Esta propuesta indaga en la vinculación entre derechos y justicia distributiva internacional, así como en la particular responsabilidad de unas poblaciones hacia otras en nuestro mundo tan desigual. En concreto, sugiere una manera eficaz de contribuir a que poblaciones con las que tenemos especiales vínculos, disfruten de un mayor desarrollo, entendido a la manera de Amartya Sen (Desarrollo y libertad).[1]

 

El pasado 7 de febrero, el Consejo de Ministros propuso una reforma del Código Civil y un procedimiento para facilitar la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza a todos los sefardíes, sin necesidad de residir en España ni de perder su actual nacionalidad. Para que entre en vigor, dicha reforma deberá ser aprobada por el Parlamento, y se estima que podría afectar a 3,5 millones de personas.

 

Late en la norma un intento de reparación de lo que se considera una injusticia histórica (la conversión forzosa o expulsión de los judíos en 1492), y se fundamenta en los especiales vínculos de la comunidad sefardí con España, a través de los rasgos lingüísticos y culturales distintivos que han mantenido a lo largo del tiempo. No han faltado ya voces que solicitan la ampliación de dicho derecho a los descendientes de los moriscos expulsados un siglo más tarde de la Monarquía Hispánica, y que, como antes los judíos, fueron acogidos en su mayoría por el Sultanato de Marruecos. Y se podría pensar en otros grupos cuya vinculación histórica con la actual España justificaría una petición similar.

 

En este sentido, lo que nosotros proponemos aquí es que se considere la pertinencia de ampliar el mismo derecho de los sefardíes a unas poblaciones cuya vinculación con España es mucho más reciente, y cuyo número no llega al millón de personas. Nos referimos a los habitantes del antiguo Sáhara Español y sus descendientes (hoy repartidos entre el Sáhara Occidental controlado por Marruecos y los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia, administrados por el POLISARIO), y los de la Guinea Española (hoy Guinea Ecuatorial, gobernado por el clan Nguema).

 

Se da la circunstancia que los habitantes de estos territorios ya fueron considerados españoles en 1959, en el proceso de “provincialización” de las colonias africanas que España había ocupado y explotado desde el siglo anterior. Dicha condición duró hasta 1968 en el caso de Guinea y 1975 en el del Sáhara, cuando la primera obtuvo su independencia y el segundo fue ocupado ilegalmente por Marruecos y Mauritania, y abandonado al mismo tiempo por la antigua metrópoli. Los últimos españoles pasaron entonces a “disfrutar” de la nacionalidad ecuatoguineana, marroquí o saharaui (en este caso bajo la tutela argelina).

 

Facilitar la nacionalidad española a los que fueron súbditos coloniales y luego nacionales españoles no sólo estaría justificado en términos de vínculos culturales y justicia histórica, sino que comportaría grandes beneficios a aquellas sociedades, sumidas en situaciones de pobreza y desigualdad, y gobernados por regímenes propensos a violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

 

Que saharauis y ecuatoguineanos han mantenido, de distinta manera, sus vínculos culturales, lingüísticos y personales con los españoles se hace evidente para cualquiera que visite o conozca a personas originarias de aquellos lugares. Las relaciones de solidaridad entre individuos y organizaciones españolas y grupos locales son más intensas que en ningún otro país africano. Y España sigue siendo destino privilegiado de emigración al norte del Mediterráneo para unas poblaciones que se sienten profundamente vinculadas con la metrópoli que les tocó en suerte, en el injusto reparto europeo del continente africano.

 

Que España tiene una deuda histórica para con ellas es también fácil de argumentar: durante décadas estuvieron sometidos a un reprobable sistema colonial. A la hora de retirarse, España no fue capaz de cumplir, en el caso del Sáhara, con las obligaciones establecidas por Naciones Unidas para las potencias administradoras. Se podría incluso argumentar, como hace notar Ana Camacho (enarenasmovedizas.com), que en la medida en que el Sáhara Occidental se considera un territorio aún por descolonizar, y España sigue siendo la potencia administradora, los saharauis tendrían ya derecho a solicitar el reconocimiento de su condición de españoles. Por su parte, el apoyo sistemático al clan gobernante en Guinea por parte de las autoridades de nuestro país, ha contribuido al mantenimiento de un régimen represivo y empobrecedor. 

 

Con todo, la razón más poderosa para facilitar la nacionalidad española a estas poblaciones es el potencial transformador que tendría para aquellos países. Si sus gobernantes tuvieran por ciudadanos a nacionales de otro estado, con facilidades para huir de la tiranía, serían mucho más cautelosos a la hora de negarles los derechos políticos y sociales más básicos. Los refugiados en Argelia tendrían otro lugar donde reconstruir sus vidas, suspendidas en el desierto más inhóspito desde hace 40 años. Y guineanos y saharauis se verían empoderados por su nueva situación para exigir que los abundantes recursos de sus territorios (petróleo en Guinea, fosfatos y pesca en el Sáhara) contribuyan a un verdadero desarrollo humano y no al exclusivo enriquecimiento de quienes hoy ocupan el poder.

 

Contribuir a la ampliación de los derechos que disfrutan las personas es, probablemente, el modo más eficaz de apoyar las luchas sociales a favor de un mayor desarrollo y un mundo más justo. Si no podemos aspirar a que el estado español asegure los derechos humanos de todas las poblaciones empobrecidas del mundo, sí debería asumir sus responsabilidades concretas. No dejemos pasar otros 500 años para que nuestros descendientes (quienesquiera que sean) intenten reparar daños que hoy podríamos más fácilmente atenuar.

 

 

 

 

Alicia Campos Serrano es profesora del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus investigaciones en el marco de los Estudios Africanos han abordado diversos temas, como el proceso de descolonización, el derecho colonial y la actual economía política del petróleo en Guinea Ecuatorial. Es miembro del Grupo de Estudios Africanos y el Grupo de Estudios Coloniales: Sáhara Occidental

 

 

 

 

Notas