Ser mujer, indígena y pobre parecieran factores que en Oaxaca, al suroeste de México, aíslan del Sistema de Salud. En uno de los estados con mayores carencias económicas del país no hay hospitales especializados para la atención médica de la mujer, aún cuando la mayoría de los casos que se reciben en primera instancia por un médico familiar tienen que ver con cuidados ginecológicos y obstétricos. Cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino y la atención de partos es lo que más se atienden.
“A las autoridades estatales no les interesan las mujeres. Había un hospital en construcción y el titular de Salud lo suspendió porque dijo que ya no hacía falta, sin más razón”, comenta Soledad Jarquin, periodista y activista de Derechos Humanos.
En Oaxaca, y en concreto en el municipio de Matías Romero, una de las zonas montañosas del Istmo de Tehuantepec, a seis horas en autobús desde la capital del estado, las mujeres de la etnia mixe, una de las 18 que conviven en el estado, no están siendo informadas debidamente con campañas gubernamentales sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Son organizaciones civiles como Nääxwiin: Centro para los Derechos de la Mujer, quienes imparten talleres, acuden a las comunidades a platicar con ellas y las apoyan emocionalmente.
Salimos de la cabecera municipal de Matías Romero rumbo a Plan de San Luis. Tras hora y media de camino, la mayoría sin asfaltar, llegamos a esa comunidad. Ahí nos espera Marcela, una joven de 21 años que meses atrás había dado a luz a mellizas (cuates como le dicen aquí).
Dos pequeñas casas hechas de adobe sin piso firme, construidas directamente sobre la tierra. Una es la cocina; la otra los cuartos donde duermen todos juntos, sus padres y hermanos. En medio de ellas, los animales, sobre todo las gallinas, que se pasean entre nosotros nada más llegar. Ahí, sobre un pequeño pasto a la sombra de los árboles platicamos.
En México existen dos formas de acceder al servicio médico público. Los que a través de sus trabajos son afiliados a la Seguridad Social para tener este derecho, y los que se acogen al llamado Seguro Popular, personas que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia. Éstos son sometidos a una valoración económica para determinar el costo, aunque sea mínimo, de una consulta. Fuera de ello, están los seguros privados. Al Seguro Popular es al único al que puede acceder Marcela porque ella no tiene trabajo.
Llegó la hora del parto, pero en Plan de San Luis no hay infraestructura médica para eso. Un total de 12 kilómetros de terracería (camino sin pavimentar) y dos horas más en carretera normal hasta llegar al hospital más cercano. Aún así Marcela no fue atendida porque el personal estaba en huelga. Por eso, con los dolores a cuesta por las mellizas que venían en camino llegó a otro centro, al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) de Matías Romero, al que ella no tenía derecho. Casi rogando y por piedad fue recibida.
Le hicieron una cesárea porque supuestamente las niñas venían mal. Una práctica que, por cierto, está siendo empleada en exceso y que ha traído más complicaciones médicas por su mal uso –incluso la muerte de muchas de esas mujeres– que beneficios.
Tras el parto Marcela se recuperaba en una habitación compartida y precaria. Al despertar alcanzó a leer en la cabecera de la cama, la palabra DIU. Supuso que le habían colocado un dispositivo intrauterino porque ha escuchado que así les pasa a otras mujeres. “No me preguntaron si iba a usar un dispositivo y cuando ya estaba en mi habitación me di cuenta de que sí me lo habían puesto. Me quedé sorprendida porque nunca me lo preguntaron”.
Pero no se quejó ni lo cuestionó. Tenía temor a represalias ya que había sido atendida casi como un favor. Con el dispositivo en su útero salió del hospital.
