Escribo sobre la corrupción y sale lo peor de mí. No porque me enfade que los políticos roben, que también. Sobre todo porque esta desgracia les sirve a algunos, a los de siempre, a los que están a la caza y captura de cualquier coartada para demonizar lo público, la política, la que ellos denominan “clase política”, poniendo de este modo en peligro la democracia, el Estado. Vuelvo, como veis, al tema que me obsesiona últimamente. Pero sólo un momento, de pasada. Porque reconozco que los primeros que ponen en peligro la democracia son los representantes que se dejan corromper. Pero no por ello debemos perder de vista a quienes siempre han despreciado el Estado u otra “democracia” diferente a la que dicen se materializa en el mercado. Porque aprovechan la coyuntura para poner en marcha su programa de máximos. En ello están. Y parece que lo están consiguiendo.
También me cabrea todo esto porque me da la impresión de que lo gordo no está en la corrupción política, sino en la empresarial, o no estrictamente en la corrupción empresarial (ésa, quizás, sería una acusación demasiado grave), sino en las triquiñuelas (nos pasamos de benévolos ahora) para tributar menos (léase huida a paraísos fiscales) o para pagar menos a los trabajadores (léase deslocalización a países con leyes laborales sonrojantes o directamente inexistentes) o interviniendo en procesos privatizadores con las peores prácticas. Ahí es donde, intuyo, se mueven los números más gruesos. Pero, pese a esto y a las meteduras de pata (siendo otra vez muy comprensivos) de miembros de la patronal como De la Cavada, nadie habla despectivamente de “clase empresarial”, cuando ésa sí sería propiamente una clase social, por ser la que agrupa a los propietarios de los medios de producción. Políticos, en cambio, hay de muchas clases, como dice Alberto Garzón.
Lo dicho, los nuevos dioses del siglo XXI son los emprendedores, que no son otra cosa que empresarios en ciernes. Bajo este fenómeno se camufla una ideología infernal y, con su promoción, con la invitación a «todo quisqui» a que se haga emprendedor, se comete una gran irresponsabilidad: muchos de los que lo intentan se estrellan, lo pierden todo (normal, en un contexto económico tan triste como éste) y conservan para siempre el estigma del fracaso. Pero volvemos a divagar y aprovechamos para anunciar que este blog tiene pendiente una entrada sobre el emprendimiento.
El lector que haya llegado hasta aquí se puede sentir bastante frustrado. Lo reconocemos: nos cuesta mucho hablar de corrupción. Incluso puede estar enfadado porque se puede percibir un cierto tono exculpatorio del tipo: “Los políticos son malos, pero los empresarios son mucho peores y nadie les dice nada”.
No sé si quien piense esto debería seguir leyendo. Porque se puede enfadar muchísimo más. Es posible que esa condescendencia con los políticos vaya “in crescendo”. No es una amenaza. Sólo es una posibilidad.
Estudios sobre la corrupción
Una historia publicada en El País hace una semana y que se basa en dos estudios, uno, de los geógrafos de la Universidad de La Laguna (Tenerife); y otro, Corruption scandals, voter information and accountability, publicado en el European Journal of Political Economy, cifra en casi 800 los casos de corrupción habidos en España en la última década. Atención: se habla únicamente de corrupción urbanística municipal. Así que nadie me recrimine por no hablar del caso de los ERE.
El mapa resultante del estudio de los geógrafos es muy revelador: en todas las comunidades autónomas hay casos. Sobre todo en las del arco mediterráneo, incluída Andalucía. Pero no solo. También en Madrid o en Castilla y León. Y, en proporción a su tamaño, hay que decir que bastante menos en Aragón. Ese mapa, pues, alienta el mantra de que todos los políticos son iguales. Porque en los ayuntamientos gobiernan partidos de todo signo.
Los geógrafos, teniendo en cuenta que no todas las comunidades tienen el mismo número de ayuntamientos, han elaborado un índice para medir la incidencia de la corrupción en cada una de ellas. Las nueve autonomías en las que ésta se encuentra por encima de la media española son Murcia, Canarias, Baleares, Asturias, Madrid, Valencia, Cantabria, Andalucía y Galicia.
¿Qué es lo que pasa? ¿Es que todos los corruptos se meten a políticos? ¿O es que todos los políticos se van volviendo amantes de lo ajeno con el ejercicio del cargo?
Yo utilizo un esquema que me suele funcionar muy bien para determinar por qué los diversos agentes actúan como actúan: la infraestructura económica, al final, termina por explicarlo todo.
Un problema de ingresos y gastos
Estamos hablando de corrupción municipal. Bien, pues entonces vamos a darnos un paseo por Eurostat para ver cuáles son los gastos y los ingresos de los municipios: los políticos son los que gestionan estas cosas. A la vista de los dos mapas que acabo de enlazar, los ayuntamientos andan muy justos de presupuesto: tienen gastos equivalentes al 6,1% del PIB e ingresos correspondientes al 5,9%. Eso sucedía en el año 2012, ejercicio en el que ya se metió, y de lo lindo, la tijera en el gasto. En los años 2008 y 2009, las cifras eran peores.
