Supone ya un lugar común afirmar que vivimos en un mundo globalizado, sin fronteras, donde el transporte y las comunicaciones han hecho que vivamos más cerca los unos de los otros. Sin embargo, no por fuerza de repetirlo parece que lo lleguemos a asumir de verdad. Porque si esas afirmaciones son ciertas también lo es que a la hora de repartir las riquezas o protegerse de los peligros, el mundo vuelve a hacerse más minúsculo y hermético. Y, de nuevo, lo miramos de modo que la luz que emitimos sobre nosotros mismos oscurece todo alrededor. Para que eso pueda cambiar y desde las sociedades más enriquecidas entendamos lo que ocurre más allá de nosotros, deberíamos tener en cuenta las palabras del escritor keniata Ngũgĩ wa Thiong’o quien, en el conjunto de ensayos titulado Desplazar el centro, propone cambiar la mirada que proyectamos hacia fuera: “conocerse a uno mismo y conocer nuestro entorno es la forma correcta de afrontar el conocimiento del mundo; […] no puede haber un único centro desde el que mirar el mundo, […] los diferentes pueblos del planeta tienen su propio centro y su propio entorno como centro”. Es decir, que desde Europa, Estados Unidos o demás países ricos debemos comprender de una vez que el punto desde el que gira la esfera que habitamos no es solamente el nuestro.
No obstante, la pandemia de coronavirus ha vuelto a poner de manifiesto que seguimos anclados en una visión compartimentada de nuestro tiempo, en el que lo que importa es el bienestar de unos pocos sin tener en cuenta a costa de quién o de qué (las migraciones o el cambio climático podrían ser una muestra del precio a pagar). No se me escapa que también estas afirmaciones puedan ser igualmente tachadas de lugares comunes, pronunciadas desde una posición de privilegio y, quizá, tantas veces repetidas que hayan perdido su fuerza. De manera que, para que recuperen ese impacto, necesitamos, no solamente hacer una crítica del sistema del que participamos, sino que debemos hacer también propuestas de mejora. Y no tener miedo de que se nos tache de ignorantes, inocentes, buenistas o fantasiosos: porque no hay una utopía mayor que pensar que hemos llegado al “fin de la historia”.
Filósofos como Kwame Anthony Appiah se oponen radicalmente a esa máxima, como demuestra en su magnífico libro Las mentiras que nos unen. Appiah lleva años defendiendo el cosmopolitismo y la necesidad de repensar la identidad en términos de creencias, nacionalidad, color, clase o cultura. Y eso es lo que hace en este ensayo en el que, por encima de una simple deconstrucción de todos esos términos, Appiah hace una crítica profunda a los esencialismos y aboga por la creación de nuevos valores sólidos, cuya perspectiva de miras sea lo más amplia posible en este mundo donde, según él, la ideología y la tecnología tienen importantes efectos globales: “…al medir el alcance de nuestros intereses y nuestra compasión, el conjunto entero de la humanidad no es un horizonte exageradamente amplio”. Quizá sea el momento de recordar frases como estas, cuando en nuestro país hemos llegado a casi un 80% de cobertura vacunal, se empienza a administrar una tercera dosis a determinados colectivos y la población infantil se inmuniza. Al mismo tiempo, cincuenta y un países ni siquiera han podido alcanzar el 10% de cobertura vacunal, una cifra mínima para cubrir a sanitarios y personas de riesgo (la mayor parte de ellos son pobres y se encuentran en África).
Para hacernos una idea de qué ha pasado y qué puede ocurrir en lo concerniente a la vacunación desde un punto de vista mundial (tanto de la COVID-19 como de otras enfermedades), contaremos con la perspectiva de la doctora Maite de Aranzábal. Ella es pediatra de atención primaria y actualmente trabaja en el Servicio de Urgencias de IMQ en Bilbao. Además, cuenta con una vasta experiencia en cooperación internacional puesto que desde el año 1994 ha trabajado en India, África y Latinoamérica, ejerciendo su labor para diferentes organizaciones como Médicos del Mundo, Fundación Vicente Ferrer o Fundación Alaine. Además es Patrona de Honor de Save the Children, coordinadora del comité solidario de varias empresas privadas y forma parte, entre otros, del Grupo de Cooperación de la Asociación Española de Pediatría y de la AEPap. Tal y como ella misma afirma, “la necesidad de una vacuna fue la gran preocupación mundial desde el inicio de la pandemia, pero también que esa vacunación tendría que llegar a un porcentaje alto de todas las personas de la tierra. Sin embargo, esta pandemia ha puesto en funcionamiento la mejor y la peor cara del aparato político-económico del mundo como pocas veces antes. Los países ricos han conseguido fabricar vacunas a una velocidad inusitada con grandes inyecciones de dinero público y privado. Y la que ha sido una buena noticia se ha visto empañada, nuevamente, por la aparición de una tremenda desigualdad norte-sur». En esa misma línea, Ramón Aymerich afirmaba hace sólo unos días en La Vanguardia que «los países entraron en la pandemia de manera atropellada y vergonzosa. Se dieron codazos para obtener respiradores, mascarillas y, más tarde, vacunas. Ahora una parte del mundo deja atrás el coronavirus y lo hace de manera desordenada».