Recuerda cómo en la cama de al lado una señora que también estaba a punto de dar a luz era presionada para que permitiera que se lo colocaran tras su parto. “Las enfermeras entraban a cada rato para preguntarle si ya lo había pensado, y le decían que de ahí no saldría sin el dispositivo, porque después no iba a venir de nuevo. Se estaban como quejando de que uno llegue embarazada a los hospitales, o no nos quieren atender”. Como una imposición, o simplemente a través del engaño, el personal sanitario en Oaxaca está haciendo su propio control de natalidad amenazándolas con quitarle los programas gubernamentales si no aceptan.
Ella sigue sincerándose. A tal grado que, en la confianza de estar hablando, no con una reportera, sino con otra mujer, pregunta las dudas que no se atreve a hacer al único médico que ahora hay en su comunidad.
—¿Es normal que de repente me aparezca y desaparezca un hilito?
—No, no lo es. ¿No se lo has dicho a un doctor?
—No, me da pena [vergüenza].
—¿Sabes que tienes el derecho de pedir que te lo quiten?
Se queda callada y pensativa como asumiendo que ese dispositivo llegó para quedarse. Que ya no puede hacer nada, porque querer quitárselo sería dar a entender a los médicos, e incluso a su comunidad, que no se cuida, que va a andar con más hombres sin importarle su salud reproductiva.
La vergüenza, la ignorancia y la discriminación de la que son objeto las están poniendo en riesgo. Infecciones por el mal manejo del personal sanitario y vulneración de su derecho a la maternidad son algunos de los factores que las están estigmatizando.
El primero de muchos casos mediáticos
Varios han sido los casos de negligencias médicas que han salido a los medios desde finales del año pasado, sobre todo a mujeres indígenas de Oaxaca. El primero que se recuerda fue el de una persona de la etnia mazateca. En las redes sociales se difundió rápidamente una fotografía en la que se le veía dando a luz en el patio del centro de salud de su comunidad, en Jalapa del Marqués, porque el personal médico se negó a atenderla. Fue el 2 de octubre de 2013. Irma López fue ese primer caso que saltó a la luz pública. Después se supo que a ella también le habían colocado un DIU y, peor aún, ni quiera correctamente, porque quedó embarazada de ese niño que vio la luz en plena calle.
En lo que va del año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha iniciado 12 investigaciones y ha emitido dos recomendaciones por casos de negligencias médicas contra mujeres embarazadas en este tipo de hospitales. Seis de esos casos han ocurrido en Oaxaca.
Partos afuera de hospitales porque no quieren atenderlas, en los baños de esos centros porque las dejan esperando sin que alguien las reciba, en el auto de los estacionamientos de las clínicas, y peor aún: muertes maternas en quirófano por hemorragias y malas prácticas obstétricas. Entre ellos, Oricel Santiago, de 18 años, dio a luz en el baño del hospital de Teojomulco el pasado mes de febrero. Al igual que la hija de Liliana Ramírez quien denunció que su hija, una menor de edad, parió en el interior de un automóvil a la entrada de urgencias del hospital del IMSS en el puerto de Salina Cruz.
Luego el de una mujer que tras un año en coma por una infección después del parto, murió. Se descubrió que le habían dejado unas tijeras en la matriz. Ocurrió en Miahuatlán de Porfirio Díaz. El más reciente y grave caso de negligencia tuvo lugar el 4 de junio en el hospital Macedonio Benítez Fuentes, de la ciudad de Juchitán (Oaxaca). Rosalba Vicente Morales perdió a su bebé durante el parto después de estar esperando nueve horas para que la atendieran, cuando había sido remitida a ese centro porque necesitaba una cesárea urgente. Empezó a presentar sangrado, pero al salir del quirófano informaron que la niña que esperaba había muerto. Después se supo que también le habían quitado la matriz sin su consentimiento. El hospital dijo que tuvo una ruptura de la matriz y por esa la extirparon. Algo que los familiares dudan y por lo que el organismo de Derechos Humanos nacional inició una investigación.
