El 6 de abril de 1994, dos jefes de Estado fueron asesinados al mismo tiempo. Se trataba de Juvénal Habyarimana, presidente de Ruanda, y de Cyprien Ntaryamira, presidente de Burundi. Los dos encontraron la muerte cuando el avión en el que viajaban desde Dar-es-Salaam (Tanzania), un Falcon 50, fue derribado por dos misiles disparados desde tierra en plena maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de Kigali, capital de Ruanda. Perdieron la vida igualmente la tripulación francesa y todos los miembros de las comitivas de los dos presidentes. No se hizo (y sigue sin hacerse 17 años después) ninguna investigación oficial, por lo que nada se sabe oficialmente y judicialmente de los autores del crimen. El asesinato de dos jefes de Estado africanos es, al parecer,  un asunto menor.

Ruego que se me perdone la autocita, pero en el año 2000, en el prólogo del libro Ruanda: del Partido-Estado al Estado-cuartel (Editorial IEPALA), del ex ministro de Defensa ruandés, James K. Gasana, yo escribía: “Los verdaderos autores del atentado siguen sin ser identificados; sin duda, alguien sabe la verdad y la oculta. Es posible que algún día la conozcamos; ello sólo será posible si se rompe ‘el convenio del silencio’, acordado implícitamente, que parece existir sobre la cuestión ruandesa y si el poder actual de Kigali deja de gozar del ‘privilegio de la impunidad’ que la comunidad internacional, los grandes medios de comunicación y hasta las ONG, parecen haberle concedido”. La confesión del doctor Théogène Rudasingwa, antiguo secretario general del Frente Patriótico Ruandés (FPR), antiguo embajador de Ruanda en Estados Unidos, ex jefe de Gabinete del presidente Paul Kagame, es sin duda alguna un paso que nos acerca a la verdad.

Ha habido un consenso entre especialistas en la región de los Grandes Lagos de África en considerar que el atentado que costó la vida a los presidentes de Ruanda y de Burundi fue el detonante que desencadenó la tragedia ruandesa: el genocidio tutsi, las matanzas generalizadas de hutu, los millones de refugiados, la desestabilización de toda la región, y un largo etcétera de calamidades. El relator especial de la Comisión de Derechos Humanos en Ruanda, en informes de 28 de junio y 13 de octubre de 1994, señaló: “el ataque del avión del 6 de abril, en el cual perdieron la vida el Presidente de la República ruandesa, Juvénal Habyarimana, el Presidente de la República de Burundi, Cyprien Ntaryamira, varias personas de sus séquitos y la tripulación del avión, parece haber sido la causa inmediata de los acontecimientos dolorosos y dramáticos que vive actualmente Ruanda… la muerte del presidente Habyarimana fue la chispa que provocó la explosión e inició las matanzas de civiles”.

Se produjo también un consenso más o menos generalizado en desculpabilizar al FPR y en buscar a los responsables del asesinato de los presidentes entre los extremistas del  régimen hutu: éstos necesitarían un pretexto para lanzar una carnicería ya planificada y el asesinato de su presidente –que se atribuiría a los tutsi– lo ofrecía. La respuesta a la objeción de que resultaba un tanto inverosímil que gentes del entorno del presidente decidieran liquidarlo era fácil: Habyarimana había hecho demasiadas concesiones al FPR y acababa de aceptar la puesta en marcha de un gobierno y un parlamento de transición, lo que significaba el desmantelamiento del régimen y de sus prebendas. Esta versión, muy publicitada, se convirtió en verdad oficial indiscutible. El campo de los buenos y el de los malos quedaba perfectamente delimitado. Por si alguien lo dudaba, los buenos eran los tutsi; los malos, los hutu. Por otra parte, la conmoción que inspiraba el genocidio de los tutsi impedía contemplar la hipótesis de que el FPR, una organización mayoritariamente tutsi, hubiera podido decidir cometer un atentado que previsiblemente iba a desencadenar  la muerte atroz de miles de personas inocentes pertenecientes a la misma familia étnica en el interior del país.

