“Nosotros no somos peligrosos… nosotros estamos en peligro”. Este es el rotundo mensaje que podía leerse en la pancarta desplegada por algunos de los inmigrantes reunidos el pasado 11 de octubre, martes, en la céntrica y emblemática plaza del Campidoglio, en Roma. Junto a ellos, cientos de simpatizantes y voluntarios reclamaban solidaridad y una digna acogida a las muchas personas que continúan llegando desde las costas del sur de Italia tras un costoso y arriesgado viaje cruzando el Mediterráneo. Bajo el lema “Roma non alza muri” (Roma no levanta muros), distintas asociaciones locales convocaron una protesta frente a la sede del Ayuntamiento contra el reciente desalojo forzoso de un campamento informal en la Via Cupa, cerca de la concurrida estación ferroviaria de Tiburtina, al este de la ciudad. En el mismo lugar y a la misma hora la Junta Municipal celebraba una reunión extraordinaria para hacer frente a una situación que muchos califican de endémica. Sin embargo, una vez más, el encuentro terminó sin una solución para los migrantes que llegan de paso a la capital transalpina.
En la Via Cupa, una estrecha calleja situada frente al monumental Cementerio del Verano, con sus imponentes cipreses y pinos marítimos, cientos de personas procedentes en su mayoría del cuerno de África dormían hasta hace unos días en tiendas de campaña o en un colchón al raso. Vivían sin unas condiciones de higiene mínimas y totalmente dependientes del buen hacer desinteresado de los activistas y voluntarios que durante casi un año y medio les proporcionaron comida, ropa limpia y atención médica, psicológica y jurídica. “Después del desmantelamiento y la evacuación de Via Cupa son casi 150 personas en tránsito que duermen en la calle”, denunciaba durante la manifestación Andrea Costa, coordinador de los activistas de la asociación de voluntarios Baobab Experience.
Los hechos que llevaron a la movilización se remontan al 30 de septiembre, cuando lo que parecía ser una habitual ronda de identificaciones –mediante las cuales se retenía a los inmigrantes durante unas horas para después soltarlos–, acabó convirtiéndose en el cierre definitivo del asentamiento y el penúltimo capítulo del tira y afloja entre voluntarios e instituciones. A primera hora de la mañana la policía aparcaba una gran furgoneta cortando el acceso a la Via Cupa y, después de trasladar en autobuses a un centenar de africanos a la comisaría, comenzaron a desmantelar las instalaciones donadas por ciudadanos y construidas por los voluntarios. A mediodía, cuando más policías de paisano, voluntarios y periodistas se concentraban en la entrada al callejón, se presentaba Awin, un joven somalí extremadamente delgado que con un papel en la mano, gesto cansado y voz sibilina trataba de entrar sin éxito para recoger sus pocas pertenencias y algo de comida. “Hoy no me dejan pasar pero yo no tengo nada. ¿Qué hago ahora? ¿A dónde voy hasta que pueda salir de aquí?”, se lamentaba Awin mientras una voluntaria se sentaba junto a él para consolarle y darle una bolsa de galletas saladas.
De acuerdo con un informe elaborado entre los meses de junio y septiembre de este año y publicado recientemente por la asociación Red de asesoramiento legal de la Via Cupa, Awin y la gran mayoría de los que pasaron por este enclave romano fueron identificados y fichados por la policía. Sin embargo, muy pocos fueron informados de sus derechos y obligaciones, así como de las limitaciones impuestas por el Reglamento de Dublín a los solicitantes de asilo. Durante este tiempo la asociación ha ayudado a más de 400 inmigrantes y recopilado datos e información sobre las personas en tránsito. Según estos, la gran mayoría de estas personas procede de antiguas colonias italianas en África Oriental: el 74 por ciento son eritreos, el 5 por ciento etíopes, el 14 por ciento sudaneses y el 6 por ciento somalíes. Además, debido al acuerdo de cooperación en materia de inmigración firmado entre Italia y Sudán el pasado 4 de agosto, la mitad de los sudaneses se encuentra en riesgo de expulsión por el simple hecho de haber cometido una falta administrativa.
Por si no fuera suficientemente difícil su situación, el 21 de septiembre las autoridades locales suspendieron la aceptación de nuevas solicitudes de asilo durante un mes, en principio hasta el 21 de octubre. “El problema no es solo que lo hayan cerrado, porque en realidad las condiciones en los últimos meses no eran las mejores. El problema es que no quieren ofrecer una alternativa y se intentan deshacer de ellos sin procurar una solución a medio o largo plazo”, decía Pablo Cermeño, un español residente en Roma y activista del colectivo Baobab Experience, el mismo día del desalojo de Via Cupa.
