Hace no tanto todos parecíamos convencidos de que los delitos políticos, como matar indiscriminadamente en un acto terrorista, debían castigarse con penas más elevadas (que otro asesinato agravado no cometido por terroristas, siguiendo el ejemplo) porque lejos de agotarse en el interés más privado del delincuente (el de quien roba, viola o mata por egoísmo, lucro, deseo patológico, por venganza, por ira o para quitarse de encima un problema) implicaban un ataque no sólo a la víctima concreta, no sólo al orden público, sino al ordenamiento, al orden jurídico-político, a la Constitución, a la condición de posibilidad de nuestra convivencia civilizada, entre iguales y en paz. Matar para plegar a la ciudadanía a la voluntad de una banda con anhelos políticos y lograr así la independencia salía -y debía salir- más caro que matar por despecho o por lucro. Hoy, vista la reforma de la sedición y de la que se pretende realizar del delito de malversación, es de suponer que se castigaría con menos pena a los terroristas porque se idealizarían los motivos del etarra, esos que le llevan a arriesgar su vida, a ser policialmente perseguido, por lograr objetivos políticos que le trascienden y de los que no aspira a sacar más provecho que el resto del Pueblo liberado que no se manchó las manos; esos free riders… ¿Por qué iba a ser más castigado quien, desde el Gobierno, utiliza lo robado para perfeccionar su arriesgado ataque contra todas nuestras libertades que quien, con toda su caradura, se compra un piso y un coche? ¡Atenuemos su pena! El malo es el segundo, por más que el daño efectivamente realizado -y su capacidad de dañar- sea infinitamente menor.
No importa tanto que liberen a los rebeldes y que se presenten a las elecciones como la forma en la que el Gobierno está torciendo la lógica penal y también la democrática. El juicio sobre la intención criminal del delincuente (‘mens rea’), que no puede ser más evidente cuando nos amenaza con un «lo volveremos a hacer», se troca en un juicio sobre el compromiso romántico del criminal, sobre la trascendencia -desinteresada- de su crimen. Invierten todas las categorías, privatizan la ciudadanía y se contradicen, por lo demás, sistemáticamente.
Verbigracia, de acuerdo con su lógica, descargarían el asesinato de género -«la maté porque era mía»- puesto que nadie podría decir que saca algún beneficio quien, matando, se despoja de su más querida propiedad. Pero no todo compromiso con el crimen les parecerá igual de digno, obviamente, así que este problema lo salvarán politizándolo todo a conveniencia. Sin ir más lejos, oiremos hablar sin cesar de «terrorismo de género». Al tiempo que quieren reconvertir, por decirlo vulgarmente, el delito público de los ‘procesistas’ en un mero delito privado, no dudan en convertir múltiples delitos privados de maltratadores en un gran delito público: así pues, ya no estamos en peligro frente a gobernantes independentistas que amenazan con romper con la Constitución, pero cualquier mujer, al margen de su relación de pareja, está amenazada por cualquier hombre que se cruce por la calle. Lo público es privado y lo privado es público… a su antojo. Introducen su arbitrariedad decisionista en cada resquicio del sistema. Laminan, en fin, el Estado de derecho, las expectativas de acción razonables (lo que nos cabe esperar a cada paso de los demás y de las propias instituciones) que éste aspira a que todos nosotros integremos para garantizar la convivencia.
Prácticamente todo vale para perpetuarse en el poder. Y los últimos pasos ya los hemos podido anticipar: más allá de los iliberalismos de Polonia y Hungría (en la estela de lo que estamos viviendo aquí), me refiero a Bolsonaro permaneciendo en silencio tras su derrota para ver si unas revueltas le devolvían el poder arrebatado en las urnas; o a Trump deslegitimando su derrota y avivando la rebelión. Eso es sólo un pasito más… ¿Qué puede ser más grave en democracia? Pues quizás unas élites políticas organizando directamente unas instituciones paralelas -un ejército, un CNI, una banca, una Hacienda, una Constitución, etc.- y promoviendo la violencia para forzar, desde la calle, y con una administración pública que efectivamente controlan, la suplantación del Estado en su territorio. Ups.
Si no delinquían en provecho propio… acaso serán héroes incomprendidos. Y tampoco les beneficia, según parece, chantajear al Gobierno para lograr la rebaja de penas para los suyos. Pero bien mirado, e ironías aparte, lo cierto es que esto implicaría la tipificación de otro delito: uno que castigue la traición que está cometiendo el Gobierno contra nuestro sistema político, jibarizando nuestras garantías contra quienes lo están atacando. No es menos grave lo que estamos viendo que pagar un secuestro o un impuesto revolucionario… sino mucho más, porque no sucumbe y paga un padre que quiere a toda costa recuperar a su hijo, sino la institución encargada de que se cumpla la ley. La misma lógica perversa que hizo insoportable al GAL.
A vueltas siempre con lo mismo, ya ven. Y es que tal vez el problema sea, como revelaba el cartel de los 40 años del triunfo de González, que estos sinvergüenzas confunden la democracia con el PSOE, del mismo modo que Podemos la identificaba con sus círculos y al fascismo con todo lo que quedara fuera de ellos. Ya que está de moda la nostalgia, ahí va la mía: nostalgia de una izquierda.