La fiscal general del Tribunal Internacional para Ruanda, la canadiense Louise Arbour, encargó en 1997 un informe sobre  el atentado al abogado australiano Michael Hourrigan. Este informe, que al parecer apuntaba al FPR como responsable del crimen, fue congelado. En la obra arriba citada, James Gasana, con numerosos datos y argumentos, demostraba que fue un comando del FPR el que derribó el avión presidencial y, en consecuencia, encendió la mecha en el polvorín ruandés. Muestra Gasana que el atentado fue una acción consciente y premeditada a fin de provocar el caos, para posteriormente conquistar y hacerse con el poder por medio de las armas. El atentado fue objeto de procedimiento judicial, desde el 27 de marzo de 1998, por las autoridades judiciales francesas. Las investigaciones del juez Jean-Louis Bruguière, a requerimiento de la viuda del piloto francés que pereció también en el atentado, llevaron a la misma conclusión: fue un comando del FPR el que disparó los misiles contra el avión presidencial. Las conclusiones de este juez, difundidas en marzo de 2004 por Le Monde, se hicieron públicas oficialmente el 17 de noviembre de 2006. Se basan en los testimonios de disidentes del FPR, entre otros en el del teniente Joshua Abdul Ruzibiza. Ruzibiza escribió un grueso libro (Rwanda, l’histoire secrète, Éditions du PANAMA, 2005, con prólogo y notas de Claudine Vidal y epílogo de André Guichaoua, dos expertos conocedores de las realidades ruandesas), en el que extensa y pormenorizadamente describe la planificación y ejecución del atentado. La instrucción francesa sobre el atentado ha seguido adelante con no pocos incidentes. Causó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ruanda y Francia, recompuestas parcialmente con la llegada al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bernard Kouchner, y de nuevo tensadas con su sustitución por Alain Juppé. La respuesta ruandesa a la instrucción judicial de Bruguière fue contundente: un informe, el informe Mucyo, que acusa  a altas personalidades francesas políticas y militares (entre ellas al actual ministro de Exteriores, Alain Juppé) de connivencia con los genocidas y de haber participado directamente en la preparación y ejecución del genocidio tutsi. En noviembre de 2008, Ruzibiza se retractó de lo que había declarado ante el juez francés e incluso ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda de Arusha (Tanzania). El régimen ruandés y sus aliados internacionales se alegraron, ya que la retractación de Ruzibiza podía significar el vaciamiento de la instrucción. Los jueces sustitutos de Jean-Louis Bruguière, Marc Trévidic y Natalie Poux, que han viajado a Ruanda con expertos en balística para completar la instrucción, se entrevistaron en el marco de una comisión rogatoria con Abdul Ruzibiza en Noruega el 15 de junio de 2010. Ruzibiza les explicó que su retractación “está ligada” a su “seguridad personal y a la de ciertos testigos” y confirmó las abrumadoras acusaciones contra el FPR. Estas declaraciones fueron filtradas a la prensa y Kigali volvió a hablar de “conspiración”. Ruzibiza murió de enfermedad en septiembre.

El auto del juez español Fernando Andreu, del juzgado central de instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, del 6 de febrero de 2008, en el que lanza un mandato de arresto internacional contra 40 altos dirigentes militares ruandeses, por considerarlos responsables, entre otros numerosos crímenes, del asesinato de varios misioneros y cooperantes españoles, acusa al general Paul Kagame de haber planificado y mandado ejecutar el atentado contra el avión presidencial.

La confesión del doctor Théogène Rudasingwa hay que enmarcarla en el contexto de una profunda crisis que a lo largo de estos últimos años se ha generado y crecido en el seno del Frente Patriótico Ruandés y de un lento proceso de pérdida de apoyos internacionales que está padeciendo el hasta hace poco tiempo mimado régimen ruandés.

