La periodista mexicana María Elizabeth Macías Castro fue asesinada la semana pasada por emplear las redes sociales y su medio periodístico para criticar a los criminales y narcotraficantes. Su último mensaje conminaba a denunciarlos. Al día siguiente, fue secuestrada.
De 39 años de edad, Macías Castro se hacía llamar “NenaDLaredo” en su cuenta de Twitter y era Jefa de Redacción en el diario Primera Hora. Su cuerpo fue hallado semidesnudo en el Monumento a Cristóbal Colón en Nuevo Laredo, frontera mexicana con el estado de Texas. Fue decapitada. Junto había un mensaje: “Aquí estoy por mis reportes y los suyos”.
Días atrás, en la Ciudad de México, fueron secuestradas y asesinadas dos periodistas: Marcela Yarce y Rocío González Trápaga. Trabajaban para la revista Contralínea: la primera fue colgada del cuello y le asestaron un tiro de bala en el clítoris. Se desangró hasta morir. A la segunda le dispararon balas hasta desprenderle los pezones. Murió de un tiro en el pecho. A pesar de la gravedad del caso, las autoridades del Distrito Federal se negaron a reconocer que las víctimas fueron torturadas y sufrieron agresiones feminicidas.
En apoyo al “Jefe de Gobierno” del DF Marcelo Ebrard, precandidato izquierdista-populista a la presidencia de la República en 2012, las autoridades locales han silenciado el caso de las periodistas asesinadas. En solidaridad con quien consideran un político progresista, sus seguidores académicos e intelectuales guardaron también silencio y le defienden de cualquier cuestionamiento público. Asimismo, una parte de su clientela lésbico-gay ha hecho lo mismo, e incluso celebrado que en la Ciudad de México “no haya” la violencia que existe en otras partes de país. Envueltos en la mentira, encubren a su vez otro hecho: la hipocresía del propio Ebrard respecto de esta condición, un tema denunciada por un sector crítico entre las lesbianas y homosexuales mexicanos.
La quiebra del Estado de Derecho en México persiste y se ahonda en todas partes. Mientras tanto el gobierno, las clases dirigentes y e incluso muchos analistas políticos se niegan a reconocerlo: les resulta más redituable hablar de un “Estado acorralado”, un eufemismo esquizoide que juega a favor de la tendencia oficialista de inculpar a otros del problema del desastre del país con el fin de encubrir la responsabilidad gubernamental, su mala gestión de una circunstancia que ya ha ocasionado cerca de 50 mil muertos desde que el régimen desató la “guerra al narcotráfico”.
Expertos internacionales como Mark Kleiman han criticado la política del gobierno mexicano como una muestra de que el endurecimiento del Estado sólo ha conducido a un incesante baño de sangre. Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón se niega a retroceder. Acaba de proponer un nuevo Código de Procedimientos Penales que vulnera principios de la Constitución para favorecer la función coactiva y represiva de las autoridades en nombre de lo excepcional de la situación en cuanto a la inseguridad en la República mexicana.
Mientras los sucesos agravan la quiebra del Estado de derecho en México, el presidente Calderón funge de guía de turistas hacia el mundo en una costosa campaña publicitaria que busca atraer visitantes al país, o viaja por el mundo para quejarse de la demanda de drogas en EE UU, o de su industria de las armas, y se escuda en los errores ajenos para esconder los suyos.
Con dicha postura logra la complicidad de la prensa extranjera, en especial, de la de España en gran parte. La auto-victimación oficialista vende bien en el mundo. Al mismo tiempo, el gobierno gasta en propaganda e imagen, dentro y fuera del país, grandes cantidades de dinero (desde el inicio del sexenio, de acuerdo con estudios de organismos civiles e internacionales, el gasto en tal rubro rebasa los un mil setecientos millones de dólares).
A su vez, el salario presidencial es el más alto del continente. El presidente Obama tiene un salario equivalente a 9.8 veces más que el salario promedio en EE UU. El presidente Sarkozy disfruta de un salario 8 veces mayor que el salario promedio en Francia. El de Caderón es 32.7 veces superior a del salario promedio en México, en un país desigual y con enormes carencias.
A la fecha, hay 81 periodistas asesinados en México desde el año 2000. Estos crímenes permanecen impunes. Sí: como dice la campaña turística de Calderón: “México se siente”.
