Sufres una agresión sexual por parte de alguien en quien confiabas. Porque eras vulnerable, una víctima propicia, una más. Caes luego en un infierno, no por previsible menos negro, donde te hundes sin freno en un abismo de falsa y dañina culpabilidad, de miedo, de aislamiento. Llegas a querer acabar con tu vida, a la que ya no ves sentido. Piensas una y otra vez en cómo irte. Pero cuando nada importa, cuando ya no cabe más dolor, a punto de quebrarte sin remedio, das un pequeño paso, y sale por primera vez de tus labios, muchos meses después, que te violaron. “Me llamo Ana y fui violada”. Las palabras, quién lo diría, te sanan. Te curan porque hay quien te escucha. Porque hay quien te cree. Y te animan a denunciar, y denuncias, y la Justicia no te cree. En la sala del tribunal te sientes humillada. Y tú te rompes de nuevo. La víctima es de nuevo víctima en un laberinto sin fin.
Nuestra protagonista ha elegido llamarse Ana, pero no se llama Ana. Es una mujer joven, pero no es una mujer, es todas las mujeres que alguna vez fueron agredidas sexualmente, y a las que no creemos. Yo, juez, no la creo, digo que no hay pruebas irrefutables, que su testimonio no es suficiente, la maquinaria jurídica me ampara y la esgrimo y venzo. Yo, técnica forense, no doy por válidas las pruebas que podrían incriminar al agresor. Soy experta y sé de lo que hablo y lo que elijo es lo auténtico. Yo, el violador, lo niego todo. Yo, periodista, soy objetivo y quién sabe dónde está la verdad. Yo, ciudadano, veo a la mujer que se hace llamar Ana, joven, universitaria, competente y… pues bueno, se lo habrá buscado, ¿no? Yo, nosotras, nosotros, y enfrente ellas. Tantas, todas víctimas de una auténtica pandemia mundial, a las que no queremos ver, ni oír. Y ni mucho menos creer. ¿Por qué? ¿Cuáles son los múltiples mecanismos en los que nos amparamos para negarles toda credibilidad? La agresión sexual no es un delito cualquiera. La voz de la víctima es esencial para construir la Justicia. Pero una y otra vez la silenciamos. ¿Por qué no las creemos?
El entorno y su trampa
“Había sido mi profesor en la universidad… Sabía ser encantador y me hacía creer que era un amigo”.
Ana puede ser un símbolo, pero es una personal real. Fue testigo en su país, Guatemala, de un crimen. En el país centroamericano, uno de los más violentos del mundo, reina la impunidad y en ella se ampararon los sicarios que la amenazaron de muerte. Se refugió en España, donde llegó, ironía del destino, el 8 de marzo de 2011, Día de la Mujer. Tenía entonces 23 años. Nada más llegar, sola, reapareció en su vida un antiguo profesor que le dio clases en la universidad, y que también había recalado en España. “Fue poco a poco adueñándose de mi vida”, relata Ana. “Nunca había sido tan vulnerable ni había estado tan indefensa como en aquellos días. De hecho, los abusos físicos empezaron la primera noche en Madrid”.
Al menos en el 70% de las violaciones el agresor es alguien que pertenece al entorno de la víctima, según la Encuesta Europea de Violencia contra la Mujer. Alguien conocido. Este fue precisamente el primer gran escollo al que se enfrentó Ana. Muchas de las afectadas entran en una especie de proceso de autodestrucción en el que sobresalen las dudas sobre su propio comportamiento. Incluso la culpabilidad, lo que las puede llevar al silencio. “Me hizo sentir tanta vergüenza de mí misma que no hablé de ello durante mucho tiempo. Me lo guardé junto a mi sentimiento de miedo y asco. Y me culpé una y mil veces sin poder explicarme lo que había pasado”.
