La estrategia electoral de Peña Nieto, que tanto en España como en otros ámbitos internacionales obtuvo un reconocimiento incondicional (le llegaron a nombrar “El Tigre Azteca”), remite a un ideario y prácticas vinculados a la integración/absorción de México por Estados Unidos y Canadá.
El pretexto de tal estrategia consiste en realizar diversas reformas que permitan mejorar la economía, fomentar el empleo, pacificar al país, reducir la inseguridad y conducir a la sociedad a un futuro “próspero, equitativo y democrático”, mientras se cumplen los compromisos integradores pactados con Estados Unidos y Canadá en el Acuerdo para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN). El único requisito para lograr la estrategia es excluir a la propia realidad. En pocos meses, Peña Nieto se ha topado de frente con ésta.
La oligarquía mexicana, que incluye a las 39 familias más ricas y propietarias del capital, los medios de producción y de comunicación, socias incondicionales de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, pudo tener con Peña Nieto a un presidente adecuado: mediático, afín a ella, circunscrito a su papel de emblema modernizador, mientras en el congreso los legisladores se encargarían de las reformas hechas a la medida oligárquica.
Para facilitar las tareas legislativas, Peña Nieto actualizó un viejo procedimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que los analistas consideraron innovador: acordar con las cúpulas de los principales partidos de oposición (Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática) lo necesario para sacar adelante las reformas. Le llamaron Pacto México. El propósito de fondo era evitar hasta donde fuera posible los debates y deliberaciones legislativas, y en general públicas, para aprobar las reformas a la mayor brevedad.
Así, se logró adelantar una reforma educativa, cuya tarea política incluyó encarcelar a la líder histórica de gremio magisterial, ex aliada del PRI, y la reforma de telecomunicaciones, que formalizó los intereses de las corporaciones del sector. La propuesta de reforma energética (que incluye modificar el estatuto paraestatal y fiscal de Petróleos Mexicanos, PEMEX) y la reforma educativa han detonado el rechazo a Peña Nieto, quien comenzó a desacreditarse meses atrás con las denuncias sobre los manejos ilícitos de fondos públicos en procesos electorales por parte de sus partidarios.
En los últimos días, el escenario triunfalista de Peña Nieto y su gobierno se desplomó al resurgir la realidad del país: crisis económica que apunta hacia una recesión; inseguridad y violencia crecientes por el impacto del crimen organizado y el auge de las “autodefensas comunitarias”; descontento social por la falta de empleo y oportunidades, sobre todo, en el segmento mayoritario, los jóvenes; clases medias empobrecidas por la pérdida del treinta por ciento del poder adquisitivo de sus salarios o ingresos en los últimos años; presencia latente de grupos de izquierda revolucionaria en Guerrero y Oaxaca; degradación de la vida en polos urbanos por el impacto de pandillas y grupos que disputan el mercado local de las drogas y otras industrias criminales; desconexión de los partidos respecto de sus bases; desgaste del modelo político en torno de la democracia procedimental o formal; endurecimiento del Estado represivo (que sentó su fundamento jurídico desde el régimen anterior); emergencia de posturas conservadoras o retardatarias entre los voceros de la oligarquía, que criminalizan la disidencia social y demandan mano dura contra ella. La magnitud y urgencia de los asuntos pendientes rebasan la fe gubernamental en torno de reformas legislativas cuyos efectos para la gente son inciertos, parciales y, en el mejor de los casos, a largo plazo.
La radicalidad de una corriente magisterial de izquierda en la Ciudad de México, sus marchas y bloqueos, provocaron malestar y hartazgo en la ciudadanía, que resonaron los principales medios de comunicación. Conviene recordar que la oligarquía mexicana patrocina también el ejército burocrático-académico de voceros, consultores y propagandistas que la acompañan en la idea del “golpe de timón” con el fin de emprender una lucha frontal del gobierno de Peña Nieto contra sus opositores, en particular, desde las calles.
En un país de signo centralista como México, la semiparálisis de la capital mexicana la víspera del 1º de septiembre, Día del Informe a la Nación del Presidente, a causa de las prevenciones de seguridad (vallas, tránsito acotado, actividades canceladas o diferidas) contra las marchas y reclamos públicos, resulta un presagio ominoso. Un sexenio de promesas que parece concluso en sus diez primeros meses.
