Las dos tradicionales almas del Partido Socialista, la liberal y la socialdemócrata, si hablamos estrictamente de su modo de entender el papel del Estado en la economía, están aflorando de nuevo, aunque todavía puede ser pronto para hablar de una disputa. Por un lado, nos encontramos a Jordi Sevilla, que de manera reiterada en el último mes, en este artículo en El Periódico y en esta intervención en un acto esta semana, ha insistido en la irrelevancia del peso del Estado en la economía y en que en un mayor gasto público no está la clave para atajar las intolerables tasas de pobreza que soportamos en España. La clave para Sevilla está en gastar mejor. Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también esta misma semana, ha defendido la subida de impuestos para mejorar el Estado del Bienestar con esta pregunta retórica: “¿Queremos tener un sistema fiscal de tercera para tener un Estado de Bienestar de primera?, no es posible”. Sánchez, con ello, se inclina por que el Estado disponga de más ingresos para destinarlos a la mejora de los servicios y de las prestaciones públicas.
La discusión, por el momento, no es directa, dado que «enfrenta» a una persona del PSOE que no forma parte del Gobierno y que se expresa a través de medios de comunicación, y al presidente. La cuestión está en si esta disparidad de criterios llegará al Consejo de Ministros, si las ideas que Sánchez ha esbozado a favor de un aumento de los impuestos -o de los recursos con que cuenta el Estado para hacer políticas sociales- pueden llegar a entrar en contradicción con las opiniones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, (algo que parece que, al contrario de lo que marca la tradición, no va a suceder) y, sobre todo, con el criterio de la ministra de Economía, Nadia Calviño.
En los 21 años en que el PSOE ha estado en el Gobierno (1982-1996 y 2004-2011) la tradición liberal se impuso a la socialdemócrata. No hay más que repasar los nombres que han ocupado las carteras de Economía y Hacienda en los sucesivos gobiernos socialistas: Miguel Boyer, Carlos Solchaga, Pedro Solbes y Elena Salgado.
Esta vez puede ser diferente porque debe ser distinto. Los datos desmienten la posición de Jordi Sevilla: es imprescindible gastar mejor, sí, pero también es necesario que el Estado destine más recursos a las políticas públicas. En cualquier caso, pronto tendremos la respuesta: en cuanto veamos los primeros esbozos de los presupuestos del año 2019.
Esta tabla, elaborada por el Instituto de Estudios Económicos, habla por sí sola: España es el Estado de la Europa occidental que menos gasta en términos de PIB y le separan nada menos que quince puntos de Francia y más de diez de Finlandia, Bélgica y Dinamarca.
El gráfico bajo estas líneas, elaborado con datos de Eurostat, muestra la inversión en protección social por habitante: las cifras de esta selección de países van desde los 14.710,01 euros de Dinamarca y los poco más de 1.000 euros de Bulgaria. España está más cerca del último que del primero. España invierte menos en protección social que los países que consideramos austeros como Reino Unido e Irlanda, o incluso que la “ortodoxa” Alemania.
España, de acuerdo con el gráfico anterior, se encuentra entre los países que menos inversión social realiza. Y, según el gráfico bajo estas líneas, está entre los de mayores niveles de pobreza después de transferencias sociales de la selección de países realizada.
Además, según el gráfico de abajo, forma parte del grupo de países que en menor medida logra reducir la pobreza que genera el mercado con transferencias sociales: si antes de transferencias sociales, la tasa de pobreza en España es del 29,5%, después de éstas sigue aún en el 22,3%, de acuerdo con datos de 2016. El Estado del Bienestar español sólo reduce en 7,2 puntos porcentuales la pobreza que genera el mercado. Sólo cinco países de entre los escogidos la reducen menos: República Checa (6,6 puntos); Portugal (6 puntos); Italia (5,6 puntos); Bulgaria (5 puntos); y Grecia (4 puntos).
Los países en los que más eficaz es el Estado del Bienestar en la reducción de la pobreza son Irlanda (18,1 puntos, pese a que es el país con menor gasto social sobre el PIB, aunque en transferencias sociales se encuentra más o menos en la media comunitaria); Finlandia (15,4 puntos); Suecia (13,7 puntos); y Dinamarca (13,7 puntos). Estos tres países se encuentran, precisamente, entre los que mayor inversión en protección social realizan y también entre los que el gasto público tiene más peso sobre el PIB.
Aunque no es perfecta, aunque hay llamativas excepciones, la más destacada de las cuales es la de Irlanda, sí existe una cierta correlación entre mayor gasto público y menores cifras de pobreza. Si el nuevo Gobierno quiere mejorar la eficacia del Estado en la lucha contra la pobreza que genera el mercado, ha de hacer más eficiente la inversión pública, como destaca Jordi Sevilla, pero también, contra lo que él opina, debe incrementarla de manera sustancial. Y para que ello sea posible, es imprescindible que aumenten los recursos con que cuenta el Estado, es decir, los impuestos. Pese a la insistente propaganda de ciertos foros, como el que cada año por estas fechas emerge, de que en España se pagan muchos impuestos, lo cierto es que los ingresos sobre el PIB del Estado español se encuentran entre los más bajos de Europa, incluso por debajo de los que logra Grecia:
Una vez adquirida la conciencia sobre el problema de la falta de recursos del Estado, el siguiente debate que se debe abrir está en cómo repartir de manera socialmente justa la financiación déficit. Si los rendimientos del capital deben aportar más; si hay que incluir más tramos de IRPF entre las rentas más altas; si sobre ciertos bienes ha de pesar más el IVA; si hay que subir Sociedades (o reducir sus exenciones o desgravaciones fiscales…); si hay que recuperar Patrimonio; si es una injusticia bonificar al casi cien por cien Sucesiones… Margen de actuación hay. Y mucho.
Sígueme en twitter: @acvallejo