Está por un lado la abierta disidencia de antiguos oficiales y altos cuadros tutsi. El símbolo más espectacular de esta disidencia está en la huida a Suráfrica, el 26 de febrero de 2010, del general Kayumba Nyamwasa, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército, exembajador en la India, antiguo jefe del Servicio Nacional de Seguridad. En 2007 había huido también a Suráfrica otro responsable de los servicios de espionaje, el coronel Patrick Karegeya. Gérald Gahima, fiscal general de la República y vicepresidente de la Corte Suprema, huyó a Estados Unidos. Más allá de estos ejemplos está el hecho de que desde el año 2000 el número de tutsi, miembros a veces importantes del FPR (oficiales, diplomáticos, magistrados, periodistas, cuadros de la sociedad civil), que ha abandonado el país ha aumentado considerablemente. Algunos han optado por la discreción y el silencio, mientras otros se han integrado en plataformas de oposición o las han creado. Es el caso de las personalidades citadas anteriormente, que en agosto de 2010 publicaron un documento, Rwanda Briefing, demoledor contra el régimen ruandés y desmitificador de la figura de Paul Kagame. Rudasingwa, Gahima, Karegeya y Kayumba son los principales promotores del movimiento político RNC (Rwanda National Congress, Congreso Nacional de Ruanda),  que nació el 12 de diciembre de 2010 en la ciudad estadounidense de Bethesda. Plantean “una Ruanda nueva que será una nación unida, democrática y próspera, habitado por ciudadanos libres en comunidades armoniosas y seguras, que vivirán juntas en paz en la dignidad y respeto mutuo, sin consideración de clase social, etnia, lengua, región, origen o cualquier otra diferencia, en una democracia regida por los principios universales de los derechos humanos y del estado de derecho”. Se abre la vía de posibles alianzas, hasta ayer consideradas contra-natura, con partidos opositores de predominio hutu, siguiendo la lógica de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Si así fuera, la pertenencia étnica dejaría de constituir la línea divisoria del espacio político ruandés.

Otro factor que puede haber impulsado la decisión de Théogène Rudasingwa de hacer una confesión pública de la implicación directa del presidente Paul Kagame en el asesinato de Habyarimana, más allá de otros factores personales o subjetivos (arrepentimiento, ajuste de cuentas, etcétera), es cierto distanciamiento perceptible estos últimos años de la comunidad internacional respecto del régimen de Kigali. La llamada comunidad internacional ha cerrado los ojos a lo largo de demasiados años ante los evidentes atropellos y fechorías cometidos en el interior del país y en la República Democrática de Congo por Ruanda. Para nada han valido las denuncias constantes de muchas organizaciones, como Amnistía Internacional, Human Rigths Wach o Reporteros Sin Fronteras. Hasta hace poco, al régimen de Kigali se le ha otorgado la licencia para matar. Más aún, quien levantaba la voz contra él ha sido tildado inmediatamente de connivencia con los genocidas, de negacionismo del genocidio tutsi y de pretender convertir en verdugo a un régimen que representaría a las víctimas. Pues bien, se han producido cambios notables en el contexto internacional. Hasta los amigos más fieles de Kagame, Estados Unidos y Reino Unido (Tony Blair sigue siendo consejero personal de Kagame y los Clinton siempre se han mostrado cercanos al líder ruandés), empiezan a mostrar disgusto ante la evolución del régimen. La implacable y feroz represión interna, con el aniquilamiento de cualquier atisbo de oposición, es una evidencia difícilmente disimulable. Las elecciones de agosto de 2010, con resultados soviéticos, no han engañado a nadie, a pesar de que la Unión Europea las haya saludado como “una nueva etapa en el progreso y desarrollo democráticos”. Estados Unidos fue menos hipócrita y expresó su inquietud por “acontecimientos molestos” (exclusión de la oposición, encarcelamiento de opositores y hasta asesinato de alguno de ellos) y su deseo de que se avanzara en el respeto de la oposición. Aunque pueda considerarse un episodio menor, la negativa de José Luis Rodríguez Zapatero a recibir oficialmente en Moncloa a Paul Kagame y su rechazo a copresidir con él en Nueva York una conferencia sobre los Objetivos del Milenio, fue una de las “manchas” en el brillante currículo de Kagame en el ámbito internacional. Poco después, el primer ministro belga, Yves Leterne, siguió el ejemplo del presidente del gobierno español.

