La pobreza, la desigualdad y la concentración de la renta y la riqueza se han acentuado en España durante la crisis y con las medidas adoptadas para gestionarla. El último informe de Oxfam Intermón, elaborado por el economista José Moisés Martín Carretero, insiste bien y detalladamente en ello. Pero nos vamos a fijar en un aspecto al que se ha prestado menos atención: la ineficiencia del sistema fiscal español como instrumento de redistribución. “El sistema fiscal español es uno de los que menos capacidad redistributiva tiene de toda Europa. Los asalariados son los que fundamentalmente sostienen las arcas públicas frente a empresas y grandes fortunas. A esto hay que añadir que los impuestos inciden de forma desproporcionada en las rentas bajas y que, por si fuera poco, cómo se gasta el dinero recaudado también es inequitativo: dos de cada diez euros de transferencias públicas se dirigen al 10% más rico de la población”, describe el informe.
No ya sólo es que el 83% de la recaudación fiscal de 2016 procediera del IVA y el IRPF y que el Impuesto de Sociedades apenas aportara el 12%, diez puntos menos que en 2007, sino que la carga fiscal incide de manera tan injusta como se recoge en el gráfico bajo estas líneas: la imposición indirecta, el IVA fundamentalmente, carga las tintas sobre el 20% de la población con más baja renta, que es la que se ve obligada a destinar la mayor parte de sus recursos a la compra de bienes de uso diario, como alimentación, vestido y servicios básicos, y que se ve desproporcionadamente afectada por el gravamen sobre el consumo. Este fenómeno es el que corrige o merma la actuación redistributiva de los impuestos directos, del IRPF. (Pinche en las imágenes para verlas a mayor tamaño).
Quienes defienden que hay margen para mejorar los ingresos del Estado subiendo el IVA deberían, antes de nada, fijarse en los tramos de renta a los que castigaría esa medida.
Si la progresividad del sistema fiscal español es manifiestamente mejorable por el lado de los ingresos, aún lo es más en el modo en que se invierten los recursos obtenidos. Porque, según vemos en el gráfico bajo estas líneas, el 10% más rico se lleva el 20,4% de las transferencias monetarias públicas, frente a sólo el 4% que recibe el 10% más pobre. En España, cuanta mayor renta disponible, más transferencias se reciben del Estado. La lógica (o el devaluado sentido común) haría pensar que el gráfico debería ser justo, justo, al revés: a menos renta, más apoyo público.
El informe de Oxfam Intermón recoge cómo el sistema fiscal español es el cuarto peor de la Unión Europea por detrás de Bulgaria, Letonia y Lituania en su capacidad redistribuidora, puesto que, con él, la desigualdad que genera el mercado sólo se reduce un 30%, frente al promedio de la Unión Europea del 40%.
Pero vamos a entrar en más detalles sobre cómo compara España con otros países en redistribución fiscal gracias a un trabajo de Koen Caminada, Jinxian Wang, Kees Goudswaard y Chen Wang publicado en noviembre de 2017.
España: más desigualdad de mercado y tras la actuación del Estado del Bienestar
En el gráfico bajo estas líneas, extraído del trabajo citado anteriormente, observamos varias cosas: la desigualdad que genera el mercado, medida por el índice “Gini Primary Income”, es en España relativamente elevada, en comparación con otros países europeos, especialmente con los nórdicos, y la corrección que favorece el sistema fiscal, bastante limitada, también si se contrasta con el norte de Europa.
La ilustración bajo estas líneas complementa a la anterior: en ella se aprecia mucho mejor esa distancia entre la desigualdad que genera el mercado y la que resulta de aplicar las recetas del Estado del Bienestar, es decir, impuestos teóricamente progresivos, y prestaciones sociales en apoyo de quienes consiguen menos recursos vendiendo su fuerza de trabajo. Aquí se observa más claramente que en España la corrección de las desigualdades que genera el mercado es particularmente modesta en comparación no sólo con los países nórdicos, sino también con Hungría, Irlanda, Grecia o Alemania.
También se aprecia otra cosa: de entre los países en los que se recoge el efecto de los impuestos en la reducción de las desigualdades, o de entre los Estados en los que los impuestos desempeñan un papel en la redistribución de la renta, España quizás también destaque por la modestia en su eficacia, sobre todo si se compara con Irlanda, Grecia, Finlandia, Holanda o Estonia, siendo éstos países muy diferentes entre sí y encontrándose también en situaciones muy distintas.