Esta actitud, tan extendida y previsible, como detectan los psicólogos expertos en este tipo de casos, puede tener unas consecuencias irreparables en la vida personal, pero también en la colectiva. Ana tardó meses en ser capaz de hablar de lo sucedido, y mucho más en denunciar ante un juzgado. La práctica jurídica exige pruebas, que por supuesto ya no estaban en su cuerpo, pero sí en su mente, y rapidez, lo que fue imposible, por la propia característica del delito. La consecuencia: sospechas sobre el propio comportamiento de la víctima. Dudas. Ana había dudado de sí misma, y posteriormente el sistema colectivo dudó de Ana.
La cultura de la violación
“Él se reservaba el rol de maestro que me mostraría los placeres del sexo, aunque yo no quisiera”.
El hecho de que la mayoría de los agresores sean conocidos de la víctima (y por supuesto individuos muy cercanos: pareja, familiares, amigos, compañeros de trabajo, jefes…) refuerza la invisibilidad de un fenómeno que aturde por su extensión. Las cifras que se manejan son alarmantes. Algo que no deja de contrastar con la sutileza con la que permanece en la sombra. Sólo en la Unión Europea, en este nuestro querido y excepcional Primer Mundo, 3,7 millones de mujeres sufrieron violencia sexual entre 2011 y 2012, últimos datos disponibles. Algunas activistas que luchan por la visibilidad de estos crímenes lo llaman “pandemia mundial”, y no les falta razón. Naciones Unidas estima que una de cada tres mujeres en el mundo ha sido agredida física o sexualmente.
Recientes casos de los que se ha hecho eco la prensa en España ilustran cómo la “cultura de la violación” impregna no sólo a los criminales, sino también a quienes deberían proteger la integridad y reparar la dignidad de las mujeres. La agresión colectiva perpetrada durante la celebración de los últimos Sanfermines, llevada a cabo por un grupo autodenominado La Manada, es un ejemplo más del peligro al que de forma “inconsciente” se someten ellas en las fiestas. O en cualquier entorno lúdico donde el varón se siente con el derecho de ultrajar amparado en prejuicios y estereotipos que luego saltan a otros entornos, como a los textos de sentencias judiciales aberrantes.
Esa cultura donde impera la brutalidad y la falta de respeto desemboca en una erotización de la violencia que es capaz de justificar el comportamiento de los agresores. Una erotización que está presente de manera patente en los medios de comunicación, en las conversaciones de los bares, en miradas y palabras ofensivas en las calles, en la publicidad, en las aulas, en los despachos… Y llega, como si se tratara de algo natural, a la intimidad, forzada o voluntaria, antesala necesaria del delito. Lo dice Ana: “Estaba seguro de que conocía mis necesidades mejor que yo misma. Dije que no. Siempre dije que no: lo expresé con palabras, con forcejeos, con llantos. Pero él no paró”.
El pensamiento feminista está tratando de desenmascarar esa cultura, esas estrategias que incentivan y perdonan a los atacantes. “Es una forma de violencia simbólica, como diría Bourdieu, que tiene un efecto sedante porque, al estar tan aceptada, pasa inadvertida para la inmensa mayoría”, ha escrito Bárbara Tardón, experta en violencia machista. “La cultura de la violación transforma a las víctimas en culpables”.
Cuando se rompe el silencio
“En todo momento sentí que quien estaba siendo juzgada era yo. Allí donde pensé que iba a encontrar justicia me vi tan maltratada que desistí”.
Un elemento clave en esa estructura perversa que rodea y martiriza a tantas mujeres es el concepto de “consentimiento”. Algo que parece es difícil de discernir para algunos funcionarios cuando violador y víctima se conocen, como ocurre en la mayoría de las ocasiones. Muchos abogados relatan su perplejidad cuando escuchan de los labios del juez o jueza: “¿Cerró usted bien las piernas”; “¿Qué tipo de ropa llevaba?”; “¿Con cuántas personas se había acostado antes?”… Hasta el punto de que ya se habla de la “doble violación” que se sufre al denunciar. “El juez me violó otra vez”, ha denunciada una afectada. “Creí en la justicia. Me equivoqué. El proceso fue devastador”, concluye Ana.