En la progresiva deslegitimación internacional del régimen ruandés ha jugado un papel decisivo el informe, Mapping RDC, que la ONU publicó el 1 de octubre de 2010 sobre  las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en la RDC entre 1993 y 2003. Kigali trató mediante chantaje de impedir su publicación (amenazó con retirar sus 3.500 soldados de la misión de la ONU en Darfur) o, al menos, de edulcorar las acusaciones. Pero el informe mantuvo incluso la referencia a la posibilidad de que el ejército ruandés cometiera genocidio en el Congo. Como señaló el director de HRW, “las cuestiones de calificación y de terminología son importantes, pero no deberían eclipsar la necesidad de actuar sobre el contenido del informe, sea cual sea la manera como se califiquen los crímenes. Cuando menos, las tropas ruandesas y sus aliados congoleños han cometido crímenes de guerra y contra la humanidad a escala masiva y gran número de civiles han sido asesinados con total impunidad”. The New York Times  comparó los crímenes cometidos en el Congo a los que el Ejército Patriótico Ruandés (EPR) cometió en 1994 en Ruanda, pero que quedaron cubiertos por la complicidad del silencio. The Guardian escribió que “por sus intentos de impedir la publicación del informe, el gobierno ruandés plantea la cuestión de saber qué es lo que quiere ocultar. Las fuerzas de Kagame jugaron un papel crucial en el fin del genocidio de 1994 en Ruanda, pero ello no las absuelve de los crímenes que habrían cometido en los años posteriores, tanto en Ruanda como en el Congo”. El informe Mapping RDC sugiere la necesidad de crear en la RDC una jurisdicción especial mixta (congoleño-internacional) para juzgar a los responsables de estos crímenes. Esta idea ha sido apoyada por el gobierno congoleño, por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y por el embajador norteamericano, Stephen Rapp. Como dice el profesor Filip Reyntjens, “si esta jurisdicción se pusiera en marcha, colocaría a Ruanda ante un verdadero dilema: o renunciar al beneficio de un largo periodo de impunidad o rechazar el traslado de sus sospechosos ante el tribunal mixto y correr el riesgo de provocar la indignación de la comunidad internacional”.

Creo sinceramente que la confesión de un secreto a voces hecha pública el 1 de octubre por el doctor Théogène Rudasingwa adquiere un peso indiscutible en este marco: disidencia en el corazón mismo del núcleo de poder del FPR y contexto internacional menos complaciente con el régimen ruandés. Resulta inevitable hacerse muchas preguntas, entre otras, ¿por qué ahora, 17 años después?.

Nadie puede dudar que descubrir la verdad sobre el atentado del 6 de abril de 1994 y juzgar a los autores del asesinato del presidente Juvénal Habyarimana obligará a releer y resituar la historia reciente de Ruanda. Ya lo señalaba Carla Del Ponte, fiscal general del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, antes de ser destituida de sus funciones por presiones norteamericanas y británicas, debido a su empeño por investigar, en cumplimiento del mandato explícito del tribunal creado en 1995, todos los crímenes cometidos en Ruanda desde enero a diciembre de 1994, incluso los posibles perpetrados por el FPR antes, durante y después de su conquista del poder. Todo parece indicar que si el camino hacia la verdad sigue ampliándose. con nuevos testimonios y pruebas materiales, serán muchos los gobiernos, las políticas, las personas (expertos, periodistas, analistas, etcétera) que se verán descolocados y quizás avergonzados por haber contribuido consciente o inconscientemente al silencio y al ocultamiento de la verdad, cómplices de la mentira e impunidad.

Los que hemos trabajado en Ruanda sabemos que una de las características definitorias de la mentalidad ruandesa  es la desconfianza y el miedo del otro. Bien es cierto que la historia lejana, menos lejana, próxima e inmediata, de cada uno de los ruandeses alimenta abundantemente este sentimiento paralizante e inhibidor de cualquier veleidad de entendimiento entre distintos. La confesión de Rudasingwa ha sido acogida por los suyos, los tutsi en el poder, como una traición y lo han llenado de insultos. No conozco la reacción de los movimientos políticos opositores con predominio hutu. Imagino, sin embargo, que los debates serán entre quienes dan por supuesto que Rudasingwa y los disidentes del FPR sólo tratan de engañarlos y quienes apuestan, no sin riesgos, por la necesidad de superar confrontaciones que tanto sufrimiento han causado a unos y otros y de abordar la difícil e ingente tarea de la búsqueda de la verdad y de la reconciliación. Si yo fuera ruandés, me alinearía en las filas de estos últimos.

Ramón Arozarena es catedrático de Francés de enseñanza media jubilado. Ex cooperante en Ruanda y en la República Democrática del Congo, colabora con varias ONG. En FronteraD ha publicado Antagonismo tutsi / hutu. ¿Un trágico invento colonial?