Desde que volvió de su baja paternal, Pablo Iglesias ha estado insistiendo en lo mismo: en su deseo de participar en un Gobierno de izquierdas con los socialistas. Durante la precampaña y la campaña electoral animó al voto a su candidatura para tener la suficiente fuerza como para sumar con el PSOE e inclinarlo a la izquierda. Como aval de su utilidad en ese sentido, Unidas Podemos usó algunos logros de estos últimos meses con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, como la subida del salario mínimo hasta los 900 euros y la presión que ejerció para que el último decreto sobre vivienda fuera más ambicioso de lo que ha sido incluyendo medidas efectivas para el control de los precios de alquiler. Iglesias advirtió reiteradamente del riesgo de que los socialistas terminaran pactando con Ciudadanos tras las elecciones y ello llevara a una legislatura de políticas liberales alejadas de lo que una mayoría social aún sufriente desde la última crisis necesita. Ahora, este último riesgo se ha materializado: PSOE y Ciudadanos suman mayoría absoluta. La mayoría que forman PSOE y Unidas Podemos es algo más escueta y requiere de apoyos de partidos regionalistas, nacionalistas o del independentismo pragmático.
El PSOE parece querer gobernar en solitario. De esa manera, no tendrá las manos atadas por un partido a su izquierda, ni por otro a su derecha. En el Parlamento podría contar con unos o con otros, según le convenga, o según las materias de las que se trate. Y ello le da margen para maniobrar de cara a la galería o construir un relato que le haga posible mantener los apoyos centristas con que habría podido contar en las últimas elecciones sin perder los colocados algo más a la izquierda.
Ciudadanos parece que se inclina por mantener su palabra y su veto al pacto con el PSOE, máxime cuando se ha erigido en la principal fuerza de oposición contra los socialistas (pese a contar con menos escaños que el PP en el Congreso). Por el momento, parece que el escenario de un Gobierno de coalición entre los socialistas y los de Albert Rivera es el más improbable. Ello inclina un poco la balanza a favor del acuerdo entre los socialistas y el partido a su izquierda.
La necesidad de un proyecto coherente
O, más que de estabilidad, podría hablarse de coherencia. Éste no es un momento en que el país pueda soportar políticas erráticas, a merced de la geométrica variable de las mayorías parlamentarias que se puedan ir construyendo. La mayor crisis desde los años treinta, los recortes de José Luis Rodríguez Zapatero en la recta final de su segunda legislatura (después de desaprovechar los seis años anteriores para desarrollar una agenda social, la que va de dinero) y la gestión posterior durante siete años por la derecha han dejado a una sociedad española que nunca ha tenido una situación muy boyante con grandes heridas. Para curarlas, es necesario un programa de Gobierno integral. El que podrían diseñar PSOE y Unidas Podemos.
Un programa integral y coherente con varios capítulos: ingresos y gastos del Estado, estructura productiva del país, política laboral y, por supuesto, la cuestión territorial.
Hay que hablar de la estructura de ingresos del Estado, es decir, de la política fiscal. Los expertos en Hacienda Pública afirman que lo que se ha hecho en los últimos años con la fiscalidad en España ha sido una sucesión de parches incoherentes y contradictorios. Hay que reformar los impuestos y hacerlos justos, redistribuidores y eficaces. Un Gobierno de izquierdas debería aprovechar la corriente internacional favorable al incremento de la fiscalidad sobre el capital, sobre el patrimonio y sobre las herencias y de la que está escapando España, secuestrada por el Laffer de la servilleta y sus propagandistas.
También hay que reformar por el lado del gasto, ampliando la cobertura y empezando a desligarla del papel que cada cual ocupa en el mercado laboral, porque así planteado cronifica desigualdades y, sobre todo, la pobreza y la exclusión social. Rentas mínimas, rentas garantizadas, rentas básicas, incluso… hay que empezar a hablar de todo esto.
En definitiva, se trata de hacer números sobre cuáles son las necesidades del país y cuánto tiene que ingresar el Estado vía impuestos o vía cotizaciones sociales. Este último concepto nos recuerda la precaria situación del sistema público de pensiones que hay que resolver para que siga siendo el que fue concebido en su momento: suficiente para garantizar una vida digna a los mayores.
Se trata de dar la vuelta al orden de prioridades, que es lo que subyace en el movimiento feminista contemporáneo: poner las necesidades de las personas en el centro, hacernos todos responsables de todos, colectivizar los cuidados para liberar a las mujeres de ellos. Una agenda económica feminista tiene que hablar de dependencia y de conciliación, pero no sólo, tiene que ser transversal en los Presupuestos Generales del Estado.
