Según el Euskobarómetro de diciembre de 2013, un 22,2% de los sondeados desea un Estado independiente, mientras un 29,8% defiende mayor autonomía y el 31,6% conservaría la que tiene en la actualidad. Que no sorprenda, se entenderá fácil el porqué. Es palmario que tanto el País Vasco como Navarra son dos de las regiones más privilegiadas de España, pero también de Europa y del mundo. En 2007, con un índice de 0,964 según datos del Instituto Vasco de Estadística, el País Vasco obtenía el tercer puesto en el Índice de Desarrollo Humano, por países (por detrás de Islandia y Noruega). Hipotéticamente, la provincia de Álava sería el país más rico, si fuera independiente. La tasa de paro hasta 2008 era de 3,5%; su gasto en I+D+I (2,08% del PIB en 2010) superaba a la media europea; y, respecto al PIB per cápita, cabe señalar que pasó del 89,6% de la media europea en 1990, a 117,1% en 2002, 125,6% en 2005 y 137% en 2008.
Por eso, aunque no se han salvado del golpe que la crisis económica le ha dado a España, sus cifras causan la envidia del resto de comunidades autónomas. Si, respecto a la media española, el País Vasco ostentaba un PIB per cápita de 129,7% en 2008, en 2012 ese mismo porcentaje pasó al 132,5%. Y la tasa de paro, siendo alta (16,1% en el segundo trimestre de 2014), es sensiblemente inferior a la media española (24,5%).
Algún papel juega la industrialización histórica de esa región, promovida desde España con políticas públicas (fiscales y arancelarias, etc.) desde hace siglos. O con ingentes ayudas (de hasta 300.000 millones de las antiguas pesetas) de cara a la reconversión industrial que se llevó a cabo en los años ochenta. Por citar algún ejemplo. Pero si los datos que hemos visto hablan de un constante crecimiento es, sobre todo, gracias a su incardinación política en España. La Constitución institucionaliza un sistema político cuasifederal con un grado de descentralización muy elevado, algo particularmente cierto en el País Vasco y Navarra: probablemente debido a la presión ejercida por ETA durante los 15 meses de confección de la Constitución (asesinaron a 71 personas, la mayoría Guardias civiles y policías) se creyó conveniente “apaciguar” a la fiera concediendo al nacionalismo vasco la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que consagra unos “derechos históricos” a desarrollar por los respectivos Estatutos de Autonomía del País Vasco y Navarra. Dos regiones que pasarían a ser consideradas “territorios forales”. Estos derechos, precisamente por ser “históricos”, chocan a primera vista con la democracia, donde se legisla de consuno en el día a día. Pero siempre ha habido consenso en que el ordenamiento jurídico los debía integrar sistemáticamente, sometiéndolos, por tanto, a la jerarquía constitucional.
En principio, en función de su nivel de renta y vivan donde vivan, los españoles pagan a la Hacienda española prácticamente lo mismo: tributan, como es lógico, los ciudadanos, no los territorios. Nuestra Constitución salvaguarda el principio de igualdad entre todos los españoles (art. 1.1), para lo que insta a los poderes públicos a promover la igualdad real y efectiva entre los ciudadanos (art. 9.2), de cara a anular la discriminación entre españoles por razón de nacimiento o condición social (art. 14). Y esto aboca, lógicamente, a que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad (…)” (art. 31.1); y también al mandato a los poderes públicos para que promuevan “las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa (…)” (art. 40.1)
Por tanto, se entiende que los derechos forales vasco-navarros (Concierto económico y Convenio, respectivamente) no deberían poder vulnerar la igualdad financiera y tributaria promulgada por la norma suprema: al final deben acabar pagando por el coste de las competencias no asumidas. Sin embargo, lo que en principio (y según las propias normas que regulan los fueros) no debería ser más que una vía alternativa para recaudar los impuestos y transferir la parte proporcional a la Hacienda común, en la práctica desemboca en un chantaje y negociación anual de los presupuestos que beneficia enormemente a las arcas de ambas regiones: según el Instituto de Estudios Fiscales, la transferencia neta del País Vasco al resto de España fue, en 2005, de 0,6% del PIB vasco; es decir, que prácticamente recaudan, se quedan y gestionan el 100% de sus recursos, quedando así al margen de la redistribución de rentas que manda la Constitución y la propia legislación autonómica. Siguiendo la metodología del “flujo-beneficio”, donde un vasco pone 16 euros, un catalán o un madrileño ponen, respectivamente, 155 y 240 euros (J. V. Rodríguez Mora, A favor de España, p. 117). Por eso, mientras en el resto de comunidades la financiación media es de 2.054 euros per cápita, en el País Vasco y Navarra disponen del doble de dinero por habitante: respectivamente, 4.225 y 4.004 euros per cápita. Una sobrefinanciación abismal que sirve a sus gobiernos nacionalistas no sólo para sacar pecho por su gestión, sino para bajar los impuestos a sus ciudadanos, incidiendo en una nueva injusticia (derivada de la primera) mediante una especie de dumping.
En consecuencia, los datos económicos tan lustrosos que muestran las dos regiones más ricas de España se derivan de unos presupuestos sumamente injustos y difíciles de aceptar democráticamente, pues no son universalizables. No son más que fruto del chantaje terrorista, primero, y nacionalista, después. Si a esto le sumamos que la partida de la Seguridad Social sale de los presupuestos nacionales (españoles), comprenderemos otra injusticia añadida: el País vasco tiene una población de 2,2 millones de habitantes, de los cuales 525.000 son pensionistas (con las pensiones más altas de España ‒1.078,7 euros al mes‒) pero sólo 877.000 cotizantes a la Seguridad Social. Es evidente de donde sale el dinero para pagar dichas pensiones. De ahí que, en realidad, un reciente estudio de Ángel de la Fuente, territorializando las balanzas fiscales, desvela que el País Vasco recibió 1.576 millones de euros más de los que aportó al Estado. Quien desvela esto será directamente tachado de «enemigo», claro. Y otro tanto sucede con Navarra.
Los fueros y los privilegios económicos que acaban suponiendo en la práctica, representan una fórmula envidiada y pretendida ahora por los catalanes (y por el resto de Comunidades Autónomas deficitarias, claro); una fórmula de la que ni siquiera el Partido Popular vasco está dispuesto a prescindir: “lo defendería con un cuchillo entre los dientes”, dice su presidente en el País Vasco. Pierdan, por favor, tres minutos para ver este vídeo. Causa rubor.
Sólo UPyD rechaza ese privilegio. Los demás bajan la cabeza y algunos incluso dicen que son de izquierdas y, al parecer, hay que creerles. No sé si UPyD se unirá o no con Ciudadanos. Sólo espero que si no lo hace sea por una buena razón: mantener la independencia para poder seguir ridiculizando así a todos los políticos.
