A Gallardón le han hecho el juez de los jueces y ya sabemos de dónde proviene el poder de decidir sobre el bien y el mal a los jueces de la tierra, lo heredaron del primer juez, que además es el padre, el padre supremo porque madre sólo habrá una, pero vaya, no la hicimos suprema. Tanto los padres divinos como los jueces terrenales, el único poder que no tienen es el del nacimiento. Necesitan a una mujer. Que siempre me pregunté desde pequeña por qué Dios necesitó hacer parir a María, podía haber mandado al mesías ya destetado , pero claro sin madre biológica igual le entraba cargo de conciencia porque él no iba a poder cuidarle, (menuda tenía montada en la tierra en ese momento como para pedir reducción de jornada).
Los hijos son de las madres, dicen todavía algunas mujeres, que sabían lo que significaba un embarazo no deseado, ahora parece que son de los abuelos, maternos, por supuesto. Los padres y las madres pueden emancipar a los hijos por motivos económicos o por matrimonio, hemos creado leyes para ello, y se llaman así: menores emancipados. En cambio en los temas procreadores parece que las hijas carecen de tal posibilidad.
No elegimos a nuestros padres, ni la relación que tenemos con ellos. Para la maternidad o paternidad biológica no hay requisitos de idoneidad que cumplir. Cualquiera con la función biológica puede ejercer esa función social y legalmente. No obstante, una vez la criatura aparece en el escenario nuestros deberes éticos y legales quedan claros y diferenciados por sexo, en interés del menor por supuesto, y del mantenimiento de lugar, culpa y recompensa que recibe cada uno. Pero en este caso tenemos dos menores.
Igual el debate no es si los padres deben autorizar a las hijas a abortar, sino si pueden obligarlas a no hacerlo. Si en caso de desacuerdo, el proceso burocrático administrativo y legal de papá estado o mamá administración será rápido, o permitirá que el embarazo avance con las consiguientes secuelas físicas y psicológicas para la menor.
Por supuesto que un menor debe pedir permiso a sus padres para operarse de apendicitis, así como para firmar un contrato de trabajo. Pero en el primer caso no hay otro ser humano implicado y en el segundo, el menor nunca puede ser obligado a firmarlo, sólo confirmado en su deseo.
La procreación es un acto biológico, pero somos humanos, y tan poco biológicos que hasta la hemos prohibido para ciertos sectores sociales, como los religiosos, o restringido hasta no cumplir ciertos requisitos como la edad, el matrimonio o la situación social y económica. Ahora bien, si se produce el embarazo entonces nos lavamos las manos… decimos sí pero no, elaboramos unos supuestos legales que todos sabemos que sirven para cualquier supuesto mientras tengamos dinero para costear el aborto, o pedimos como sociedad que sean otros los que se encarguen de decidir: legislador, jueces, progenitores, profesionales médicos… ¿y la mujer, menor o no menor? Ah, que no es un problema de derechos individuales, resulta que es un problema social, pero un problema social con las mujeres, no con los varones, menores o no, ni con los padres de los varones, y mucho menos con las futuras criaturas que parecen defender. Una mujer que da a luz y no trabaja, lo que es habitual entre las menores, no tiene derecho a ninguna ayuda social, no hay bajas de maternidad, ni posibilidad de que continúen sus estudios con algún tipo de subsidio o de pensión. El coste de una guardería solo a media jornada es superior al sueldo para jóvenes sin cualificar.
Sólo se puede ser responsable de lo que se elige. Y la sociedad debe ser responsable de proteger a la menor que elige o no elige ser madre. Porque ella no puede hacerse responsable de lo que elijan sus padres, un juez terrestre o un juez divino. Las hijas no pertenecen a los padres y mucho menos en la decisión de lo que harán con su cuerpo y en si asumirán para toda la vida el deber de ser madres, que efectivamente sólo puede ser un deber si nace del deseo. Si una menor no puede confiar en que sus padres la apoyarán en la decisión de interrumpir su embarazo, no podemos mirar para otro lado, porque dejarla a merced de una relación filial, social y económica que desconocemos, supone un acto de cobardía colectiva, ser irresponsables como legislador y como sociedad. Si esa menor puede acudir a profesionales que no la juzguen sino que la atiendan, la escuchen y la ayuden a tomar la mejor decisión dentro de la libertad que sin duda por muy menor que sea tiene y debe ejercer, estamos valorando por encima de valores abstractos, la dignidad y el derecho a la vida de esa menor y de los futuros hijos deseados que tendrá.
No se trata de que las menores deban o no tener el consentimiento de los padres para abortar, se trata de que la maternidad y la paternidad se ejerzan con responsabilidad, en el plano humano y civilizado y no en el puramente biológico y animal. ¿De verdad queremos obligar a menores de catorce o quince años a ser madres? ¿De verdad nos quedamos más tranquilos como sociedad si los padres deben autorizar un aborto? Yo me quedo profundamente intranquila por las niñas embarazadas que temen a sus padres y a las que dejamos a su suerte, y también por las criaturas que vendrán al mundo sin una madre que los desee y sin una sociedad ni ley que los ampare.
