¿Qué significa el documento con la rúbrica de Moncloa y del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos En Comú Podem y En Marea? Aún es un poco precario, todavía faltan muchos detalles por conocer, tampoco sabemos si Bruselas, una vez todos los números negro sobre blanco, terminará dándole el visto bueno ni si lo hará el Parlamento español. Pero, para empezar, sí podemos decir que implica un giro, pequeño e insuficiente muy probablemente, o al menos desde la posición desde la que escribimos, pero indiscutible en política económica.
Más progresividad fiscal
En primer lugar, desde el punto de vista de los ingresos públicos, se dan pequeños pasos hacia una mayor progresividad desde el momento en que se propone el incremento de dos puntos en los tipos impositivos para los contribuyentes que tengan rentas superiores a los 130.000 euros anuales y cuatro puntos para rentas por encima de los 300.000 euros. Se incorporarían, por tanto, dos tramos más sobre los 60.000 euros, en que se colocaba, hasta el momento, el último.
De salir adelante los planes del Gobierno y sus socios, rentas de entre 60.000 hasta los 130.000 pagarían un 22,50% (en el tramo estatal, al que hay que sumar el autonómico, que podemos situar, como referencia, aunque sujeto a la discrecionalidad del gobierno regional, en el idéntico 22,50%), rentas de entre los 130.000 y los 300.000, un 24,50% (también hay que añadir el tramo autonómico del 22,5%); y a partir de los 300.000, en el 26,50% (al que hay que agregar el 22,5%).
En números redondos, sumando tipo estatal y autonómico, aparecerían dos nuevos tramos sobre el 45% que reina al menos hasta ahora en todas las rentas por encima de los 60.000 euros: el del 47% para los más de 130.000 y el del 49% por encima de los 300.000.
Además se da otro paso muy tímido, timidísimo, pero algo es, para acercar la tributación de las rentas del capital a la del trabajo, al incrementar en cuatro puntos porcentuales el tipo aplicado sobre las primeras que superen los 140.000 euros. Se añade una escala más a las ya existentes: ahora, rendimientos del capital entre los 0 y los 6.000 euros tributan al 19%; entre los 6.000 y los 50.000, al 21%; y a partir de los 50.000, al 23%. De acuerdo con la propuesta para los presupuestos del año que viene, a partir de los 140.000 euros, tributarían al 27%.
Nótese que una persona que tenga que tributar a un marginal del 49% en su IRPF pagará, como mucho, un 27% por sus rentas del capital. Ahí estriba una de las grandes injusticias que se atribuye al sistema fiscal español.
Una tarea pendiente, según los programas electorales que han presentado tradicionalmente las fuerzas de izquierda -e incluso UpyD-, es, de hecho, ir aproximando los tipos que pesan sobre el capital a los que lo hacen sobre el trabajo. En un mundo cerca del ideal -dentro de lo factible- para algunos (nosotros), todas las rentas, procedan de donde procedan, tributarían al mismo tipo (al que ahora pesa sobre el trabajo, o por encima: en la época dorada del capitalismo estadounidense, el marginal sobre la renta superaba el 90%, ahora plantear tipos sobre el 50% es un anatema, ¿por qué?).
Aunque esta idea es también una de la que enfrenta mayores resistencias: sus contrarios argumentan con la idea de que se penaliza y desincentiva el ahorro en una economía tradicionalmente dependiente de los capitales externos como la española; y también con la de una presunta doble imposición: el dinero que se ha ahorrado (o invertido) ya ha pagado IRPF, porque se supone que se ha recibido en forma de rentas del trabajo. Pero, aplicando esa misma regla de tres, podríamos decir que el IVA debería desaparecer, puesto que el dinero con el que compramos ya ha pagado también el Impuesto Sobre la Renta.
En todo caso, la propuesta del Gobierno y las demás izquierdas implica una mayor progresividad en los tipos aplicados a los rendimientos sobre el capital, porque se incorpora el nuevo tramo a partir de los 140.000 euros.
En relación con ello, también se establece una especie de Tasa Tobin, que grava con un 0,2% las compras de acciones emitidas en España y de empresas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros.
En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, el documento establece una subida del gravamen en un punto porcentual para fortunas de más de 10 millones de euros. Actualmente, patrimonios de entre 5,347 y 10,695 millones de euros tributan al 2,1% y a partir de la última cantidad, al 2,5%, según la escala estatal. Varias comunidades, como Andalucía, Asturias, Cataluña, Cantabria, Baleares, Extremadura, Galicia, Murcia y Valencia tienen su propio esquema de gravámenes. Asimismo, cada autonomía puede establecer su mínimo exento. Las que no lo han fijado, aplican el estatal, que está situado en los 700.000 euros: los primeros 700.000 euros de patrimonio pagan cero.
Medidas insuficientes en materia de ingresos y para sufragar la inversión necesaria
Mayor progresividad, mayor aportación de las rentas y patrimonios más elevados, por tanto, y, probablemente, mayores ingresos para el Estado, que se calculan en cerca de 6.000 millones de euros. Pero, ¿cómo de significativo es ese incremento de la recaudación estatal? Muy escaso si nos fijamos en los países de nuestro entorno: el Estado español tuvo ingresos equivalentes al 37,9% del PIB en 2017, frente al 44,9% de la media comunitaria y del 46,2% de la zona euro. A España le separan siete puntos de la media de la UE, es decir, 70.000 millones de euros, en números redondos. El incremento de recaudación que se espera con estos retoques fiscales es diez veces inferior.
