Sólo hay unos hablantes a los que no podemos «empoderar» (¡por Nussbaum!) enseñándoles a hablar inglés para que se comuniquen en inglés con otros hablantes extranjeros a quienes también se les enseñará inglés. Sólo esos hablantes, por tanto, podrían merecer que el resto de hablantes tengamos una carga lingüística más allá del derecho -emancipador más que carga- de aprender inglés además de nuestra lengua política y, en según qué casos, de nuestra lengua materna (derecho éste que no tiene, por ejemplo, el hijo de un rumano en España). Me refiero a los sordomudos. Sólo ellos ven arbitrariamente recortado su justo derecho a comunicarse y a moverse por el mundo por falta de interlocutores; y, por tanto, quizás podrían ellos rebelarse para exigirnos aprender su lengua y así garantizarles una comunicación que, de otro modo, les quedaría vedada. Nuestra obligación lingüística, en este caso, sería tributaria del derecho de los hablantes de la lengua de signos. No del derecho de la lengua de signos -que como el resto de lenguas, ni tiene derechos ni puede imponernos obligaciones- a ser hablada o a no extinguirse -como pregonan los nacionalistas- sino del humano derecho de sus forzosos hablantes a trascender su reducida comunidad de hablantes.