Esta constante desacreditación de quien se atreve a denunciar parece responder a una sutil estrategia que tiene como fin la búsqueda de supuestas contradicciones en su testimonio. Y como consecuencia la absolución del acusado, que tiene a su favor todo un edificio legal que tiende a ampararle. Por esta razón, el caso de Ana es un perfecto ejemplo de cómo diferentes mecanismos de ocultación de la realidad son tan efectivos para negar credibilidad a quienes han sido vejadas. Mecanismos que permanecen invisibles a ojos de la mayoría y que provocan que el 40% de las mujeres que han sufrido o temido violencia física o sexual no acudan a la policía, al juzgado ni a ningún servicio de ayuda, como atestigua la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015.
Después de haber sido violada, de haber sido sometida a un delito continuado de lesiones, que podría tipificarse como “tortura entre particulares”, Ana no se encontraba en condiciones de testificar ante el tribunal con el relato sólido y convencional que éste espera y exige. Como tantas otras que habían pasado por lo mismo, era incapaz de verbalizar, de revivir esa tortura. Por ello se decantó por expresar, a través del dibujo, las humillaciones de que había sido objeto. Con una gran delicadeza no exenta de fuerza, creó un cómic, un excelente relato, veraz y terrible. Pero los forenses no lo aceptaron.
Su caso ha servido a una ONG feminista con sede en España, la Asociación de Mujeres de Guatemala, como eje de una campaña que reflexiona “sobre la credibilidad y analiza las barreras sociales que impiden creer la palabra de las mujeres (…) y cómo ello favorece la impunidad jurídica y social, valiéndose de los medios de comunicación y de los tribunales, que terminan convirtiéndose en laberintos y telarañas en los cuales quedan atrapadas”. El cómic puede leerse completo en la web de la campaña, yotecreo.net.
La credibilidad
“Pasé por varios juristas y psicólogos que ni comprendieron ni creyeron mi historia, como tampoco la creyó, finalmente, la jueza del caso”.
Que el delito se cometa en el ámbito de la intimidad y además por personas conocidas hacen que el testimonio de la denunciante sea con frecuencia la única prueba principal. “La causa de esta in-credibilidad se encuentra en la utilización de estereotipos y prejuicios de género por parte de los operadores legales –jueces, fiscales, forenses, investigadores, etcétera–”, defiende Arsenio García Cores, perito experto en Derechos Humanos. “Desestimado el testimonio de la víctima, no habrá otras pruebas que permitan obtener una sentencia condenatoria. La impunidad, entonces, sí será un hecho probado”.
Ni el derecho a la defensa ni la presunción de inocencia, ni todas las garantías que protegen al acusado, se deberían poner en cuestión a la hora de incrementar el peso del testimonio de ellas. Aquí es donde aparece una de las ideas recurrentes de esos “prejuicios de género”: la presunta “abundancia” de denuncias falsas. Lo que alimenta las sospechas sobre las querellantes. Aunque esas denuncias falsas sólo supongan un 0,006% del total, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativos al periodo entre 2009 y 2014.
Pero los datos no son relevantes para quienes se esfuerzan en esa constante desacreditación, conscientes de que la cuestión de la credibilidad es esencial para conseguir una sentencia justa. Opuesta a la que dictó la Audiencia Provincial de Mérida en julio de 2016. En este caso las dudas se cernieron sobre el testimonio de una menor que acusó a su padre. “Resulta cuando menos extraño”, reza la sentencia, “que [ella] continuara viviendo con el padre tras el primer episodio de ataque a su intimidad sexual. Los hechos denunciados son graves, y ello, en principio, casa mal con que aquélla siguiera viviendo bajo el mismo techo”.
