«Todos los partidos en el poder se parecen, en la oposición cada uno lo está a su manera». Es la frase que, parafraseando a Tolstoi, acabo de escuchar en la radio. Y tenemos que darle la razón. Son muchos años y muchos Gobiernos los que se han sucedido en España y, sobre todo en las últimas legislaturas, la gestión ha sido parecida, salvo matices más o menos importantes. Pero ello no debe llevarnos al desánimo ni a dejar de exigir ciertos cambios necesarios en España, máxime cuando vuelve a haber elecciones (o pese a que tenga que volver a haberlas por incapacides o ambiciones de los partidos políticos). Cualquier Gobierno de progreso que llegue al poder tras los comicios del próximo 26 de junio debería ser capaz de cumplir con un puñado de misiones urgentes. Se trata de una batería de objetivos mínimos, asumible para cualquier partido político de progreso. Si la transversalidad es el nuevo totem, que sea alrededor de estos puntos:
1. Realizar una profunda reforma fiscal que resuelva los problemas de ingresos y gastos de España. Se ingresa poco y se gasta poco en comparación con el resto de la Unión Europea. Con datos de 2015 de Eurostat, de media, en la Unión Europa, los países son capaces de ingresar una cantidad equivalente al 45% del PIB. En España, de apenas el 38%, una cifra que está incluso por debajo de Grecia (48%), un país del que comúnmente se dice que no tiene una maquinaria adecuada para recaudar. En cuanto a gasto, de media, en la Unión Europea, los Estados gastan lo equivalente al 47,4% de su PIB. En España, esa cifra baja hasta el 43,3%. El próximo Gobierno tiene el reto de converger en ingresos y gastos con la media comunitaria. Y la diferencia mayor con los países de entorno se encuentra en los ingresos. Hay que buscar la vía para conseguir que el Estado recaude. Y lo haga, además, no con trampas que mermen aún más la progresividad del sistema fiscal (vía IVA, por ejemplo), sino perfeccionando la justicia impositiva. Aunque no hay que dejar de lado el gasto, para recuperar lo perdido en sanidad y educación, por ejemplo, e irlas mejorando.
2. La siguiente misión a la que hay que hacer frente es a la reducción de la desigualdad. En España, teníamos el índice de Gini en 34,5 puntos en 2014, que es último año del que hay datos disponibles en Eurostat. La media de la Unión Europea se encontraba en los 30,9 puntos. Es necesario, además, mejorar la eficiencia de las políticas recaudatorias y de transferencia de rentas para luchar contra la desigualdad. De media, en la Unión Europa, antes de transferencias sociales, la desigualdad medida por el índice de Gini se sitúa en los 48,8 puntos. En España, en los 50,9. Eso significa que, de media, en la UE el Estado de Bienestar es capaz de reducir la desigualdad en casi 18 puntos (en los países de la zona euro, los más avanzados, en 21,1 puntos), mientras que en España, sólo en 16 puntos.
3. La reducción de la desigualdad tiene mucho que ver con la lucha contra la pobreza. En España, un 29,2% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, cinco puntos por encima de la media de la Unión Europea, y más de un punto por encima de la media de los últimos doce países en incorporarse al club. Si lo comparamos con la media de los países de la zona euro, España todavía sale peor en la foto: la pobreza en nuestro país es seis puntos superior.
De todas las pobrezas, la más sangrante es la que sufren los niños. El 64,1% de los hijos de menos de 18 años de personas con bajo nivel de estudios están en riesgo de pobreza o exclusión social, aún por encima de la ya alta tasa de la Unión Europea (63,8%) y de la que tiran al alza los doce nuevos países miembros de la Unión (84,5%).
4. Para solventar estos problemas, también hay que converger con Europa en gasto en protección social por habitante. En 2013, último año para el que Eurostat dispone de información sobre este asunto, se gastaban 5.675,20 euros por habitante en España, 2.000 euros menos que en la media de la Unión Europea un año antes (7.616,40 euros). En términos de PIB, con datos de 2014, el gasto en protección equivale al 17,6% en España, dos puntos menos que en la media de la Unión Europea. Aunque, además de abordar cuestiones cuantitativas, también hay que realizar transformaciones cualitativas en el Estado del Bienestar (o Medioestar) español, para desvincular los derechos de la posición que se ocupa en el mercado de trabajo y poner en marcha políticas de apoyo a familias y personas por el mero hecho de existir. Hay que comenzar a desarrollar rentas mínimas más generosas, mínimos vitales, rentas básicas…
5. Este último conjunto de medidas iría encaminado a resolver uno de los problemas crecientes en nuestra sociedad: el trabajo cuya renta no es capaz de proporcionar una vida digna. En España, de acuerdo con datos de 2014 recogidos por Eurostat, el 21,3% de los trabajadores son pobres, casi diez puntos por encima de la media de la Unión Europea (12,7%). Para luchar contra este poblema, podemos hablar de complementos salariales (que corren el riesgo de convertirse en subvenciones para empresas que remuneran con sueldos muy bajos, o incluso en coartadas y justificaciones para un mercado laboral de bajísima calidad subsidiando a la patronal), pero también de reformas laborales que recuperen derechos perdidos y reequilibren la balanza de poder de empresarios y trabajadores, demasiado inclinada en favor de los primeros tras los últimos cambios legales. Aunque, en realidad, el mercado de trabajo, más que parches y soluciones mirando al corto plazo, necesita de una reflexión en profundidad ante el enorme reto que supone la nueva economía, para la que cada vez son necesarios menos trabajadores, que genera cada vez menos ingresos por impuestos para el Estado, que merma la recaudación de la Seguridad Social para pagar las pensiones… Un gobierno de progreso debería estar diseñando políticas públicas para que la enésima revolución industrial no genere tanto dolor como la primera.
6. El sexto reto al que debe enfrentarse el próximo ejecutivo es asegurar unas pensiones públicas suficientes para que las personas que llegan a la edad de jubilación puedan tener una vida digna. El gran éxito, pocas veces resaltado, de España en los años de crisis es que las pensiones públicas han sido un blindaje de nuestros mayores contra la pobreza y la exclusión social. De acuerdo con la última Encuesta de Condiciones de Vida, publicada en 2015 con datos de 2014 (la de este año ha de estar a punto de darse a conocer), entre la población de 65 y más años, la tasa de pobreza está en el 11,4%, frente al 22,2% de la población en su conjunto y del 30% de los niños.
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