Además, el gasto público no ha de estar orientado únicamente a una protección social imprescindible y a la financiación de los servicios públicos esenciales como sanidad y educación, sino que ha de contribuir al cambio de la estructura productiva del país. Los países más avanzados del mundo y los más punteros en tecnología y que por ello proporcionan empleos de calidad para sus trabajadores son aquéllos que más recursos públicos destinan a investigación y desarrollo y cuyos Gobiernos no temen en dirigir la economía hacia una dirección u otra, no muestran remilgos y realizan una planificación estratégica de la estructura productiva del país que ha de ser verde por mera cuestión de supervivencia. El Green New Deal estadounidense es esto precisamente: planificación de una economía sostenible, avanzada y que genere empleo.
Aunque con ello no es suficiente para garantizar la calidad en el empleo. El mercado laboral español es una catástrofe tanto por el nivel de desempleo como por la precariedad, los bajos salarios y la creciente desigualdad en las remuneraciones y condiciones de trabajo. Las reformas laborales han reducido el poder de negociación colectiva de los trabajadores y han individualizado las relaciones entre capital y trabajo, lo que ha derivado en una devaluación del precio de la mano de obra. Un programa integral de izquierda ha de solventar estas enfermedades que tan dañinas son para el conjunto de la economia, puesto que la empobrecen. Aunque los trabajadores también han de asumir su parte y, además de movilizarse en unas elecciones clave como las últimas, han de participar en los sindicatos, porque su fuerza reside en gran medida, además de en el papel que les asignen las leyes, en el número de afiliados a los que representan y a los activos que existen en cada empresa. Ello también daría fuerza para acometer la democratización del mundo de la empresa, es decir, la participación del trabajo en la gestión de las compañías, algo de lo que se está volviendo a hablar en las izquierdas anglosajonas. Y, para una vez más, en una agenda feminista transversal, hablar de horarios de trabajo y diseñar jornadas compatibles con la vida.
Un gobierno de izquierdas ha de resolver el problema de acceso a la vivienda no sólo con la construcción de obra pública como reclaman muchos actores del mercado a modo casi de subsidio para los más humildes, sino haciendo lo posible para evitar que un bien de primera necesidad se convierta en un instrumento de inversión o especulación financiera, puesto que el hecho de que una porción del parque de viviendas se destine a eso acaba afectando a todo el mercado.
Programa de mínimos con oportunidades y riesgos
Éstas son unas pequeñas pinceladas de lo mínimo que se puede esperar de un Gobierno de izquierdas, reformista, que atienda las emergencias sociales y planifique un futuro mejor. Un Gobierno socialdemócrata que intervenga en el mercado sin complejos y corrija las desigualdades que naturalmente genera. Porque las políticas públicas de los últimos años sólo han servido para reforzarlas o incluso para amplificarlas.
La urgencia de acometer un programa de este tipo es mayor que la que exige la situación de emergencia en la que viven muchas personas en España porque, aunque los últimos datos económicos del país son muy favorables, no hay que descartar una crisis cercana contra la que el margen de maniobra en Europa es menor. Otra crisis con la estructura social tan endeble como la actual puede ser devastadora.
El contexto político, además, es favorable, porque la derecha, a excepción quizás de Ciudadanos, cuya fuerza en el Parlamento tampoco es tan relevante, está noqueada y desorientada tras el resultado electoral del pasado domingo.
Ello, por supuesto, tiene riesgos. Porque PSOE y Unidas Podemos pueden tener la tentación de empezar a hacer cálculos electorales. Y, en este sentido, Unidas Podemos parece haber tomado ventaja, con la coherencia que ha mostrado desde la vuelta de su líder, durante toda la campaña electoral y en este momento, y su determinación a la hora de mostrar lo que considera que necesita el país. A corto plazo, a los de Pablo Iglesias les ayuda a ganar visibilidad, porque con su menguada presencia en el Parlamento se presentan como una fuerza útil para la transformación e incluso se proyectan como un movimiento clarividente, frente a la ambigüedad socialista. A corto plazo, un Gobierno de coalición puede favorecer al país si es que se establecen las prioridades necesarias en el programa a desarrollar. A medio plazo, veremos qué fuerza saca fruto de los logros y cuál es la que sufre el castigo de las decepciones. Pero quizás ha llegado el momento de intentarlo. Podría no haber otra oportunidad. Aunque también hay que reconocer que algunos gobiernos municipales y autonómicos han proporcionado bastantes frustraciones.
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