García Cores ha analizado “la falacia de la neutralidad del Derecho. La discriminación por motivos de género se basa en la dominación ideológica por la cual el grupo mayoritario o aquel que establece las normas se mantiene como poseedor de la verdad. Y el Derecho es un instrumento –uno más– que ayuda a perpetuar dicha verdad, no bajo apariencia opresora sino de neutralidad, de objetividad y de imparcialidad, precisamente los valores que suelen asignarse al lado masculino de la sociedad. El Derecho, pues, tiene género”.
Ante esa interesada imparcialidad, ¿cómo permanecer neutrales cuando esta pandemia arrasa con la vida de esos, al menos, 3,7 millones de europeas agredidas cada año? ¿Cómo permanecer impasibles ante las palabras de Ana?: “Me acribillaron a preguntas que no buscaban esclarecer los hechos, sino convencerme de que era yo la culpable. Me hirió profundamente la desconfianza y la falta absoluta de empatía con que me trataron. En esa sala, las vejaciones a las que me había sometido mi agresor no eran más que puntos en una enumeración burocrática destinada a acabar en un archivo”. El 41% de las mujeres que comunican a la policía las agresiones que han sufrido aseguran no sentirse satisfechas con el trato recibido, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015. Esta misma fuente constata que los sentimientos más comunes como consecuencia de los ataques sufridos son impotencia ante la situación (60%), tristeza (59%), rabia (58%), miedo (51%), angustia (49%, vergüenza (38%) y culpa (30%).
A pesar de todos los obstáculos, Ana dio el paso y denunció, y ya se ha visto cómo se topó con esta engrasada maquinaria en la que se funden de manera cómplice estereotipos, prejuicios, falta de competencia de los funcionarios judiciales, que no reciben preparación específica para este tipo de delitos… Una maquinaria que desembocó en el auto de archivo de su caso: “La querellante se presenta como una mujer desvalida por su situación de asilada (…), ha participado en manifestaciones (contra el) feminicidio. Cuenta con una educación superior, teniendo estudios universitarios. Por lo que conocía el alcance y la ilicidad de los supuestos actos a los que el querellado le sometió y sabía de recursos que le podían ayudar”. Este auto resume gran parte de las dudas y sospechas que se ciernen sobre las afectadas. ¿Cómo puede ser violada una mujer joven, universitaria, que además participa en actividades de carácter reivindicativo? ¿Cómo puede “consentirlo” sin solicitar ayuda? ¿Cómo pudo pasar “mucho tiempo” sin que denunciara? Sin tener en cuenta que la participación de Ana en esas manifestaciones feministas fue posterior a la fecha en que fue agredida, el auto parece responder a una tónica que se repite en muchas de las expresiones de juezas y jueces: o bien se niegan a comprender la especial naturaleza del delito de violación, o bien se amparan en esa cultura dominante que tiende a negar la credibilidad. Y más cuando el motivo de absolución más frecuente en denuncias por violencia de género, en el 40% de los casos, es la falta de prueba suficiente por constar sólo la declaración incriminatoria de la víctima, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Sea como sea, el resultado es el mismo: menos de la mitad de las agredidas denuncian, sabedoras muchas de lo que les espera; la mayoría de los casos son sobreseídos, muchos por falta de pruebas, sin atender a la delicada condición jurídica del testimonio de las mujeres; y la gran mayoría de los denunciados son absueltos, lo que engrosa las cifras de la impunidad. El círculo se cierra. “Cada víctima tiene un nombre propio, una vida, un futuro que, de repente, se ve truncado y sumido en una espiral de consecuencias graves y devastadoras a corto y largo plazo”, ha escrito Bárbara Tardón. “Consecuencias que afectan a su proyecto vital (…) y que atentan contra los derechos humanos básicos, cuya titularidad debería estar protegida por los estados. Nombrarlas implica asumir responsabilidades y dar luz a uno los rincones más oscuros de nuestra sociedad, pero no nombrarlas nos hace cómplices de este sadismo”.
