En las últimas semanas se ha generado una polémica en Madrid al surgir noticias sobre una supuesta privatización de la donación de sangre en la región. La Consejería de Sanidad de esta comunidad ha alcanzado un acuerdo con Cruz Roja para que esta ONG sea a partir del 1 de enero de 2014 la encargada de la recogida de sangre fuera de los hospitales, una tarea que hasta ahora compartía con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Este último se ocupará del procesamiento, almacenamiento y distribución de la sangre, además de seguir recogiendo las donaciones en sus propias instalaciones.
La oposición (y los trabajadores del Centro de Transfusión) han criticado la decisión al considerarla el primer paso hacia la privatización de todo el servicio de donación. En cambio, el gobierno regional alega que el objetivo es “evitar duplicidades” y que la organización de todas las campañas de donación de plasma seguirá correspondiendo a la Comunidad de Madrid.
El convenio con Cruz Roja establece que la comunidad pagará a la entidad 67 euros por cada bolsa de sangre, hasta un máximo de 9.300.00 euros (correspondientes a 140.000 extracciones). Como critican los trabajadores y muchos usuarios a través de las redes sociales poner un precio y unos objetivos parece un paso más hacia la conversión de la donación en un negocio, algo totalmente contradictorio, ya que se trata de un acto solidario y altruista, del que se obtienen enormes beneficios (sanitarios y sociales) pero que nunca deberían ser económicos.
En 1985 un Real Decreto estableció que “la obtención, preparación y conservación, almacenamiento, distribución, tráfico y suministro de sangre humana y sus componentes están sujetos al control y dirección de las Administraciones Públicas”. Sin embargo, parece que 30 años después la crisis puede acabar con un modelo hasta ahora exitoso.
En los últimos tres años las donaciones han ido descendiendo y no parece que este tipo de medidas privatizadoras sea la mejor forma de animar a la solidaridad de los ciudadanos. Esperemos que la situación económica no acabe llevando a imitar peligrosos modelos como el de Estados Unidos donde se pagan hasta 50 dólares por una donación de plasma y precisamente en los últimos años se está incrementando el recurso a “vender” sangre para complementar los ingresos mensuales.
En España el año pasado surgió otra polémica cuando el presidente de la empresa de hemoderivados Grifols sugirió que el Estado pagara a los parados hasta 60 euros semanales por donar sangre. Sin embargo, numerosas voces mostraron su rechazo a esta idea porque supondría derribar los dos pilares sobre los que se sustenta la donación de sangre en este país: el altruismo y la voluntariedad. Como ya se preguntaba en aquel momento el recientemente fallecido doctor Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes: “¿Dónde está el límite?, ¿por qué no pagar también por un riñón?”. Ojalá el modelo hasta ahora vigente en España sea en este caso el ejemplo a imitar por otros países y no al revés.