Después del desalojo el párroco de la Basílica de San Lorenzo Extramuros, situada detrás del Cementerio del Verano, abrió sus puertas y permitió que 60 personas tuvieran un lugar en el que pernoctar durante tres días. “Aunque duermen al aire libre, al menos tienen un lugar seguro”, explicaban los voluntarios. Sin embargo, el 14 de octubre la hospitalidad del párroco se agotó y los migrantes tuvieron que abandonar el jardín del templo. Así, con lo puesto, intentaron dormir en el aparcamiento de la estación de Tiburtina, pero la policía apareció y los echó de allí esgrimiendo razones de orden público. Al casi centenar de personas que se agolpaban en Tiburtina no les quedó otro remedio que dormir escondidos y en pequeños grupos en las inmediaciones de la estación. Lo que pase en los próximos días con ellos y el resto de indocumentados que vagan por Roma nadie lo sabe.
El eterno problema de la ciudad eterna
Paradójicamente, a poco más de un mes de que concluya el Jubileo de la misericordia, que conmemora el quincuagésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, la crisis que continúan afrontando las personas en tránsito que llegan a Roma –muchos de ellos menores de edad y algunas madres con hijos pequeños– parece no tener fin. El desmantelamiento de Via Cupa es tan sólo el enésimo episodio de esta batalla y el último ejemplo de la falta de voluntad política por parte de las instituciones. Se trata del tercer desalojo en los últimos diez meses después de los que tuvieron lugar en diciembre de 2015 y en junio de 2016. “Hemos asistido a varias juntas, hablado con varios concejales y diferentes alcaldes y nadie tiene respuestas ni soluciones con respecto a los derechos de estas personas”, recalcaba Cermeño.
Tal y como denuncian los colectivos sociales que trabajan con los inmigrantes, la situación actual viene de lejos. Se trata del resultado directo de una acción llevada a cabo por la Prefectura y la ciudad de Roma el 11 de mayo de 2015. Aquel día la policía desalojó y destruyó un asentamiento informal formado por decenas de chabolas detrás de la estación de Puente Mammolo, donde malvivían 400 personas, la mayoría originarios de Eritrea. Por entonces, los inmigrantes se marcharon a los alrededores de la estación de Tiburtina y posteriormente fueron llevados a la fuerza por la policía estatal al Centro Baobab, una antigua fábrica de vidrio abandonada en la propia Via Cupa que desde 2004 se convirtió en un centro social destinado a actividades culturales y la acogida para personas vulnerables y en riesgo de exclusión.
Fue en ese momento cuando la sociedad civil juntó fuerzas y se organizó para hacerse cargo de unas personas que, huyendo de dictaduras y las condiciones de miseria imperantes en sus países, se juegan la vida en el mar y al llegar a Roma son tratados como si fueran criminales. Así, en junio de 2015, nacía Baobab Experience, un movimiento auto-gestionado y constituido por ciudadanos, trabajadores, desempleados, estudiantes, médicos, artistas y personas de todas las clases sociales y de todas las generaciones que durante meses se han movilizado y ofrecido gratuitamente su compasión y habilidades para defender los derechos de los migrantes y su libre tránsito.
Desde entonces Baobab Experience y otras asociaciones, como MEDU (Médicos por los Derechos Humanos), Save the Children, Arci o la ya citada Red de asesoramiento legal de la Via Cupa, han asistido a más de 50.000 personas vulnerables sin ningún problema reseñable de orden público, el mismo que el Ministerio del Interior debería garantizar. No obstante, desde hace más de tres años la reacción del ministro Angelino Alfano, de Nueva Centroderecha (NCD), parece distar mucho de ser constructiva y aún no han sido trazadas soluciones a medio o largo plazo.