Ana, joven, con estudios universitarios, conocedora de sus derechos, fue agredida y su “proyecto vital” truncado. Porque nadie está a salvo de una violencia estructural y “transversal”, que no sabe de clases sociales, edades ni nivel de estudios. Al menos tres mujeres son violadas cada día en España. Que la jueza de su caso hiciera hincapié en su condición de universitaria demuestra la ignorancia con la que se aborda el fenómeno. Varias universidades españolas han puesto en marcha oficinas especializadas para abordar los casos de acoso que se registran en los campus. Aunque todavía no hay estudios solventes relativos a España, valgan los de Estados Unidos, donde una de cada cinco estudiantes es víctima de abusos sexuales, según datos de 2015 de la Asociación Americana de Universidades.
A este ámbito se refirió una reciente sentencia, excepcional, que condenó al agresor y valoró el testimonio de las denunciantes. El pasado enero, un juzgado de Sevilla condenó a siete años de cárcel a un catedrático de la Universidad de esa ciudad por abuso sexual a tres profesoras. La sentencia considera “plenamente creíble” el relato de las tres enseñantes, “suficiente por sí solo para enervar el principio de presunción de inocencia”. Un alegato que resquebraja los argumentos de quienes casi por definición invalidan la voz de las agredidas.
El espacio compartido
“Me costaba dormir, comer, levantarme por las mañanas, salir de casa… En muchos momentos pensé que no valía la pena seguir viviendo”.
En tiempos de conflicto, la violación ha sido utilizada como un arma de guerra. Los ejemplos son innumerables. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército japonés apresó a miles de coreanas, las tristemente llamadas comfort women, para que sirvieran como esclavas sexuales de sus soldados. En el país de Ana, Guatemala, la violación fue utilizada de forma sistemática por las Fuerzas Armadas en los años 80. Uno de los objetivos era combatir el tejido social que ayudaba o simpatizaba con la guerrilla, y también aniquilarlo, pues la humillación de las mujeres suponía en muchas ocasiones el fin de la comunidad tradicional. Lo que hasta ahora ha sido menos notorio es que, en tiempos de paz, la violencia sexual también se ha convertido en una especie de arma contra ellas. Una agresión cotidiana e invisible, que sólo puede comenzar a ser combatida de manera efectiva si se prepara al sistema judicial en su conjunto para atacar uno de los pilares que consagran la impunidad: el cuestionamiento de la credibilidad del testimonio de las agredidas. Como manifiesta García Cores, “un juicio, al fin y al cabo, es una contienda de relatos, el del acusado y el de la víctima”. Nivelar esos relatos sería la tarea. Hasta ahora, ellas se han movido en tal plano de desigualdad que el sistema no hecho más que “revictimizarlas”, y en muchos casos destruirlas, como se desprende de la desesperación que nos recuerda Ana: “No valía la pena seguir viviendo”.
En ese espacio compartido que es la vida cotidiana es terrible constatar que las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres desembocan tan frecuentemente en la violencia: en la agresión “menor”, en la violación, y de forma extrema, en el asesinato (una mujer es asesinada en España cada cinco días). Una especie de guerra sorda se ha instalado entre nosotros, aunque no la veamos, aunque no la creamos. Toleramos un grado de violencia de tal intensidad que ese espacio compartido es escenario de una constante usurpación de derechos. El otro, en este caso la otra, es el enemigo. No se trata ya sólo de atender las demandas tradicionales de igualdad entre los sexos. En juego está la vida y la integridad física.
