El dolor de cada víctima en un conflicto es único, personal e intransferible; pero cuando se suma todo ese pesar, se convierte en un trauma colectivo al que nadie puede escapar. Compartirlo, es el primer paso para la reconciliación.
“Las víctimas son la razón más importante de la presencia de la ONU en Colombia. Cuando hablamos de la guerra y la paz, no hablamos de ideas o conceptos abstractos, hablamos de la gente que sufre, sobre todo hablamos de los que murieron, de sus familias, de sus amigos; y hablamos de otros que fueron victimizados de muchas otras formas. Expreso mi profunda solidaridad y al mismo tiempo mi apoyo. Se que nada puede restituir lo que perdieron y por eso tengo que pedirles disculpas por no poder hacer más (…) Quiero escuchar lo que les parece que no estamos haciendo bien y podríamos hacer mejor”.
Con estas palabras, el Secretario General de la ONU abrió el que fue su acto más íntimo, reservado y emotivo de todos los que mantuvo durante su reciente visita a Colombia para conocer el estado de salud del proceso de paz; una visita que se produjo cinco años después del Acuerdo de La Habana, que selló una guerra de más de cincuenta años.
Frente a António Guterres, estaba el sacerdote jesuita Francisco De Roux, presidente de la Comisión* para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición , entidad que apoyó la celebración del encuentro.
Entre ambos, se sentaba un grupo de doce víctimas, seis a cada lado, cuyas voces reflejaban un ángulo distinto del dolor en el poliédrico conflicto de Colombia, pero también la arista universal de la esperanza y la resistencia.
“Su presencia aquí, al lado de las víctimas del conflicto, dice todo lo que significan las Naciones Unidas en Colombia y en el mundo: la apuesta de la humanidad por las personas que han sufrido las consecuencias de la guerra”, respondió el padre De Roux.
Un vacío que debe llenarse con la comprensión y el diálogo
Todos formaban un círculo en una sala del Museo Nacional. Su frío suelo está construido con el metal fundido de las 8994 armas entregadas por las FARC-EP a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Se trata del contra-monumento“Fragmentos”, ideado por la artista Doris Salcedo con la intención de promover el diálogo y la reflexión en un espacio que representa, de forma desnuda, el inevitable vacío y la ausencia que deja la guerra.
Como el vacío que la guerra dejó en Isabela Vernaza, la primera víctima en hablar, que fue secuestrada junto a su esposo y sus dos hijos por el ELN el 30 de mayo de 1999 en la Iglesia La María de Cali, en lo que constituyó el mayor secuestro colectivo que ha vivido el país.
Un vacío que no concluyó cuando tuvo que pagar por su liberación, sino que continúa todavía porque, a diferencia de otras víctimas -dijo-, no ha podido encontrarse con sus secuestradores. “Ese proceso de negociación está inconcluso y ojalá pueda continuar”, explicó en relación con el hecho de que ELN es un grupo armado colombiano que aún no ha firmado ningún acuerdo de paz.
A pesar de ello, Isabela, como todas las otras víctimas presentes en la sala, apostó por la paz cuando dijo: “Mi dolor no es único, el otro tiene su dolor y, en esa medida, reconociéndonos, podemos reconciliarnos y trabajar unidos por el país”.
Tras ella, intervino Roberto Lacouture, que fue secuestrado el 6 de octubre de 1989 por las FARC y permaneció atado a un árbol durante buena parte de los 87 días que estuvo en cautiverio; hasta que, al igual que Isabela, fue liberado tras el pago de un rescate.
Toda su familia fue perseguida por distintas guerrillas de izquierda y por las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de extrema derecha.
“Sufrimos más de 50 secuestros en mi familia, nos bombardearon las fincas y nos robaron nuestros animales. Cuando no nos encontraron, mataron a nuestros trabajadores”, dijo Roberto que denunció que “el proceso de paz es un agravio, porque los favorecidos son los victimarios, y porque los máximos responsables no van a ir la cárcel, no van a ser castigados y no han dicho la verdad”.