En definitiva: los ayuntamientos se tienen que buscar la vida para conseguir los ingresos necesarios para cubrir sus gastos. Y, como podrán adivinar, muchos, la mayoría, se la buscaron en el sector inmobiliario. Por no extendernos mucho más en esto, sirva como muestra de lo que sucede lo que nos contaba el otro día el estadístico y ex presidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez: los ayuntamientos están como locos porque se vuelva a construir. Da igual que se forme una nueva burbuja inmobiliaria. Casi les encantaría que volviera a suceder. Y no sólo en la playa. También en la montaña.
Un informe de la Fundación Alternativas muestra cómo los ayuntamientos optaron por incrementar la dependencia en los ingresos urbanísticos de naturaleza extraordinaria y coyuntural en detrimento de su financiación con recursos periódicos y recurrentes. “El comportamiento actual de los políticos que controlan un Ayuntamiento será maximizar sus ingresos urbanísticos para mantenerse en el poder”, comenta este mismo texto. En lugar de subir los impuestos a los ciudadanos porque luego les retirarían el voto, los Gobiernos municipales optaron por obtener recursos de algo electoralmente favorable. Más que en el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), los ayuntamientos decidieron basar sus ingresos en la actividad promotora, que es mucho más cíclica. Las ventas de terrenos fueron las que más engordaron los ingresos municipales durante los años del “boom”. A los alcaldes les venía muy bien que subiera el precio del suelo. Y al ver pasar tanto dinero ante sus ojos, era lógico que tuvieran la tentación de trincar. Sobre todo si el promotor se lo ponía en bandeja y se transaccionaba algo más que el suelo: un plan general de urbanismo favorable, una recalificación… Precisamente, como comentan los geógrafos, el 88% de los casos de corrupción están relacionados con el suelo y el planeamiento, es decir, con la transformación del suelo rústico en suelo urbanizable. Pero es que con la ley del suelo de 1997, la que se aprobó con José María Aznar de presidente, todos los terrenos se convertían en urbanizables. Se pensaba que con ello los precios bajarían, porque se ponía mucho suelo en el mercado, pero coincidiendo con la entrada de España en el euro y con unos bajísimos tipos de interés, sucedió todo lo contrario. Aunque nada de esto hubiera sido posible sin la confabulación de intereses de promotores y alcaldes. La burbuja se hinchó y se hinchó hasta que explotó.
Una propuesta de cambio de la financiación municipal
Hemos dejado clara la primera hipótesis sobre la corrupción: la favorece un sistema de financiación municipal muy deficiente. Por eso la Fundación Alternativas propone un cambio. Pero como avanzábamos más arriba, esto llevaría consigo subidas impositivas para los ciudadanos, si es que se quiere que los municipios continúen cumpliendo con sus importantes funciones sociales. Aunque es fundamental que se respete el principio de la progresividad de los impuestos. En este sentido, se podría tratar de manera diferente a la vivienda habitual y a las segundas, terceras, etc., así como a las viviendas desocupadas.
Pero el IBI ahora está subiendo indiscriminadamente. Justo, ¿se dan cuenta?, coincidiendo con un momento de gran sequía constructora. No hay otra fuente de ingresos posible y se decide sacrificar al votante. También, precisamente en este momento, se propone una ley para modificar la administración local, quitándole soberanía y autonomía y, por tanto, restando democracia, según critican los detractores de este texto. Tendremos que investigar si este nuevo marco legislativo garantiza una menor corrupción municipal.
Precios transparentes y tasados
Tenemos una segunda hipótesis sobre la corrupción ligada con la anterior. A los políticos corruptos les venía muy bien que el precio del suelo subiera, porque así más ingresaba su ayuntamiento y, además, mayor “prima” se llevaban ellos.
Dicen los liberales que si en España se generó una burbuja inmobiliaria fue porque el mercado estaba muy intervenido por los Gobiernos. Efectivamente, estaba muy intervenido, muy contaminado por intereses particulares de políticos o, muchas veces, de empresarios metidos a políticos. Lo que pasa es que no estaba intervenido en lo fundamental: en el precio. Un bien como el suelo, un bien como la vivienda, debería tener precios fijados por la Administración. Ya sucede, me dirán, con las viviendas protegidas. En España van a dejar de construirse. Y muchas de las que hay ya levantadas, como nos contaba hace poco María Antonia Trujillo, ex ministra de Vivienda, están cerradas a cal y canto porque no hay quien las compre o quien las ponga al servicio de los ciudadanos que se han quedado sin casa por haber sufrido un desahucio. El precio tasado no debería circunscribirse a la vivienda de protección oficial en vías de extinción. El mercado inmobiliario debería ser transparente y comercializarse «a tanto el metro cuadrado». De esta manera se terminaría con la concepción de la vivienda como un bien para especular. ¡Cuánto daño ha hecho esta idea!
Además de la crisis financiera, esta conversión de la vivienda en un producto de inversión más ha provocado, como dicen los geógrafos canarios, que, a la vez que se concentraba la inversión inmobiliaria pareja a los casos de corrupción urbanística, sobre todo en el litoral, en las grandes ciudades y en sus periferias, se producía un cambio de modelo en el desarrollo municipal desde la agricultura o la industria hacia economías inmobiliarias. Mientras se gastaba en construcción, dejaba de hacerse en industria agroalimentaria, por ejemplo.