Se aumenta la progresividad, se dan señales de por dónde han de ir las cosas en materia impositiva, se hace algo de pedagogía fiscal, de la que tanta falta hace, pero los movimientos son tan tímidos que, en la práctica, sirven para poco. Porque también España está por detrás en términos de gasto en relación con el resto de los países europeos: en 2017 la inversión pública total fue equivalente a un 41% sobre el PIB, frente al 45,8% de la media de la UE y al 47,1% del promedio de la zona euro.
A la vista de la beligerancia mostrada por tantos, España es un país muy difícil para estas cosas y parece que todo hay que hacerlo muy poco a poco. Además, hay que contar con las dos almas del PSOE, la más socialdemócrata y la más liberal, que necesitan convivir en armonía aunque parece que siempre pesa más la segunda. Asimismo, la izquierda a la izquierda del Partido Socialista parece querer mostrarse ahora mucho más pragmática, o constructiva, bien porque considera que con vistas a las próximas elecciones puede obtener mejores frutos de esta manera, bien porque piensa que es mejor construir una alianza sólida con el PSOE y evitar un futuro Gobierno de la derecha o híbrido, de los socialistas con Ciudadanos. Suena a lección aprendida por parte de Podemos y por parte de quienes les acompañan. No sólo del pasado más reciente, sino de los últimos veinte o veinticinco años.
Más gasto social
Si en las medidas sobre los ingresos públicos hay muchas señales de giro, lo mismo ocurre en las de gasto. Para empezar, las pensiones se subirán conforme a la inflación y algo más las mínimas y no contributivas. Asimismo, para ayudar a garantizar la sostenibilidad del sistema, se promete estudiar las bonificaciones a la contratación, para reducirlas, así como incorporar figuras impositivas ad hoc para complementar su financiación. (Nos ha faltado, eso sí, entre otras cosas, la eliminación de la desgravación a los planes de pensiones).
En sanidad se plantea la reversión de copagos; en educación, la de algunos recortes y de subidas de tasas universitarias; y dependencia contará con más apoyo.
Aunque lo más relevante en este capítulo es, sin duda, el inicio del desarrollo de un ingreso mínimo vital, que en un primer momento implicará el incremento de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y, después, un programa de garantía de rentas para familias sin ingresos o con ingresos muy bajos. El nombre del programa es, de momento, mucho más epatante que su realidad, puesto que en su primera fase implica que la prestación por hijo pasará de los 291 hasta los 473 euros al año. Al año. Pero, como en muchas de las cuestiones que estamos comentando, parece que marcan el camino, la senda, aunque sin llegar hasta el final. Está muy bien empezar a hablar de la necesidad de garantías de rentas, de mínimos vitales. Que vaya calando.
La intervención en el mercado inmobiliario y en el laboral
La “vis” más intervencionista (para nosotros esta palabra no es peyorativa, sino todo lo contrario) de este acuerdo para los presupuestos se observa en su capítulo dedicado a la vivienda. No sólo porque prevé el aumento de los plazos de vigencia de los contratos (especialmente si los propietarios no son particulares, sino sociedades), para dar más estabilidad a la vida de los inquilinos y a la evolución de los precios, sino también porque invita a los ayuntamientos a limitar las subidas de los alquileres. Quizás, de una manera naïf, pero se rompe un tabú importantísimo, al dar a los poderes públicos la capacidad de controlar el precio de un bien de primera necesidad que lleva demasiado tiempo sometido a los vaivenes del mercado y convirtiéndose en inaccesible para cada vez más gente.
El Gobierno y sus socios, además de fijarse en el precio del alquiler, también lo ha hecho en el del trabajo, muy devaluado en los últimos años en España. Para conseguir revitalizarlo, ha dado la señal de que nadie debe cobrar menos de 900 euros mensuales. El salario mínimo sirve para eso, para marcar un suelo por debajo del cual nadie ha de trabajar, y para impulsar los sueldos de los trabajadores que ya estaban por encima de él. Al tener ese efecto multiplicador, la subida del salario mínimo puede ayudar a dinamizar el consumo y toda la economía. El incremento de los sueldos más bajos tiene un efecto mucho más grande que el de elevar los altos en esa misma cantidad porque las rentas bajas tienen una mayor propensión al consumo. A la economía española le falta mucha gasolina salarial.
Lo que ocurre es que, al igual que sucede con la vivienda (se plantea la posibilidad de controlar los alquileres penalizando fiscalmente a los propietarios que pongan precios por encima de un determinado nivel, lo cual quizás no sea muy eficaz), la subida del salario mínimo puede no ser suficiente para mejorar de verdad las condiciones de los trabajadores, teniendo en cuenta, por ejemplo, el margen que tienen los empleadores para abusar de los contratos a tiempo parcial sobre el papel y a tiempo completo en la realidad.
Aunque hay muchas medidas que han de acompañar a éstas (se apunta la derogación de los aspectos «más lesivos» de la reforma laboral de 2012), aunque algunas deberían tener más ambición, se da un paso hacia una mayor redistribución tanto vía ingresos como vía gastos. En la misma dirección caminan las diversas medidas de intervención del Estado en el mercado, tratando de evitar subidas de los alquileres que empobrezcan a los inquilinos y enriquezcan a los propietarios, y subiendo los salarios, lo que puede reducir, al menos mínimamente, la desigualdad capital-trabajo.
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