Así, desde un primer momento, “a pesar de existir dosis suficientes para vacunar a casi toda la población mundial, Europa, Canadá o Estados Unidos han acaparado vacunas masivamente, sus gobiernos han protegido las patentes y la distribución de vacunas ha sido egocéntrica y nacionalista”. Y esto ha terminado por provocar una situación de inequidad en las coberturas vacunales: “la mayor parte del mundo no tendrá vacunas seguras y aprobadas hasta 2022 y en algunos casos ni siquiera en 2024, cuando el objetivo de la OMS (Organización Mundial de la Salud) era tener un 10% de vacunados a nivel mundial para final de septiembre 2021”. La situación, además, tiene repercusiones que trascienden la de este mismo coronavirus puesto que, como nos recalca la doctora de Aranzábal, “la tasa de vacunación mundial para enfermedades básicas (difteria, tétanos, tosferina, sarampión, etc.), que se mantenía en torno al 86%, ha disminuido varios puntos por razones relacionadas con la pandemia: reasignación de recursos y personal a la Covid-19, cierre de centros sanitarios, miedo a acudir a ellos por temor al contagio, falta de fondos, desinformación sobre las vacunas, inestabilidad social, confinamiento o escasez de transporte».
Para hacer frente a toda esa compleja problemática es cierto que ha habido un intento de acuerdo mundial para encontrar una solución consensuada: “La OMS creó el mecanismo COVAX para garantizar el acceso universal a las vacunas y evitar el acaparamiento. COVAX congrega a todos los países, con independencia de su nivel de ingresos, para asegurar que la adquisición y la distribución de las vacunas contra la Covid-19 se lleven a cabo de forma equitativa. Y lo hace en colaboración con otros organismos como el Acelerador ACT (Acelerador del acceso a las herramientas contra la Covid-19), la CEPI (Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias) y GAVI, la Alianza para las Vacunas. Idealmente, todos los gobiernos se comprometerían a consumir sólo su parte justa y permitir la exportación de vacunas producidas en sus jurisdicciones. Pero esto no se está cumpliendo por el envío de volúmenes bajos, la ausencia de un calendario de actuación, la escasez de fondos y la falta de transparencia”. De Aranzábal, tras reflexionar sobre ello, cree que “la iniciativa COVAX tal vez no fuera políticamente creíble del todo. Además de la simple exportación de vacunas, quizá resultarían más eficientes otras medidas como suprimir determinadas patentes, eliminar trabas burocráticas, y obligar a compartir conocimientos y tecnología para diversificar la fabricación de vacunas en diferentes regiones”.
Maite de Aranzábal ha hecho el intento de analizar estas propuestas y las consecuencias de la escasez de producción a nivel mundial, empezando por la protección injustificada de la propiedad intelectual: “El principal factor que limita el suministro de vacunas aprobadas es la persistencia de los derechos de las patentes que dan a las empresas farmacéuticas el monopolio de la producción. Esto limita el suministro a sus propias capacidades y a las pocas licencias que deciden conceder a otros. Y permite vender a precios desorbitados, marcados por los proveedores privados, puesto que los sistemas sanitarios generalmente están dispuestos a pagar precios mucho más elevados que los que establecería un sistema con competidores». Por otro lado, «se suele pensar que las patentes ayudan a las empresas a seguir investigando y premian su esfuerzo anterior, pero en este caso hay que recordar que las farmacéuticas han recibido importantísimas subvenciones públicas que en muchos casos han cubierto los gastos de investigación y desarrollo. Se han invertido 5.600 millones de dólares de fuentes públicas y filantrópicas en empresas privadas e instituciones de investigación. Los tres mayores patrocinadores fueron Estados Unidos, Alemania y CEPI, y en la mayor parte de los casos destinaron los fondos a entidades de sus propios países. Esas inversiones no fueron coordinadas y pocas parecen haber tenido condiciones para asegurar el acceso global. Además, las empresas farmacéuticas también se beneficiaron de la investigación pública previa y de la reducción de los costos de las pruebas clínicas. Es decir, y como resumen, las marcas más conocidas ya han recibido una recompensa razonable a su inversión.”
