(Carlos Lesmes preside el pleno del CGPJ. Imagen: Dani Duch)
Dice sabiamente el refranero que “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. Sin embargo, desde una indolente distancia leía yo que en Polonia el gobierno se proponía adelantar la edad de jubilación de más de un tercio de los jueces y cambiar el sistema para elegir directamente a los presidentes del Supremo. Cómodamente sentada en mi sillón, traducía la combativa serie «Carta desde Europa», que Bartosz T. Wieliński, el director adjunto del periódico Gazeta Wyborcza, envía regularmente al diario El País. Ya en octubre de 2018 Wieliński denunciaba el rechazo frontal de la UE a este intento de controlar la justicia y al recorte de libertades al colectivo LGBT.
Igualmente escandalizados, pero condescendientes, reaccionaban mis amigos checos y polacos a la embestida del coronavirus en España. Corría el mes de marzo, los polacos decían que el entonces ministro de Sanidad Łukasz Szumowski se había curtido trabajando como voluntario en el hospicio de la Madre Teresa de Calcuta y era la persona idónea para afrontar esta crisis. Por su parte, el país vecino popularizó un vídeo explicando por qué era un oasis sin virus. La clave, supuestamente, no estaba en el menor número de visitantes y viajes, sino en el uso generalizado de la mascarilla que, si bien el gobierno de Chequia no había podido proporcionar en un primer momento, las diligentes mujeres checas habían tejido en sus casas.
Imposible negar la mala gestión de la pandemia en España, pero en la actualidad, la situación en los tres países es muy parecida, estado de alarma o emergencia incluido. Restricciones en el horario de cafeterías y bares y en el aforo del transporte vienen a confirmar que no es en absoluto sencillo gestionar la pandemia.
Por su parte, algunas localidades polacas como Kraśnik se declararon “zonas libres de gays y lesbianas”, algo que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó que “no tiene cabida en la UE”. Tras el reñido triunfo de Andrzej Duda en las presidenciales del pasado 12 de julio, muchos homosexuales abandonaron Polonia, entre otros el prestigioso escritor Jacek Dehnel. También ha habido casos de adolescentes homosexuales que se han suicidado por las constantes amenazas y el mobbing al que estaban sometidos.
De hecho, en la cumbre europea del pasado mes de julio, se acordó el principio de “dinero a cambio de Estado de derecho”, a la hora de repartir el Fondo de Recuperación de la pandemia. La reacción del presidente del partido polaco en el poder, Jarosław Kaczyński, ha sido tajante: amenaza con vetar el presupuesto de la Unión para los próximos siete años.
Mientras el coronavirus coloniza las noticias en España, esta semana PSOE y Podemos han llevado al Congreso la proposición de ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial. La idea es que sus doce miembros puedan ser elegidos por mayoría absoluta de las cámaras (los 6 correspondientes al Senado y otros 6 al Congreso), sin los tres quintos necesarios hasta el momento. La medida también destierra el consenso que ahora se necesita de los dos partidos mayoritarios, y que ha llevado a un bloqueo de dos años de la renovación el CGPJ por parte del PP, argumento que el gobierno utiliza en su descarga. La independencia de los jueces también se vería mermada, porque la medida prevé que cargos tan importantes como la presidencia de las salas del Supremo o de la Audiencias Provinciales ya no puedan ser designados por el CGPJ.
Investigando la reforma con mis amigos periodistas y abogados, se quejan de que en España, es suficiente con sacar una oposición para ser magistrado. A diferencia de Francia, donde previamente hay que haber ejercido un mínimo de 5 años como abogado. Señalan además, como tres de las cuatro asociaciones de jueces, que la elección de magistrados deberían hacerla sus colegas los jueces, la única forma de garantizar la independencia del poder judicial.
Ya hubo un precedente cuando Pedro Sánchez designó a Dolores Delgado, la antigua Ministra de Justicia, como fiscal general del Estado, el pasado mes de febrero.
En cualquier caso, la iniciativa que ha levantado ampollas en Europa, puesto que Polonia fue sancionada por pretender prácticamente lo mismo. La UE pide reformas en un sentido contrario, reforzar la autonomía del poder judicial, en un momento crucial además para el reparto de fondos. El proyecto español, además, al no ser presentado por el gobierno, sino por los partidos políticos que lo conforman, no necesita siquiera de un informe consultivo del propio CGPJ, complementado por los del Consejo Fiscal y del Consejo del Estado.
Aún recuerdo un airado discurso de Pedro Sánchez pidiendo el voto para el PSOE, con el foco siempre puesto en las medidas sociales, mientras las prioridades de Podemos serían supuestamente controlar RTVE y el poder judicial:
En medio de “la batalla de Madrid” y el ruido mediático para derrocar a la incompetente Isabel Díaz Ayuso, da mucho que pensar este intento de domesticar la justicia. Los anglosajones usan un término muy preciso, “hidden agenda”. ¿Qué oculta esta deriva autoritaria del gobierno de Pedro Sánchez? ¿No ser juzgados por la mala gestión de la pandemia?¿Rebajar la presión sobre la investigación de la financiación de Podemos? ¿O hay un escándalo monumental de corrupción en ciernes, una bomba de relojería similar al Caso Bárcenas, que el PSOE no quiere que le estalle en la cara?
En cualquier caso, en Europa no se deja de hablar de que hay una diferencia entre la deriva autoritaria de la Hungría de Viktor Orbán y la Polonia de Ley y Justicia con España… incluso sin que se mencione el paralelismo. Lo cual nos retrotrae de nuevo a la sabiduría popular, en concreto a aquella máxima romana de “a explicación no pedida, acusación manifiesta”.
