De cara al Segundo Informe del gobierno, la propaganda en torno del éxito reformista en México debe ser contenida con una evaluación de hechos.
En las últimas décadas, el gobierno estadounidense logró imponer en el mundo, y en particular en América Latina, un mito favorable a sus intereses: las reformas ultraliberales son, en sí y por sí, benéficas para los Estados-nación y sus habitantes.
Tal es la doctrina que está detrás del impulso reformista del actual gobierno mexicano del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual logró consumar en el ámbito legislativo, a partir de diciembre de 2012 y hasta la fecha, cambios de alto impacto en México en el marco jurídico y de prácticas del sector educativo, de telecomunicaciones y el energético.
Esta política “modernizadora” no es sino la puesta al día de sectores que mantenían un rezago estructural respecto de las directivas ultraliberales prescritas por Estados Unidos (así como ha propulsado la elitización de la política en tanto antídoto contra el “populismo”).
Para conseguirlo, la estrategia del gobierno mexicano consistió en plantear un acuerdo entre las cúpulas de los principales partidos del país para acordar dicha puesta al día. En respuesta, estos interlocutores recibieron fortalecimiento político y presupuestal, al grado de que diversos analistas han cuestionado el auge de la “partidocracia”: una nueva clase gobernante ajena a la sociedad con el pretexto de la democracia formal.
Enseguida, y bajo tal acuerdo denominado “Pacto por México”, el gobierno convocó a los principales agentes implicados a dirimir sus proyectos de reformas legislativas, donde el Poder Ejecutivo se reservó el papel de apoyar a uno u otro agente preponderante, o bien, se deshizo de otro que se opuso (como fue el caso de la líder del sindicato magisterial).
A nivel legislativo, el debate fue puertas adentro de las diversas comisiones del Senado y la Diputación involucradas con los grupos de poder y de presión del gran capital nacional e internacional que discutían sus respectivos intereses. La sociedad mexicana atestiguó el proceso sin posibilidad alguna de participar.
Desde fuera del país suele creerse, gracias por lo regular a los efectos propagandísticos, que las reformas del gobierno mexicano son buenas de antemano y hay que aprobarlas sin reparo. Un poco de memoria ayuda a contrapesar tal percepción.
Se estima que el gobierno mexicano ha gastado 9 mil millones de pesos en propaganda (cerca de mil millones de dólares, cf. Proceso, 31 de agosto de 2014). El organismo civil Fundar ha interpuesto un recurso judicial contra dicho exceso propagandístico.
Christy Thornton y Adam Goodman acaban de publicar en The Nation un excelente artículo, cuya parte medular vale reflexionar, ya que recuerdan el origen reformista de México que comenzó en los años ochenta del siglo anterior y tuvo su momento estelar con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá:
“Salinas prometió que el TLCAN sacaría a los mexicanos de la pobreza mediante la creación de nuevos empleos en la manufactura y el famoso argumento de que el acuerdo establecería un México que exporta bienes en lugar de personas. Asimismo, México se convertiría en parte del primer mundo, Salinas proclamó, y para demostrarlo, supervisó la entrada del país en la OCDE, el club de las naciones industriales líderes en el mundo.
“Veinte años después de la implementación del TLCAN, sin embargo, ahora está claro que la mayoría de las promesas de Salinas no se han cumplido. El crecimiento económico de México durante el periodo fue de los más bajos de América Latina, y los niveles de pobreza y desigualdad se mantienen en niveles anteriores al TLCAN. Un estudio del Centro para la Investigación Económica y Política señala que si bien la tasa de pobreza se mantuvo estancada en las últimas dos décadas (cerca del 52 por ciento), el crecimiento demográfico ha significado realmente que, en 2012, 14.3 millones de mexicanos más vivían en la pobreza respecto de los pobres en 1994. El desempleo también aumentó en México durante el período, y unos 4,9 millones de empleos se perdieron en el sector agrícola familiar debido a la etapa post-TLCAN y la disminución de los precios de los productos básicos, así como la reducción de la protección del Estado.
“Y mientras que las exportaciones de bienes de México sí aumentaron, como Salinas había prometido, el TLCAN no detuvo el flujo de personas a través de la frontera”. Fueron más de 10 millones de mexicanos en éxodo a EUA. En suma, la destrucción de un Estado-nación.
Surge la pregunta: ¿para quiénes han sido benéficas tales reformas (y acaso lo serán las recientes reformas)? La respuesta indica que están lejos de beneficiar a la mayoría de los mexicanos. ¿Cuál es la verdadera sustancia del reformismo mexicano previo y del actual? Resplandece la obviedad de las respuestas.
http://www.thenation.com/article/180587/how-mexican-drug-trade-thrives-free-trade
http://www.proceso.com.mx/?p=380913
http://fundar.org.mx/amparosencontradelapropaganda/#.VASjAWR5MgU