Aunque en el debate social prima la idea de que la igualdad entre hombres y mujeres ha registrado un gran avance, el grado de violencia sexual y la tolerancia en que se desenvuelve demuestran más bien lo contrario. Que un misógino declarado y exhibicionista haya llegado a la Casa Blanca no es algo gratuito. El nuevo escenario de la discriminación se desarrolla en el “posmachismo”, como señala Miguel Lorente, ex secretario de Estado contra la Violencia de Género: “El machismo es mutante en sus formas para adaptarse a cada momento histórico sin renunciar a sus posiciones de poder y privilegios (…) Su estrategia actual es el posmachismo, ese intento de revestir de neutralidad sus exigencias y planteamientos para generar la confusión necesaria que lleve a la duda, a la pasividad y a que todo siga igual”. Y tiene su correlato en una agresividad que no deja de crecer: “El machismo es poder y como tal conlleva enfrentamiento y violencia. El hombre de verdad debe ser capaz de poner a la mujer en su sitio, sin necesidad de que trascienda a la sociedad, combinando el control social, la amenaza y, en caso necesario, el ataque explícito a través de la agresión”. Algo que la mayoría silenciosa o no quiere ver, o cuando ve no asimila la dimensión del problema. Sólo el 1% de la población española considera la violencia sexual un problema grave, según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.
De ahí la necesidad de combatir a ese posmachismo depredador con nuevas estrategias. Si bien una parte de la lucha por la justicia se desarrolla en el ámbito de los tribunales, es en otras instancias, como en el plano ético, donde se puede ir desmontando el sistema de creencias y complicidades en el que se basa la cultura de la violación. Si bien es cierto, como dice el filósofo Javier Sádaba, que “en una sociedad fundamentalmente violenta es sumamente complicado escapar a ella”, es una obligación evitar el sufrimiento de miles de mujeres cada año, sólo en nuestro país. Se trataría, pues, de una prioridad nacional. Y también de una premisa necesaria para hacer del espacio compartido por ellos y ellas, de su redescubrimiento y refundación, un escenario seguro y sano para el cambio social. “La violencia es imposición, es la fuerza rompiendo físicamente a los demás o humillándoles o no respetando sus derechos. Se acostumbra a distinguir entre poder sobre los otros miembros de la comunidad o poder con los miembros de la comunidad. Se trata de una distinción clave. La cuestión estriba en crecer con los demás. Sólo así el poder es para todos y de todos. Es esa actitud la que llevaría la violencia de la vida cotidiana a un nivel soportable”.
Un primer cambio de actitud, en realidad un paso de gigante, pasa por crear las condiciones necesarias para restaurar la credibilidad de las agredidas. Para evitar que, como sostiene Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala, la violencia sexual sea “el único delito en el que la primera sospechosa es siempre la víctima”.
Referencias:
—La campaña #YoTeCreo, a favor de la credibilidad de las mujeres víctimas de agresiones sexuales, ha sido puesta en marcha por la Asociación de Mujeres de Guatemala. Web de la campaña: www.yotecreo.net. @MujeresdeGuatemalaAMG mujeresdeguatemala.org
—Estereotipos y prejuicios de género en las decisiones judiciales. La ausencia de un marco estructurado de valoración de los testimonios de las víctimas. Arsenio García Cores.
—Cultura de la violación. Complicidad y silencio en torno a la violencia sexual. http://www.lamarea.com/2016/11/24/cultura-la-violacion-complicidad-silencio-torno-la-violencia-sexual/ Bárbara Tardón Recio y Jesús Pérez Viejo.
—Blog de Miguel Lorente: https://miguelorenteautopsia.wordpress.com/
—La vida buena. Javier Sádaba. Ediciones Península, 2009.
José Manuel Bustamante (Madrid, 1966) es periodista y escritor. Trabajó durante 17 años en El Mundo, diario que abandonó en 2009 para dedicarse al periodismo independiente. Ha centrado su carrera en la información internacional y los derechos humanos. En FronteraD ha publicado Las mujeres de Guatemala alzan la voz, que obuvo el Premio Natali que convoca la Comisión Europea para reconocer trabajos periodísticos sobre derechos humanos. En Twitter: @jotaemebusta
