He estado leyendo algunos atestados de suicidio durante la última semana. No muchos. Ni siquiera una docena. De vez en cuando, me levantaba del escritorio, espantado, y abría la ventana de la cocina para que entrara un poco de aire. Entraba el frío. Y volvía al párrafo abandonado. Su compañera de piso, después de llamarle insistentemente, había entreabierto la puerta de la habitación y lo había encontrado de pie junto a la ventana, inmóvil. Todavía allí, ya de espaldas, había empezado a gritar, llamándole. Luego, había corrido hasta la calle. La narración de cualquier caso se extendía a lo largo de cuatro o cinco folios con un argumento pertinaz. La llamada telefónica. La policía y la ambulancia se presentan. El hallazgo del cadáver. La inspección del lugar y el reportaje fotográfico a cargo de la policía científica. Aparecían unos zapatos en la azotea. Se requisaba las cuerda. Se encontraba el casquillo. Se reunían las cartas. Acto seguido, el juez ordenaba el levantamiento del cadáver, que era trasladado al instituto de medicina legal para su autopsia. Sólo después de algunas llamadas, o en diligencias posteriores, asomaba la tribulación familiar, a veces tras un angustiado viaje desde el extranjero: «manifestando la dicente que su hermana estaba en tratamiento psiquiátrico», «manifestando que en ocasiones anteriores él mismo ha realizado dos denuncias dando cuenta del intento de suicidio». Otras veces, era al portero a quien se leía, oblicuamente: «que desconocía la idea de que el finado tuviera intención de quitarse la vida”. Por último, el secretario judicial tecleaba el conste y certifico. Pero, ¿cómo acaba un muerto engrosando las estadísticas de suicidio?
Hace cosa de un mes hablé por teléfono con Javier Jiménez, presidente de la Asociación para la Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio. Era de noche, conducía de vuelta a su casa y hablamos a través del manos libres. Los forenses deben remitir al juzgado de instrucción un informe donde se consigna la naturaleza de la muerte (violenta o natural) y su causa (suicidio, homicidio o accidente), que éste, a su vez, remite al Registro Civil del municipio donde se halló el cadáver y donde un funcionario rellena el boletín que se enviará a la delegación provincial del Instituto Nacional de Estadística. Dijo Jiménez: «Sin embargo, existen muchos casos de difícil catalogación. Estoy hablando sobre todo de ahogamientos, precipitaciones, supuestos accidentes de tráfico y sobredosis de medicamentos, donde no existe nota de suicidio ni testigos. Si no se realiza posteriormente una autopsia psicológica [análisis de notas personales y entrevistas con familiares], para el forense es imposible determinar si se debió a un accidente o un suicidio. Puede decir que la muerte se debió a una parálisis circulatoria, a un traumatismo cranoencefálico, pero no puede decir nada sobre la intencionalidad. Y ante la duda, la mayoría optan por decir que se trató de un accidente». Como psicólogo clínico, Jiménez había acudido a numerosos levantamientos de cadáver en el puente sobre el río Cofio, en San Lorenzo del Escorial, y conservaba algunos candentes. Un día la madre de un suicida se le había acercado pidiéndole alguna coartada para aquello. No quería que sus otros hijos lo supieran. Le suplicaba. Y Javier le dijo que su hijo podría haber estado haciendo el tonto sobre el puente. O el caso, contó después, de una suicida que había fingido su caída, colocando una banqueta, limpiacristales y un trapo en la ventana, y precipitándose después. La conversación con Jiménez acabó y guardé los apuntes.
Ahora, sin embargo, ha surgido otro problema. Se llama Número de suicidios en España: diferencias entre los datos del INE y los aportados por los IML y apareció en la Revista de Psiquiatría y Salud Mental en marzo de 2014. Sus autores, el psiquiatra Lucas Giner y el forense Julio A. Guija, de Sevilla, compararon las estadísticas provinciales de suicidios del Instituto Nacional de Estadística con los de los respectivos Institutos de Medicinal Legal. Su conclusión fue la siguiente: una discrepancia de 443 casos al año, como mínimo, sin que ninguna de las dos fuentes pudiese considerarse más fiable. Como metodología, los autores enviaron e-mails a todos los directores de IML solicitándoles los datos entre 2006 y 2010. Este párrafo, ruinoso: «De los 33 IML o centros encargados de la realización de autopsias, 18 proporcionaron los datos solicitados por completo, 4 de forma incompleta, 7 no pudieron facilitar los datos de ningún año y 4 no respondieron. Entre los que no pudieron facilitar los datos de todo o parte del período solicitado, la principal razón aducida fue la no disponibilidad de un registro de las causas de muerte por años o la ausencia de herramientas informáticas que facilitasen la tarea». Me pregunto qué plan de prevención nacional puede organizarse a partir de semejante párrafo. Ninguno. O sí: comprar ordenadores, contar suicidas, supervisar los registros. Y en medio, aplicar la propuesta de los autores: que se reduzca la cadena y sean los forenses los que rellenen el boletín del INE para evitar la pérdida de información.
Pero el artículo de Giner y Guija tiene el mérito añadido de señalar un vacío. Ni siquiera sabemos cuántos. Hay suicidas atrapados en el limbo. La cifra de muerte autoinfligida siempre será, por diversos motivos, una cifra mínima y provisional. En boca de un tal Farmer se citan tres: la dificultad de los forenses para emitir un diagnóstico rotundo en un tiempo razonable (las cifras anuales del INE no se cierran hasta cinco años después). La imposibilidad de desentrañar las intenciones de un muerto. Alguien que se atiborró a pastillas pensando que le curarían, pongamos. Y last but not least, el tabú cultural o religioso y los seguros de vida, cuyos cobros invalida la muerte por mano propia.
Cogí el teléfono y volví a llamar a Jiménez preguntándole por el limbo. Al día siguiente me envío una diapositiva del año 2012. Un año con 3529 suicidios, supuestamente. Subrayadas en amarillo había algunas causas de muerte del INE con su cifra: 2257 ahogados accidentales, 2407 precipitados accidentales, 626 envenenamientos accidentales por psicofármacos y drogas de abuso, 173 accidentes por fuego, humo y sustancias calientes, 1915 accidentes de tráfico, 298 trastornos mentales debido al uso de alcohol, etc.
—Yo no creo que entre todos estos, más de 8.000, no haya ningún suicidio –dijo Jiménez al teléfono–. ¿Cuántos? Esa es la cuestión. Pero entiendo que los forenses opten, ante la duda, por el accidente.
Yo también lo entiendo. Hay que estar muy seguro para contradecir el azar. El suicidio que revienta, mutila y asfixia, se parece demasiado a un accidente. Lo que no comparto es la afectación. La creencia de que el suicidio deba tratarse de un modo distinto al de otras muertes, dados el estigma y el misterio. Esos vocablos gustan mucho a los insondables. Les aseguran un acceso exclusivo. ¡Cómo si todo el mundo no se preguntara por qué después de cualquier muerte! Hay cierta tendencia a abordar el suicidio por sus efectos y no tanto por sus causas. Soy partidario de inclinar la balanza. Hace poco investigué la vida de un suicida familiar que se metió debajo de un tren en 1977. El médico que lo examinó estableció como causa de la muerte un «shock traumático». En el libro de defunciones de la parroquia escribieron «accidente ferroviario». Le pregunté a otro párroco por la casilla de la causa. Respondió: «En los libros no se pone lo que desprestigia a la familia».
La creencia, asfixiante, de que el suicida acusa y que una mentira alivia más.