Y, sin embargo… “A pesar de la rabia y lo que siento, soy un hombre de paz (…) No puede permitirse que los excombatientes regresen a la guerra, hay que ayudarlos. Necesitamos la ayuda de la ONU. Les invito a que nos ayuden a darles una oportunidad de vida a ellos y a las víctimas, que somos centro del conflicto”, dijo.
No nos abandonen
A su lado se sentaba Ángel Alberto Morera, excombatiente reclutado por el ELN cuando era un niño y después militante en las FARC, que aseguró representar a los menores de edad que bombardean y justifican asesinatos sin preguntarse tan siquiera por qué forman parte del conflicto.
“Soy consciente de lo cruel y duro que es, y no quisiera que otros jóvenes en mí país lo vivieran. No somos máquinas de guerra. Si nos brindan herramientas y nos dan una oportunidad, podemos construir la paz. Como persona en proceso de reincorporación lo sé. Hay hijos que han nacido después del proceso de paz y no quiero que vivan lo que yo viví”, reflexionó Ángel Alberto, que ahora tiene 24 años y se dedica a la música.
“A la ONU, le pido que no nos abandone. Nuestras manos están manchadas, pero queremos remediarlo, tenemos la capacidad. Dennos la capacidad de construir. No más niños para la guerra; es algo cruel”, dijo. Y emocionado, añadió: “Pido perdón a las víctimas porque, cumpliendo órdenes, yo cometí errores”.
En ese momento, Roberto Lacouture acercó su cuerpo al de Ángel Alberto y, extendiendo su brazo, apretó el de Ángel Alberto en un gesto que expresaba toda la comprensión.
Le relevó en la palabra Yessika Hoyos Morales. Su padre, Jorge Dario Hoyos Franco fue asesinado el 3 de marzo de 2001 en su casa en Fusagasugá (Cundinamarca) por “el Estado y el paramilitarismo”. Mientras, ella sigue recibiendo hoy amenazas por su compromiso como lideresa social y abogada de derechos humanos.
“No quiero que mis hijos vivan lo que yo viví”, afirmó. “Las víctimas de crímenes de Estado respaldamos el acuerdo de paz. Esto nunca más debe volver a ocurrir”.
Yessika pidió después el respaldo de la ONU para el sistema de justicia integral “porque solo a través de la verdad podemos entender esos hechos para que nunca más se repitan”. También solicitó que la Organización contribuya a apoyar la búsqueda de personas desaparecidas, “porque no se han buscado ni se han encontrado a todas las personas”.
Los campesinos ponen los muertos
El siguiente en hablar fue Esteban Hernández, campesino torturado por los paramilitares y sobreviviente de dos matanzas, una perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia, la otra por las FARC-EP. Las masacres se produjeron por disputa del territorio.
“Desafortunadamente, en la guerra, el campesino es el que pone los muertos. Dios me tiene vivo para contar esta historia y para que las familias sepan como murieron sus familiares”.
Al igual que Roberto Lacouture dijo sentir que las víctimas no son la prioridad del proceso de paz. “Se ha reparado más a los victimarios que a las víctimas”, afirmó. Pero al igual que las otras víctimas presentes en la sala aseguró que la paz es mejor que la guerra, y que gracias a la Comisión de la Verdad se está empezando a saber lo sucedido.
“Quiero destacar que gracias a la firma del Acuerdo de Paz y a la Comisión de la Verdad hemos llegado a hablar, y ese es un camino para la paz en donde todos podemos aportar”, declaró.
Lo que más le preocupa es que en su región, en el Catatumbo, no cesa la violencia.
“La gente dice que es a causa del narcotráfico, pero yo digo que no es el narcotráfico, sino el Estado que no es capaz de dar empleo”, indicó.
Los indígenas, víctimas milenarias
Junto a él estaba Aida Quilque, cuyo esposo fue asesinado por agentes de la fuerza pública, que le acusó de pertenecer a las FARC-EP, siendo mentira. Premio Naciones de Derechos Humanos en Colombia este año, Aida estaba allí como líder del Consejo Regional Indígena del Cauca. “Los indígenas somos víctimas milenarias, víctimas del conflicto armado, pero también del posacuerdo. Víctimas porque nos siguen matando, porque se ha incrementado el reclutamiento de niños y jóvenes, porque el asesinato es sistemático en el país”.