La discriminación hacia la mujer indígena
Pero ¿cómo el personal de Salud violenta a las mujeres? “Pues porque huelen mal, porque llegan con los pies sucios, porque no se bañaron antes del parto o porque no hablan español. Hay muchos casos de muerte materna donde las mujeres vienen trasbordando de ciudad en ciudad porque no las quieren atender por miedo a que puedan tener complicaciones y para no quedarse con los números rojos las van mandando al pueblo de al lado”, nos dice Soledad Jarquín, periodista y activista oaxaqueña.
Nääxwiin trabaja con las mujeres del Istmo de Tehuantepec explicándoles sus derechos sexuales y reproductivos, hablándoles de la violencia de género, y de cómo enfrentar el machismo. Quienes ahí trabajan son mujeres del lugar que ejercen de promotoras comunitarias. Lourdes es una de ellas.
“Son las discriminadas, van a los centros de salud y se burlan de ellas porque no pueden entenderlas, porque las mujeres no hablan bien el español. Supimos de un caso donde el médico, al escucharla hablar en su lengua mixe, le contestó en inglés”. La falta de respeto y de un trato digno por parte del personal médico es constante. Lourdes durante su embarazo también lo sufrió. “Cuando pasas a que el médico te revise la panza le grita a tu esposo: ‘¡pásale, ven para que veas a tu bebé. Pasa tú porque yo no lo hice, lo hiciste tú!’”.
Las prácticas médicas en el estado están atentando incluso contra la integridad física de las mujeres. “En la sala de expulsión podríamos hablar de la episiotomía, un corte que se le hace a las mujeres en la vagina y que aquí se realiza de manera rutinaria, cuando todas las recomendaciones son que solo se realice en muy pocos casos. Yo les pido que se imaginen lo que significa un corte en la vagina de la mujer en el momento en que está dando a luz cuando no es necesario. Es una violación muy grande. Además, en Oaxaca, al 85% de las mujeres se les hace la revisión de cavidad uterina. Al salir la placenta, se le mete la mano dentro de la vagina y se le limpia. Así. Esta es una maniobra profundamente dolorosa cuando no se hace bajo anestesia, y en la mayoría de los casos no usan anestesia. Además, desde hace más de 20 años ha sido declarada por la OMS como una práctica dañina; no solo no recomendada, sino dañina”, explica Aracely Gil, coordinadora de la ONG Nueve Lunas.
Organizaciones como la suya han denunciado que para evitar embarazos no deseados, o llevar a cabo una planificación familiar, en lugar de campañas informativas y de concienciación, haya amenazas y engaños por parte de las autoridades. Con ella coincide Alba Hernández, partera del pueblo de San Francisco Lachigolo. “En una ocasión en que varias mujeres estaban en una mayordomía [fiesta popular] fueron citadas al centro de salud. No sabían para qué, pero todas regresaron malas, no se sentían bien. Y es que les hicieron el papanicolau [citología] sin avisarles”.
Hablar de negligencias médicas en Oaxaca pareciera tabú entre los organismos oficiales. Nadie menciona el término, aún cuando la mala atención a las mujeres es el que más quejas genera. “La atención gineco-obstetra es la de mayor demanda, tan solo en 2012 recibimos 58 quejas”, dice Mario Bustamante del Valle, presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.
Pero los datos hablan solos. El índice de mortalidad materna en el estado es uno de los cuatro más altos del país según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El más reciente señala que en 2012 la tasa fue del 61,3% de las embarazadas. Por su pare, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social destaca que el 44% murió por hemorragia durante el parto, el 12% por causas obstétricas indirectas y el resto por otras complicaciones. Por su parte, la Red en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) señaló que se han documentado más 300 situaciones vejatorias relacionadas con demoras, violencia verbal y emocional, maltrato físico, falta de confidencialidad, de información y carencia de recursos en los servicios de ginecología.
