Vuelve la polémica sobre los derechos intelectuales en Internet.
El cierre del sitio de descargas Megaupload por el FBI estadounidense ejemplifica el tipo de acciones que las autoridades de diversos países emprenderán de forma sistemática en el futuro en defensa de los derechos intelectuales.
Estados Unidos es una de las principales exportadoras de propiedad intelectual. Como ha recordado Antulio Sánchez, “a inicios del siglo XXI en exportación de bienes culturales (CD, películas, programas de televisión, software, libros y revistas), esa nación generó 88 mil 970 millones de dólares y el valor agregado fue de 535 mil millones de dólares” (“SOPA y protestas”, milenio.com, 20 de enero de 2012). El trasfondo económico dicta las acciones al respecto.
Debe comprenderse que la eventual oposición de gigantes como Google y otros semejantes a la Ley SOPA estadounidense es una maniobra estratégica dentro del meta-juego de la economía global cuyo trasfondo, al final, poco tiene que ver con la defensa de los usuarios y sus derechos en Internet. Si la Ley SOPA de la cámara baja fue detenida y la Ley PIPA de la cámara alta se mantiene en estudio se debe menos a las acciones de los internautas (incluidas las de los hackers de Anonymus), que a los acomodos y presiones de los grandes grupos de telecomunicaciones e industrias culturales.
Megaupload y otros sitios similares han funcionado y generado amplias ganancias a sus propietarios a costa de evitar en muchos casos el pago de los derechos intelectuales. Se han amparado en los vacíos y disposiciones legales que les otorgan una responsabilidad “indirecta” en las descargas ilegales.
Ahora, los usuarios de tales servicios, a veces ilícitos, defienden a quienes como Megaupload se los ofreció, y lamentan que sus datos privados puedan quedar en manos de las autoridades que los incautaron: aquí sí vale la propiedad privada, siempre que sea la suya, no la de los demás. Persisten en oponerse a las legislaciones que defiendan derechos intelectuales. Reiteran un alegato circular: las transformaciones tecnológicas demandan adaptar (léase cancelar) los derechos intelectuales. Hay que legalizar, dicen, el régimen gratuito de copia sin límites. Se trata de algunos de los contenidos ideológicos a los que se acostumbró, hasta hacerlos dogma, la primera generación de usuarios de Internet, sin reparar en que la liberalidad inaugural era parte del meta-juego de la economía global para crear la necesidad del nuevo consumo.
Luego, como ahora, vendrían los controles. Bienvenidos al futuro.