Por ello, a finales del pasado mes de junio, el varapalo sufrido por el Partido Democrático (PD) –el mismo que el del primer ministro Matteo Renzi– en las elecciones municipales de Roma y la elección de la candidata del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Virginia Raggi, como la primera alcaldesa en la historia de la ciudad, parecían arrojar un poco de esperanza en los inmigrantes y voluntarios de Via Cupa. Dentro del programa electoral de Raggi venía recogida la promesa de encontrar una solución que protegiera su dignidad y sus derechos. Tan sólo tres meses después, las buenas intenciones quedaron en el olvido y la Junta Municipal declaraba recientemente a través de la concejal de servicios sociales Laura Baldassarre que no tiene capacidad para apoyar ningún proyecto de acogida por falta de fondos y enviaba la pelota al tejado del gobierno central que, según ellos, debería hacerse cargo de la situación. Además, en los últimos dos años, esta lucha entre lo dicho y lo hecho, entre lo prometido y lo cumplido en cuestión migratoria cuenta con un hándicap, el de Mafia Capitale.
Mafia Capitale fue un conglomerado de corrupción entre políticos, funcionarios, empresarios y profesionales del crimen destapado el año pasado. La infiltración mafiosa con sustanciosos contratos públicos utilizando la extorsión y el chantaje se convirtió en símbolo de la degradación política en Roma. La organización delictiva había encontrado en los refugiados e inmigrantes menores de edad un filón. Por cada uno de ellos recibía de media de las instituciones unos 35 euros –100 en el caso de los menores–, pero sólo gastaba una miseria en el alojamiento, la comida, los cursos de italiano y el pago del personal destinado a facilitar su integración. “¿Tú tienes idea de cuánto gano con los inmigrantes? La droga deja menos”, comentaba en una conversación telefónica interceptada por la policía Salvatore Buzzi, mano derecha del capo de Mafia Capitale, Massimo Carminati. Tras las denuncias de Save the Children y una investigación del semanario L´Espresso que desvelaba una red que prostituía a los chavales acogidos en las inmediaciones de la estación de trenes de Termini, el propio Angelino Alfano tuvo que reconocer que una parte de los menores que llegan a Italia terminan en manos de las mafias. Desde entonces la solución encontrada por el Ministerio del Interior fue la de colocar a la Agencia Antimafia en el Ayuntamiento para que controle todos los contratos públicos. A raíz de esto, el M5S puede justificar tener las manos atadas y no poder sacar adelante proyectos sin el beneplácito del Ministerio del Interior, el mismo que tiene la responsabilidad y la decisión final en las actuaciones de desalojo.
De otro lado, los inmigrantes y voluntarios cuentan con otro frente en su contra. En el último año y medio, desde que se formara el grupo Baobab Experience en Via Cupa, se han llevado a cabo protestas y presiones por parte de un pequeño grupo de residentes de Roma II, municipalidad a la que pertenece Via Cupa y el centro Baobab, y gobernada por el Partido Democrático –aparentemente de centro izquierda–, denominado Comitato Tiburtina. Con el apoyo de grupos de extrema derecha, se lamentaban de la situación y reclamaban la expulsión de los inmigrantes de Via Cupa por razones de orden social y salud pública. Así, el 28 de septiembre, dos días antes del desalojo de Via Cupa, se celebró una junta de vecinos y una ronda de negociaciones con el Ayuntamiento sin la participación de ningún actor social tras la cual se decidió el cierre definitivo del único reducto a través del cual los inmigrantes podían alejarse de traficantes y especuladores. Esta decisión dejó de nuevo patente cómo la Italia que recibe el éxodo migratorio está dividida. Los intereses de unos y otros se enfrentan en una maraña burocrática y política que, de un lado, abandona a su suerte a las organizaciones que intentar ayudar y hacer cumplir la normativa de asilo, y de otro deja el terreno allanado para aquellos que necesitan expresar su odio y ven toda esta situación como una oportunidad de negocio. Al final, si nada lo remedia, la desesperación y el desamparo de los inmigrantes correrá la misma suerte que Roma y pasará a ser eterna.
Italia, el callejón europeo sin salida
En lo que llevamos de 2016 se está viviendo una paradoja en el sistema de recepción y asilo de migrantes en tránsito en la capital italiana. Mientras los representantes de la administración municipal afirman continuamente que las instituciones han fallado en identificar soluciones, varias asociaciones presentaron hasta en dos ocasiones un proyecto que pretendía transformar el edificio de un antiguo instituto situado cerca de la estación de Tiburtina y abandonado desde 2007 en un centro de acogida. El proyecto tenía incluso el beneplácito de la región de Lazio, propietaria del inmueble, pero, como viene siendo habitual, todo quedó en agua de borrajas. Parece obvio que oportunidades de encontrar soluciones ha habido y las autoridades se afanan en evitar el famoso “efecto llamada” y apartar la mirada de una realidad que, lejos de menguar, tiene visos de acentuarse con el paso del tiempo.
