De pronto, el triunfalismo reformista en México ha encubierto diversos intentos y, algunos casos logros, que vulneran principios constitucionales como la libertad de expresión, de tránsito o de manifestación, así como otros derechos fundamentales.
Debido a una estrategia del gobierno federal, y a sugerencia de éste, algunos estados de la República han fomentado leyes inconstitucionales, por ejemplo, la llamada “Ley Bala” en el estado de Puebla (Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública); o la “Ley Mordaza” en Sinaloa (Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado en materia del nuevo Sistema de Justicia Penal), que prohíbe a los periodistas acceder a escenas de crimen y manda que éstos se limiten a los boletines oficiales.
Una medida semejante a la de Sinaloa se apresta en el estado de Nuevo León, y su fundamento se presume el mismo: en nombre de la presunción de inocencia, se atacan otras normas superiores.
Asimismo, está la “Ley Garrote” en el estado de Chiapas, Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado en contra de movimientos, disturbios y protestas sociales, así como el uso de armas no letales en manifestaciones de riesgo por parte de los cuerpos policiales del estado.
Ha trascendido que lo que se propone el gobierno federal al auspiciar tales medidas es consumar un endurecimiento del Estado que se realice de afuera hacia el centro, por lo que el Distrito Federal estaría ya obligado a unirse a la tendencia represora.
Como parte de tal estrategia, el gobierno federal pugnó por imponer una reforma en el ámbito de las Telecomunicaciones que atenta contra la privacidad, la presunción de inocencia y las libertades individuales. Días atrás, 219 organizaciones civiles firmaron un manifiesto en el que critican que la fiscalía (o ministerio público) utilice el recurso de geo-localización sin mandato judicial de por medio y sin que medie una explicación fundada en nombre del combate al crimen organizado o la seguridad nacional, así como la retención de datos personales por parte de los proveedores de servicios comunicativos, pues se vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía.
Dicha Ley de Telecomunicaciones fue propuesta por el Poder Ejecutivo Federal y avalada por los partidos mayoritarios Revolucionario Institucional y Acción Nacional, cuyo ideario y prácticas conservadoras tienden a identificarse desde años atrás.
El complemento de la estrategia descrita consiste en coaccionar a los medios de comunicación para que sólo difundan una perspectiva favorable al gobierno federal, bajo amenazas y chantajes múltiples.
En mayo pasado, el gobierno federal emitió un acuerdo para el manejo informativo en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) o medios digitales, que establece tres reglas que clasifican sus informaciones en nombre de la “seguridad nacional”: 1) AAA, cuando se trate de información requerida para el proceso de decisiones políticas fundamentales que impliquen decisiones sobre riesgos o amenazas a la seguridad nacional; 2) AA, para aquellos datos cuya revelación no autorizada pueda actualizar o potenciar un riesgo o amenaza a la seguridad nacional; y 3) A, implica informes que deriven del cumplimiento de disposiciones jurídicas en materia de ejercicio del gasto, transparencia y rendición de cuentas. Como se observa, y en sentido opuesto a la tendencia global de transparentar la gestión pública, se adopta el modelo anglo-sajón de executive agreement de cariz cerrado y alcance nacional e internacional a salvo de todo escrutinio ciudadano.
En Europa, y en particular en España, se tiene por bueno, liberal, democrático y próspero al gobierno mexicano gracias a la propaganda que éste ha desarrollado, y en la que invierte millones y millones de euros cada año. Sería preciso que la opinión pública en el extranjero estuviera más enterada de lo que en verdad acontece en México al margen de la versión oficial y su ropaje reformista.