“No es cierto que, con el acuerdo de paz, se haya acabado la guerra. Este Gobierno es responsable del recrudecimiento de la guerra y necesitamos su acompañamiento”, dijo dirigiéndose al Secretario General.
Otra mujer indígena, otra mujer amenazada, otra lideresa de los derechos humanos, le siguió en la palabra. Debora Barros fue víctima de la que se conoce como la matanza de Bahía Portete, llevada a cabo por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2004. Su tía fue asesinada junto a otras seis personas.
“Asesinaron a la autoridad tradicional de mi pueblo y a mis familiares. Mi comunidad estaba en el desierto y nunca pensamos que llegarían hasta allí”, explicó esta líder de la comunidad wayuu, que denunció que también existió violencia sexual contra este pueblo autóctono. “En nuestra comunidad se manejaba como algo doloroso que no podíamos contar”.
“No olvido lo que viví, pero hay que seguir y todos esperamos que nadie repita lo que vivimos. A la ONU le digo que es muy importante para el proceso de paz”.
La paz del corazón
En el otro extremo del espectro del dolor, habló un militar, Diego Ignacio Gómez, víctima de una mina antipersonal FARC-EP, que le arrancó la pierna derecha durante labores de desminado.
“Agradezco a la Comisión de la Verdad por los esfuerzos para visibilizarnos e incluirnos en los espacios de escucha” en los que había podido expresar libremente lo vivido junto a muchos de sus compañeros. Sin embargo, confesó que le fue difícil leer luego los comentarios negativos de quienes le decían que se merecía lo que le había sucedido por ser militar.
Para Diego, esos comentarios “nos dan cuenta de todo lo que hace falta para la paz del corazón”, porque “la paz no es un papel con una firma, sino una imprenta en el corazón de cada ser humano”.
A pesar de ello o precisamente por ello, dijo respetar “los espacios para conocer y entender el dolor de todos, y para facilitar el perdón (…) Solo así podemos decir que no se repetirá lo ya conocido”.
Los huérfanos de la paz
La palabra rodó entonces hasta Luz Marina Giraldo, excombatiente de las FARC-EP que firmó el acuerdo de paz en 2016 y cuyo esposo, también excombatiente del mismo grupo, fue asesinado en 2019 “por las disidencias”. El propio António Guterres lo conoció en una visita anterior a Colombia.
“Los grupos de disidencias asesinaron a mi esposo. Por eso hoy estoy aquí como víctima, pero más que eso, estoy como la voz de esas familias de los más de 300 excombatientes asesinados después de la firma de los Acuerdos de Paz”, aseguró.
Tras esas palabras, Luz Marina se convirtió en la voz de una de las víctimas del conflicto que no se encontraban en aquella sala.
“Quiero traer a este espacio la voz de esos niños que inicialmente se llamaron los hijos de la paz y que ahora son los huérfanos de la paz. Son cerca de 350 hijos que engrosan esas listas de una guerra que no pidieron”.
También se refirió a los aproximadamente 8000 hijos de excombatientes nacidos durante estos cinco años, de los que afirmó “es triste ver como pagan el estigma de sus padres”. Entre ellos, los hijos de Luz Marina, que “no pueden tener una vida normal como cualquier otro niño”.
Luego, se unió a quienes pidieron a las Naciones Unidas que no les dejen solos en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. “Les pido que nos sigan acompañando”.
Las distintas víctimas afrodescendientes
Otra Luz Marina, Luz Marina Becerra, afrocolombiana que ha resistido y aún resiste distintos tipos de violencia, tomó su relevo. Tras empezar en 2007 a denunciar y documentar la violencia sexual contra las mujeres afrodescendientes sufridas durante el conflicto, fue sujeto de hostigamiento, amenazas y un intento de asesinato que le obligó a huir a los Estados Unidos. Además, tiene un hermano desaparecido.