En ocasiones, ante la desesperación de no ser atendidas, varias mujeres han llegado a practicarse “autocesáreas”, arriesgando su vida en ello. Sufren hemorragias, preeclampsias y hasta abortos espontáneos. Esta situación ha llevado a que se emitan “alertas obstétricas”, pero en lugar de que se sirva para mejorar la red médica, lo único que se ven son más casos vejatorios. Ni siquiera en términos legislativos hay avances. La presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Ivone Gallegos, señala que desde 2011 hay una iniciativa de ley contra las agresiones de personal sanitario hacia las mujeres embarazadas conocida como Ley contra la Violencia Obstétrica. Una iniciativa que está congelada debido a las presiones del sindicato médico. “Era un tema muy delicado. Nosotros lo tratamos con la Secretaría de Salud, con la sección 35 del Sindicato, con médicos y enfermeras, y nos decían que no se les puede penalizar cuando que están a 10 horas de la capital de Oaxaca y no cuentan con sutura, ni material adecuado para atenderlas”, comenta la legisladora.
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El hospital del Seguro Popular, conocido como el Hospital Civil, está saturado. Atiende a 800.000 personas al año cuando su capacidad es para 200.000. El 60% de los casos son del área de gineco-obstetricia, partos en su mayoría: 22 al día, y de ellos, entre 3 y 4 cesáreas. Todo con solo dos quirófanos.
Pero es fuera del hospital donde surgen las historias. Decenas de mujeres en la acera, sentadas o acostadas. Con mantas y carpas improvisadas pasan el día y la noche. La mayoría, madres que acaban de dar a luz.
Es el caso Olga. Tiene 27 años y lleva varias semanas quedándose afuera del sanatorio porque su hijo nació prematuro. Es de Putla, a siete horas de autobús de la capital oaxaqueña. Aguarda en la calle porque no hay espacios al interior del centro para esperar noticias, ni para acompañar a su bebé. La mandaron aquí porque en su comunidad no contaban con pediatra ni incubadora. Además, tuvo que pagar por un servicio que debería ser gratuito. “Me trajeron en ambulancia pero me salió caro, tuve que pagar 3.500 pesos (180 euros aproximadamente)”.
Olga es una mujer más a la que le hicieron una cesárea sin sentido. Hay quienes dicen que así justifican los recursos que les llegan a los hospitales. Haciendo intervenciones quirúrgicas, por pequeñas que sean.
A la hora del parto ella lo pasó muy mal. “Me operaron, pero se pasaron. Perdí mucha sangre y me tuvieron que poner. Y ahorita voy a reponer también la sangre que perdió mi bebé. Voy a buscar dos donadores”. En México cuando una persona está hospitalizada en el sector público y tiene que ser operada es requisito indispensable presentar al menos dos donantes debido a la escasa cultura de la donación. Los bancos de sangre no tienen suficiente para toda la demanda. Ella, además tiene que ocuparse de eso.
Son los rostros de un sistema que atenta contra el derecho a la Salud en Oaxaca, pero que no es exclusivo de esa entidad. Una realidad que fue más visible gracias a una fotografía, la de Irma López, aquella mujer indígena mazateca que diera a luz en el patio de un hospital y que al difundirse a través de las redes sociales ayudó a destapar un problema que va más allá de la falta de personal médico o de su incapacidad para atenderlas. Una realidad, que pese a la indignación social se sigue repitiendo. Una situación donde los derechos de la mujer, y no solo de la mujer indígena, son violentados constantemente. Todo como si no se tuviera el derecho a enfermar.
Este reportaje apareció, en una versión más corta, en el programa Semanal 28 de la Cadena Tres de México.
Laura de Pablo es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Información Económica. Lleva siete años residiendo en México, donde hace reportajes para televisión, radio y prensa, sobre todo de temas sociales. Vive en DF y trabaja para Grupo Imagen Multimedia (diario Excélsior, la estación de radio Imagen y las televisiones Cadena Tres y Excélsior Televisión). En FronteraD ha publicado Parteras en Oaxaca, una tradición mexicana en extinción. En Twitter:@lauradepablo