De hecho, en las últimas semanas Italia hace frente a una nueva oleada de migrantes y solicitantes de asilo –dos categorías difíciles de diferenciar– procedentes de las costas de Libia. Solo en tres días fueron rescatadas en el mar más de 11.000 personas. Casualmente, el 3 de octubre, día que se conmemoraba el tercer aniversario del hundimiento que se cobró en las costas de Lampedusa 366 almas, fueron rescatadas más de cinco mil personas, el mayor número de inmigrantes que llegó a Italia en un día en 2016. Tres años después de la tragedia de Lampedusa, el Mediterráneo sigue siendo la fosa de los pobres, engañados y desesperados. Además, aunque el inverno se esté acercando, la inestabilidad en Libia está provocando que la gente continúe acumulándose en sus costas y augura un incremento del flujo migratorio. Los testimonios recogidos por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) indican que gran parte de ellos ignoraba el caos en Libia y se sorprenden de lo mal que les tratan al llegar al país norteafricano, donde los hombres suelen sufrir violencia física y se producen numerosas violaciones de mujeres.
Como viene sucediendo desde hace años, casi todas estas personas pasarán por Roma, donde permanecerán unos días. Pero por el momento en la capital no encontrarán ningún tipo de recepción y se verán obligados a dormir en las calles, alrededor de la estación, jardines públicos, porque las autoridades han decidido no tratar el problema. “Estamos cansados de ver cómo se reza y conmemora a los muertos mientras no se hace nada por los que están aún vivos”, se lamentaba Andrea Costa durante la rueda de prensa celebrada el 3 de octubre para denunciar el desalojo forzoso de las tiendas de Via Cupa. “El Baobab, además de comida y lugar donde dormir, garantizaba el control de esas personas y les alejaban de las mafias. Ahora, sin ningún tipo de orientación, los migrantes que llegan a Roma no saben a dónde ir”.
Según datos de ACNUR (Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados), en lo que va de año al menos 3.167 inmigrantes han perdido la vida en el mar cuando intentaban alcanzar las costas italianas mientras que 144.370 personas han conseguido desembarcar en Italia. Datos del Consiglio Italiano per i rifugiati del Ministero dell’Interno muestran que Italia es el segundo país de Europa, después de Alemania, en cuanto a solicitudes de asilo político. En 2016 se han presentado 40.512, un 58 % más que el año pasado por estas mismas fechas. Las comisiones de asilo han examinado este año 40.699 solicitudes de protección: el estatus de refugiado se ha concedido al 4 %, la protección subsidiaria al 13 %, la humanitaria al 18 %. Para el resto, su estancia se convierte en un callejón sin salida. La gente no para de llegar a las costas. Los pasos fronterizos del norte –Ventimiglia, Chiasso y Brenner– cada vez son más difíciles de cruzar. El único reducto de dignidad que tenían se les niega.
En Roma, la ciudad eterna, la ciudad de las siete colinas, del amor y la misericordia, a falta de la intervención de las autoridades locales y el Estado, el problema pasa de despacho en despacho, de junta en junta, de calle en calle y de estación en estación. Declaraba recientemente monseñor Nunzio Galantino, secretario de la Conferencia Episcopal Italiana, que Europa esta “ciega” y “débil” ante la crisis. Las muertes y los dramas “son una bofetada a la democracia europea”. “No se puede salvar a la gente y después no ofrecerles una posibilidad de futuro”. No estaría de más que todos escucháramos y reflexionáramos sobre estas palabras, incluido el párroco de la Basílica de San Lorenzo de Extramuros.
Oriana Boselli es periodista y videoreportera. Se graduó en Comunicación y Relaciones Internacionales. En 2015 cubrió la ruta de los refugiados que atravesaron la península balcánica en Lesbos, Serbia y Hungría. Desde hace más de un año documenta la situación que viven los migrantes que transitan en Via Cupa y los alrededores de Tiburtina. Vive y trabaja en Roma.
José Antonio Sánchez Manzano es periodista, diplomado en Estudios Brasileños,. En Fronterad ha publicado, entre otros artículos, Los tristes avatares de la prensa búlgara, Andricgrad, Bosnia y el universo simbólico de Emir Kusturica y Bulgaria, sueño y pesadilla europea de los refugiados sirios.
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