“Busco a mi hermano desaparecido hace 22 años. Soy víctima por el asesinato de mis familiares. Hago parte de una organización de víctimas afrodescendientes del conflicto armado. Nos organizamos para hacer visible la tragedia que vivimos y exigirle al Estado el enfoque diferencial en el capítulo étnico”, explicó.
Para ella, el acuerdo generó muchas expectativas en la sociedad y en los pueblos afrodescendientes más afectados por la violencia armada. Sin embargo, siente que existe un incumplimiento por parte del Gobierno, y que se recrudece la violencia por el rearme y por la reconfiguración del conflicto.
“Existe un deterioro social, familiar y comunitario. Hay una destrucción de nuestras prácticas y existe una política de exterminio”, dijo.
Frente a tanto desamparo, exhortó a la ONU para que siga arropando el proceso y poder alcanzar esa paz que todos anhelan. “Necesitamos abrazarnos frente al odio fomentado por todas las partes”.
A su lado, otro ángulo del dolor llegó de la mano de Jacqueline Castillo, víctima de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Estado colombiano y representante legal de la organización Madres de los falsos positivos, como se conoce en el país el hecho de que Ejército Colombiano comenzara a matar civiles a los que hacía pasar por guerrilleros con el objetivo de recibir remuneraciones económicas.
El hermano de Jacqueline, Jaime fue uno de esos casos. Como muchos otros jóvenes, desapareció en 2008 con falsas promesas de trabajo, y apareció muerto con la etiqueta de guerrillero.
“Hoy podemos probar que fue sistemático y no casos aislados”, indicó.
Pero más allá de su pena, Jacqueline se sumó a la reconciliación. “Quiero reconocer que tuvimos un primer encuentro con dos militares que participaron en los crímenes de nuestros familiares. No podemos quedarnos con la rabia y rencor, tenemos que buscar espacios de perdón y búsqueda de un mejor futuro. Pido el acompañamiento de la ONU, para que no nos dejen solos”.
El último en hablar fue Leyner Palacios, actualmente comisionado de la Comisión de la Verdad y víctima de múltiples hechos dolosos entre ellos la matanza de Bojayá, en el departamento del Chocó, durante un enfrentamiento entre las FARC-EP y las Autodefensas Unidas de Colombia, en la que murieron al menos 96 civiles, de los que 28 eran familiares suyos.
Leyner, que ha tenido que salir huyendo de un lugar a otro hasta en seis ocasiones, dijo: “No perdemos la esperanza a pesar de la turbulencia. Hoy estamos en un estado de guerra y postración que no comprendemos. Pareciera un castigo por apostarle a la paz. Hemos perdido 152 jóvenes en Quibdó. Voy a Bojayá y veo la frustración de jóvenes que han perdido esperanza, ¿Cómo decirles que la mantengan cuando yo tuve que salir de mi territorio? No tengo cara para pedirle más a la ONU, nos han ayudado mucho, se están haciendo muchas cosas, pero créanme que si no hacemos más estamos perdidos”.
No están solos
Tras escuchar todas estas declaraciones, António Guterres, expresó su “profunda solidaridad” y quiso destacar que, a través de todos esos testimonios, podía comprenderse como, en muchas ocasiones, quienes parecen en principio enemigos, son al final víctimas también.
Luego, señaló la necesidad de no quedarse solos y ofreció la ayuda de la ONU para aliviar todo cuanto sea posible de ese dolor.
“El sufrimiento cuando estamos solos es mucho más difícil que en grupo. Las Naciones Unidas deben hacer todo posible (…) para que la gente de distinta naturaleza se encuentre y comparta sus preocupaciones”.
El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, un día que nos recuerda la centralidad que las víctimas de los conflictos deben de tener en los procesos de paz.
*La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se deriva del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, firmado en noviembre de 2016. Es una institución del Estado de rango constitucional, independiente del gobierno, autónoma, sin facultades judiciales, que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su objetivo principal es contribuir al esclarecimiento de la verdad, promover el reconocimiento, favorecer la convivencia y sentar las bases para la no repetición.
