Hace unas semanas Donald Trump se entregó a las autoridades del condado de Fulton en el estado de Georgia, tras ser acusado de conspiración por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado.
En los diferentes editoriales y artículos de opinión abundan los análisis sobre la cuestión. Varios medios de comunicación publican encuestas analizando la opinión pública al respecto. Las redes sociales comentan y hacen memes con la primera foto policial (mugshot) de un expresidente de Estados Unidos. Medios conservadores como el Wall Street Journal entrevistan a expertos legales que aseguran que los cargos que a Trump le imputan son desproporcionados y difícilmente prosperarán. Los más devotos del exmandatario critican la falta de imparcialidad de los fiscales y denuncian que se trata de una caza de brujas por parte del partido demócrata para dañar a su principal rival.
Pero hasta ahora ningún medio se centra en la posibilidad de que Trump sea condenado y, en consecuencia, entre en prisión. Lo máximo que se ha llegado a comentar es que la ley no impide al magnate presentarse a presidente desde la cárcel. (Esto ya lo hizo el candidato socialista Eugene V. Debs en 1920, mientras cumplía su sentencia por criticar la participación de su país en la Primera Guerra Mundial). Los análisis sobre los efectos que la condena y encarcelamiento de Trump tendrían en la democracia estadounidense brillan por su ausencia. Y es necesaria una reflexión sobre el estado actual del espíritu democrático en Estados Unidos, y si éste tiene todavía la fortaleza suficiente para encajar las consecuencias que surjan de estos procesos judiciales.
En democracia, el poder judicial juega un rol fundamental. No sólo supone un mecanismo para la pacífica resolución de conflictos, sino que además sus decisiones deben asentarse en los hechos probados. En los tribunales importa la búsqueda de la verdad demostrando lo que se argumenta, dejando fuera todo tipo de populismo, manipulación, sesgo o posverdad. Por ello, una condena a Trump sería tan significativa. Confirmaría en sede judicial una actuación intrínsecamente antidemocrática: el intentar revertir – en ocasiones mediante la fuerza y la amenaza- un resultado electoral. La incapacidad de un hombre de aceptar la voluntad popular y su intención de ponerse por encima del régimen constitucional. Todo ello, mientras lidera un partido que históricamente ha defendido la democracia y los valores individuales. En una sociedad con un fuerte espíritu democrático esta hipotética condena supondría el rechazo y repudio unánime a la figura de Trump.
Y sin embargo, lo más probable es que ese rechazo unánime nunca llegue a darse. Trump mantiene un férreo control sobre el partido Republicano. Actualmente diez senadores lo apoyan y varios más repiten sus consignas ideológicas. En las encuestas de las primarias republicanas el expresidente mantiene una ventaja de cuarenta puntos porcentuales sobre sus rivales. Y los otros dos candidatos con más apoyos – Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy- son los más parecidos, en ideología y estilo, a Trump. En el debate celebrado hace unas semanas entre los aspirantes a presidente, sólo dos no levantaron la mano cuando les preguntaron si mantendrían su apoyo al magnate en caso de que fuese nominado y posteriormente condenado. Pero lo más importante de todo es que el establishment conservador nunca ha querido mantener viva un ala de pensamiento alternativo a Trump. En su segundo impeachment tras el asalto al Capitolio, sólo siete de los cincuenta senadores de su partido votaron a favor de condenarle. Cuando empiece la siguiente legislatura, en 2025, sólo quedarán tres de ellos. Muchos republicanos critican hoy sus imputaciones defendiendo que Trump ejercía su derecho a la libertad de expresión cuando criticaba que la elección había estado amañada. Pero apenas se encuentran en sus declaraciones un esfuerzo de ofrecer una narrativa alternativa a la de Trump. No hay un discurso que defienda de forma vehemente la validez de las elecciones de 2020.
Por lo tanto es razonable asumir que no sólo no se rechazará a Trump en caso de que sea condenado, si no que posiblemente una parte importante del partido Republicano denunciará la condena como una maniobra política. En la newsletter que el partido manda a sus miembros denuncian las imputaciones como una persecución demócrata. Una instrumentalización del departamento de Justicia por parte de Joe Biden contra el rival al que más teme. Cabe pensar, por lo tanto, que el GOP no sólo le apoyará si es condenado, sino que posiblemente le equiparen a un preso político.
La ausencia de rechazo a Trump, el apoyo mantenido al expresidente y la denuncia de la potencial condena como injusta supondría la total deslegitimación por parte de un partido político de su sistema judicial. La experiencia demuestra que una vez se deslegitiman las instituciones como herramientas del rival, los políticos se sienten respaldados por su base para atentar contra ellas, especialmente contra aquellas que suponen un control independiente a su poder. Trump ya ha pedido a la Cámara de Representantes que le retire la financiación al departamento de Justicia y al FBI. El candidato Vivek Ramaswamy -que está ascendiendo en las encuestas dado a la cercanía de su discurso al del expresidente- aboga también por el cierre de este último.
Todo ello sin entrar a reflexionar sobre la impredecibilidad de que una parte de la población piense que Joe Biden ha encarcelado al principal líder de la oposición. Si Trump fue capaz de convencer a una masa de asaltar el Capitolio porque las elecciones habían sido amañadas, asusta pensar lo que podría ocurrir si un grupo similar de personas pensase que se le está encarcelando injustamente.
Uno de los pilares fundamentales la democracia es la confianza en un sistema judicial independiente. Si una parte de la población piensa que la ley se está aplicando de forma injusta o arbitraria, es más probable que renuncie a intentar cumplirla. Si un porcentaje importante de la ciudadanía considera que los Tribunales no imparten justicia es más probable que intenten tomarse esta por su mano. Por eso un cuestionamiento como el que está llevando hasta ahora el GOP es tan peligroso para la fortaleza de la cultura democrática en Estados Unidos.
Si el partido Republicano mantiene su apoyo a Trump en caso de que sea condenado y persiste en su discurso de denunciar sus juicios como maniobras injustas por parte de los demócratas, ese pilar democrático que es el poder judicial quedará profundamente dañado y sus consecuencias son impredecibles.
La única esperanza para el fortalecimiento de la democracia en Estados Unidos es que el votante independiente (y quizá el republicano moderado) rechace a Trump en las elecciones, de forma que se abra un serio proceso de reflexión en el partido Republicano. Y es que, desde que Trump llegó al poder -y especialmente desde que se negó a dejarlo- el GOP ha ido cediendo terreno electoral a los demócratas. La posibilidad de que Trump pierda las primarias es ínfima, pues su apoyo ha aumentado después de las imputaciones. El veredicto final, por lo tanto, lo tienen los votantes estadounidenses. Las encuestas actualmente muestran a los votantes divididos entre Biden y Trump, sin un claro ganador. El partido está igualado y el resultado es impredecible.