Las transferencias sociales redistribuyen más que los impuestos
Pero no hay que perder de vista que, de media en los países estudiados por el informe, las transferencias sociales explican el 81% de la reducción de la desigualdad de ingresos, frente al 19% que suponen los impuestos en esa corrección.
En España, con datos de 2013, el índice Gini “de mercado” se situaba en los 0,52 puntos, que se corrige hasta los 0,343 puntos con la acción de impuestos y transferencias sociales. El Estado de Bienestar, por tanto, reduce un 34% la desigualdad. De esos 34 puntos porcentuales, 27 corresponden a las transferencias y 7, a los impuestos.
En Suecia, el sistema fiscal, sumando impuestos y transferencias, reduce la desigualdad casi a la mitad, desde un Gini de mercado de 0,466 hasta un Gini final de 0,237, lo que supone un descenso del 49%, tomando datos de 2015. Se puede considerar este caso como ejemplar, puesto que es el país de nuestro entorno más eficaz en la reducción de la desigualdad. Las transferencias aportan 41 puntos y los impuestos, 8 puntos.
Llegamos a la conclusión, pues, que el grueso de la redistribución, que la reducción de la desigualdad, se realiza a través de las prestaciones sociales, y no con los impuestos, cuya aportación es, en términos generales, marginal.
El mayor esfuerzo, en pensiones: España no es una excepción
La pregunta que ahora hay que hacerse es el cariz que tienen esas prestaciones sociales. En el gráfico bajo estas líneas descubrimos que si bien en España se critica la preeminencia de las ayudas a la vejez respecto a otros colectivos, la realidad es que nuestro país no es una excepción, y también en los países de nuestro entorno sucede eso mismo. Bien es verdad que en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países, las políticas de familia son mínimas, mientras que las prestaciones por desempleo tienen una presencia que a primera vista sólo supera Irlanda.
En los 26 países que aparecen en el gráfico sobre estas líneas, el índice Gini de partida, de mercado, está en los 0,496 puntos. Tras impuestos y transferencias, el Gini queda en los 0,331 puntos. De estos 0,165 puntos en que la intervención del Estado reduce la desigualdad, el 78% se explica por las transferencias sociales, mientras que un 22% se explica por los impuestos y las contribuciones a la seguridad social. En las transferencias sociales, el peso más importante (54 puntos porcentuales de los 78) corresponde a las pensiones, bien de vejez, bien de discapacidad; a continuación, con apenas 8 puntos porcentuales, se colocan las políticas de familia, y después, con 6 puntos porcentuales, las prestaciones por desempleo.
Si eso ocurre en agregado en los 26 países que estudian los autores del trabajo, ¿qué sucede en particular en España? El índice Gini con la actuación del Estado se redujo en 2013 desde 0,52 hasta 0,343 puntos, lo que implica un descenso del 34%, bastante menor que en Dinamarca (48%), Finlandia (47%), Alemania (44%), Francia (41%) o incluso Grecia (41%), por poner unos pocos ejemplos. Y sólo superior a la corrección que se logra en Estados Unidos (26%) o en Australia (31%).
En nuestro país, con datos de 2013, las pensiones explican el 59% de la reducción de la desigualdad y el 17%, las prestaciones por desempleo. Las políticas de familia apenas suponen un 1%, y lo mismo las de vivienda o las transferencias educativas. En cuanto a los impuestos, reducen un 20% la desigualdad de la renta.
El peso de los impuestos en la reducción de la desigualdad es en España bastante parecido al del grueso de los países estudiados por el trabajo que hemos sintetizado aquí; quizás la diferencia entre España y otros países de nuestro entorno se encuentra en el más escueto presupuesto destinado a prestaciones al margen de las pensiones y el desempleo. Pero, en conjunto, todos los países ponen el acento en estas dos cuestiones, especialmente a la primera.
Posiblemente, pues, la estructura fiscal española no es muy diferente a la de otros países. Lo que sí es sustancialmente diferente es el volumen de ingresos y el de gastos. Así, España, en el año 2016 tuvo ingresos equivalentes al 37,7% del PIB, siete puntos por debajo de la media comunitaria (44,7%). Y, mientras, el gasto sobre el PIB se encuentra en el 42,2%, frente al 46,3% en que se encuentra la media comunitaria.
Sígueme en twitter: @acvallejo