Ante este panorama, ¿ha habido alguna sugerencia de cambio?: “India y Sudáfrica presentaron una propuesta a la OMC (Organización mundial del comercio) en octubre de 2020 que consistía en la desaparición de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con la Covid-19 (medicamentos, vacunas, diagnósticos y otras tecnologías). A día de hoy, más de 100 países ya han pedido el levantamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual. La OMC no la aceptó”. La doctora Aranzábal se muestra tajante: “Es fundamental un movimiento global para la suspensión y/o modificación de los derechos de propiedad intelectual en asuntos relacionados con problemas esenciales de salud pública”.
En otro orden de cosas, también existen trabas burocráticas que afectan a la confianza pública: “ Hay muchos países desarrollando vacunas contra la Covid-19 (China, Rusia, India, Cuba, etc.) pero la OMS desconfía de sus pruebas y ensayos y de una aprobación reglamentaria apresurada. Pero incluso cuando se demuestra que estas vacunas son seguras y eficaces en ensayos clínicos, surgen múltiples obstáculos a nivel internacional, lo que no pasa con otros países europeos o Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón. Y es que fuera de ellos, en el resto del mundo, parece que las candidatas a vacunas deben pasar por un proceso mucho más complicado». La pregunta sería si existe alguna alternativa para solventar estos escollos y la doctora Aranzábal asegura que “aunque la OMS considere que las normas reguladoras de otros países pueden ser menos estrictas, podría trabajar con las diferentes autoridades nacionales para garantizar con medidas reglamentarias que todas las candidatas de vacunas sean tratadas en igualdad de condiciones. La OMS debería adoptar un enfoque proactivo para permitir la distribución mundial de esas vacunas siempre que cumplan normas armonizadas”.
Por último, “seria importante resaltar la importancia de disponer de materias primas y tecnología y, por supuesto, de una adecuada transferencia del conocimiento, ya que la falta de acceso al mismo impide la replicación de procesos de fabricación. En el caso que tratamos, si existe capacidad para fabricar vacunas u otros productos esenciales a nivel nacional, como en India o en las Américas, ¿cómo pueden hacerlo sin contar con la información pertinente? Los gobiernos deben impulsar y diversificar la capacidad de producción de vacunas, transfiriendo conocimientos y colaborando en la innovación y desarrollo”.”
Teniendo en cuenta toda esta situación, Aranzábal cree que “la distribución global ha sido desigual, injusta e incompetente, lo que está provocando que se retrase la resolución de la pandemia, pero, además, generando preocupación sobre la capacidad de la humanidad de cooperar para afrontar los retos que se avecinan”. Porque habrá más pandemias y quizá todavía estemos a tiempo de aprender de lo sucedido y generar acuerdos internacionales con los que “aumentar la inversión pública en investigación y avance tecnológico, pero condicionada a la transparencia en los contratos, a la desaparición de patentes y al intercambio abierto de datos.”
La doctora de Aranzábal cree que la idea de pandemia no ha calado en las sociedades desarrolladas: «Una pandemia no termina si el virus no desaparece en todas partes. Y mientras tanto, entre otras, la posibilidad de que el virus mute en los no vacunados reduce la capacidad de acabar con ella, incluso en países con toda la población vacunada. Este riesgo y otros (como el inmenso impacto económico) deberían hacer pensar a los países ricos que, con seguridad, nos compense facilitar la vacunación a toda la población mundial. No perdamos ahora la oportunidad de unas leyes internacionales que eviten la repetición de la catástrofe ética, epidemiológica y económica que se está desarrollando”. Para alcanzar todo ello quizá haya que desplazar el centro desde donde se mueve nuestro mundo para repensar y cimentar lo que nos une, cooperando en un mismo sentido para encontrar soluciones compartidas.
