Conocemos a través de eldiario.es la existencia de un informe de la Comisión Europea sobre la situación del Estado del Bienestar de los distintos países de la Unión Europea que se pueden descargar aquí. Respecto a nuestro país, dice: «El sistema de protección social en España es claramente ineficaz. No reduce los niveles de pobreza relativa y está actualmente desbordado por el incremento de las necesidades más acuciantes». Y también: «Desde 2010 se ha producido un impacto significativamente negativo en los programas de bienestar. Entre las políticas más directamente afectadas se encuentran las más estrechamente asociadas a la filosofía de la inversión social (es decir, las políticas familiares o los planes de activación del mercado de trabajo), que han perdido peso en favor de las que fueron evaluadas como las necesidades más inmediatas relacionadas con el desempleo a gran escala». Reitera en varios puntos el informe su queja por el drástico tijeretazo al programa «Educa3», que buscaba extender la educación de 0 a 3 años.
Lo que dice el reciente informe europeo no es nada nuevo si tenemos en cuenta que ya conocíamos estos datos de Eurostat, que recogemos en tres enlaces: pobreza antes y después de tranferencias públicas, es decir, pobreza antes y después de que el Estado de Bienestar entre en acción, tanto contando con las pensiones como sin ellas. En España, el riesgo de pobreza de partida alcanza el 30% de la población antes de transferencias sociales (si contamos con las pensiones son transferencias sociales, el porcentaje de población en riesgo de pobreza alcanzaría el 45,5%). Tras actuar las políticas públicas, esta cifra baja hasta el 20,4%. Son todas ellas cifras de 2013, que son las últimas de las que dispone Eurostat.
En otros países, el Estado de Bienestar es mucho más efectivo en la reducción de la pobreza. Por ejemplo, en Dinamarca: de una tasa del 41,9% de pobreza de partida, es decir, sin contar ningún tipo de prestación pública, ni siquiera las pensiones, logra reducirse hasta el 12,3% con la intervención social.
En el conjunto de la Unión Europea, se consigue rebajar desde el 44,4% hasta el 16,6%.
El informe de la Comisión Europea agrupa los países en tres categorías. Los mejores en inversión social y, sobre todo, en resultados de ésta, son Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Liechtenstein, Eslovenia, Francia, Noruega e Islandia; en un segundo estadio se colocan España, Hungría, Irlanda, Malta y Polonia; los peores son Croacia, Estonia, Italia, Lituania, Letonia, Macedonia, Rumanía y Turquía.
Un sistema de protección demasiado ligado al mundo laboral
Nos vamos a alejar por un momento un poco del informe de la Comisión, que lo tienen ahí si lo quieren leer y vamos a exponer lo que le escuchábamos hace unos días al profesor Miguel Laparra, de la Universidad Pública de Navarra, sobre este asunto, en el Encuentro sobre Nuevas Tendencias en Desigualdad y Exclusión Social, organizado por la Facultad de Sociología de la Uned. «El modelo social español no es carente de recursos, tiene bastantes recursos, pero no es capaz de atacar a la pobreza severa y deja fuera a mucha gente. No se ha pensado en un sistema de mínimos suficientemente articulado», comenta.
«La crisis y sus efectos han venido demasiado grandes al sistema de protección social», afirma Laparra. «El sistema de protección social ha nacido como extensión no contributiva de la Seguridad Social y está ligado a la posición que ocupemos en el mercado de trabajo», continúa. «Esto es cada vez menos adecuado. En una sociedad en la que todo el mundo trabajaba, en la que todo el mundo tenía un trabajo, sí tenía sentido ligar la protección social al trabajo, pero ahora ya no», añade. Porque, se pregunta el profesor Laparra, «¿qué hacemos con los trabajadores pobres?». Se trata de un colectivo que siempre ha estado presente en España, pero que ahora se hace más habitual. «Nuestro sistema de protección social está pensado para las personas que están momentáneamente fuera del mercado de trabajo o para los jubilados y esto ya no es suficiente», remata Laparra.
«¿Qué hacemos con los trabajadores pobres?», vuelve a repetir Laparra. O con los falsos autónomos, o con quienes encadenan pequeños contratos sin acumular derechos a prestación de ningún tipo, o con los parados de larga duración que han perdido toda esperanza (y quizás toda posibilidad de encontrar un empleo)… Cada vez son más las personas que viven en los márgenes de la sociedad porque el Estado les da de lado.
En el mundo se están desarrollando ciertos experimentos para paliar esta situación, como el modelo alemán de los «mini-jobs», que el Estado complementa con prestaciones; o el británico, donde también se dan subsidios complementarios. «Son modelos cuestionables, pero hay que hacer algo», declara Laparra.
«Al sistema de protección español se le han saltado las costuras», concluye el profesor. Y enumera una serie de fallos. Por ejemplo, que las prestaciones sean bajas, de poco más de 400 euros, que pueden valer como complemento, pero para poco más; además, son uniformes, independientemente de las características el hogar; y tienen fecha de caducidad, lo que lanza el mensaje de que es responsabilidad de cada uno salir de la situación de pobreza, el Estado sólo te da un poco de tiempo, un poco de margen, pero nada más.
«Todo esto reduce la potencia de las prestaciones. Nadie ha puesto orden nunca a este sistema, para tratar de manera diferente a circunstancias diferentes», se queja.
En este contexto, considera «especialmente oportuna» la iniciativa de los sindicatos para la instauración de un sistema de renta mínima.
Los derechos sociales se garantizan desde lo público
En España parece que casi no tiene que intervenir (aunque esté en pleno desarrollo) esa transición de la que habla Luis Enrique Alonso, catedrático de Sociología de la Universidad Autónomca de Madrid, desde el Estado benefactor al Estado ‘manager’ que ‘desuniversaliza’ derechos para ‘remercantilizarlos’. Muchos pensaron que el Estado de Bienestar era un periodo de vacaciones entre el Estado liberal y el Estado liberal, pero en España el Estado de Bienestar ha tenido unos fallos de origen que lo han hecho ineficaz desde el principio, aunque ahora su ineficacia, como es obvio, se agrava.
Francisco Lorenzo, coordinador del equipo de estudios de Cáritas y Fundación Foessa, insistió en que «los derechos se garantizan desde lo público», sólo de esta manera se puede realizar «una asunción colectiva de los riesgos colectivos; no se puede proponer, por ejemplo, que ante un problema estructural de empleo la solución sea el emprendimiento». Lo que hacen organizaciones como la suya no deja de ser asistencialismo. Lorenzo coincide, pues, con el diagnóstico del informe elaborado por la Comisión Europea, que se queja de que, «como consecuencia del significativo descenso del gasto municipal, los servicios sociales tienden a concentrar sus esfuerzos en las situaciones más severas, y delegan cada vez más una mayor responsabilidad a las organizaciones del tercer sector».
La crítica no es sólo cuantitativa: también es cualitativa. «Las pocas, escasas políticas sociales que hay, son muy condicionadas. Siempre hay que sospechar del pobre», dice Lorenzo. ¿Se acuerdan de las últimas palabras de Esperanza Aguirre sobre los sin techo?
Siempre hay que sospechar del pobre o crear la figura de los nuevos pobres para que sean más vistosos, para que ganen visibilidad: «No hay nuevas pobrezas, la pobreza es la de siempre. Se intentan poner nuevas etiquetas, como la de ‘pobreza energética’ para que ‘venda’. Parece que necesitamos márketing», se queja Lorenzo.
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