables” a su política de violencia intensificada contra el crimen organizado y la sociedad juarense. Alardeó el descenso del índice de homicidios como si tal indicador fuera una suerte de talismán: como debiera él saber, la violencia en las sociedades trasciende la tasa de homicidios.
La reportera Marcela Turati ha informado que el secretario de Seguridad Pública implantó un régimen de terror que implica violaciones a los derechos humanos, no sólo de los presuntos delincuentes, sino de sus familias (Cf., “La violenta ‘pacificación’ de Ciudad Juárez, Proceso, 19 de febrero de 2012). La policía municipal, a cargo de aquel funcionario, un militar que realizó la misma estrategia en Tijuana, Baja California, comete todo tipo de excesos contra la población civil con el pretexto del combate al crimen. Aún así, los juarenses agradecen el retiro paulatino del ejército y la policía federal, cuya ineficaz presencia colaboraba a acrecentar las tensiones urbanas.
Los huesos de las tres menores emergen en el momento en el que comenzaba a imponerse el revisionismo del feminicidio, encabezado por el gobierno local y federal, la oligarquía juarense, la prensa fronteriza (vocera de los intereses de ésta), el periodista estadounidense Charles Bowden, al lado de su compañera sentimental Molly Molloy, y la académica Erin Frey. Tal revisionismo sobre Ciudad Juárez mantiene tres ideas al menos: jamás existió el feminicidio; se han magnificado algunos casos de asesinatos de mujeres; los asesinatos de hombres son mayores que los de mujeres.
Ni la impunidad de los crímenes, ni las inconsistencias de las autoridades, ni los estudios de expertos internacionales que analizaron el fenómeno del feminicidio a lo largo de los años, ni la condena de Corte Penal del continente americano contra México por tres víctimas de 2001 han sido suficientes para contener la irracionalidad del revisionismo, el cual comparte aquellas tres ideas con otra postura de la oligarquía de aquella frontera sobre el problema. Hacia 2004, dicha oligarquía decidió implementar un plan para contrarrestar la “mala imagen” internacional provocada por la «exageración» ante los asesinatos contra mujeres.
La exhumación de los huesos de Jessica Leticia Peña, Andrea Guerrero y Lizbeth Aguilar significa el entierro del revisionismo sobre el feminicidio en Ciudad Juárez. Por desgracia, la impunidad continúa.
Ahora, acaba de reportarse que las autoridades han encontrado 14 osamentas (cf., Carlos Huerta, «Homicidios seriales ponen en jaque a las autoridades»), y han mantenido en confidencialidad el asunto por temor al «escándalo» público. Otra vez, lo mismo.
