La escalada de violencia en México continúa ante el desconcierto de las autoridades, que ahora aluden a este problema ya no, como lo hicieron hasta meses atrás, en términos de “guerra contra el narcotráfico”, sino ahora hablan de “guerra entre los narcotraficantes”.
El cambio de enfoque de la versión oficial es significativo: el gobierno de Felipe Calderón tiende a difundir que la violencia que estraga al país, cuyo ejemplo más reciente son los 49 ejecutados y descuartizados (43 hombres y seis mujeres) en Cadereyta, Nuevo León, hacia la frontera con Estados Unidos, poco tiene que ver con su estrategia de combate al crimen organizado y, en cambio, es producto de la “irracional y absurda violencia de los criminales”.
Asimismo, las autoridades difunden que las reacciones violentas de algunos grupos criminales frente a sus operaciones represivas, por ejemplo, erradicación de cultivos, decomisos o la detención de algunos jefes, muestran el tino de la estrategia. Este vaivén paradójico de puntos de vista forma parte del desconcierto del gobierno de Calderón que, a unos meses de dejar el poder, ya se limita a tareas tácticas, tardías e ineficientes, de patrullaje en zonas conflictivas, que en los últimos meses han provocado que las fuerzas armadas (ejército, marina, policía federal) se desplacen de localidades en el litoral del Golfo de México al Norte o, bien, al centro-Occidente del país.
La “lucha contra todos los grupos criminales sin excepción”, que presume el gobierno de Calderón, ha traído consigo el incremento de la violencia en México desde 2007 a la fecha. La ubicación y distribución de dicha violencia habla de algo más complejo de lo que describe la versión oficial: “índices violentos, localizados y circunscritos” de importancia menor. Por desgracia, el problema de la violencia y la inseguridad en México alcanza una dimensión alarmante, relacionada a la fecha con las rivalidades entre dos grandes cárteles y sus respectivos aliados: El cártel de Sinaloa y Los Zetas.
Los analistas mexicanos y estadounidenses tienden a observar la violencia en México como si ésta aconteciera en un territorio aislado de las tensiones políticas y geopolíticas, donde los fenómenos violentos son reducibles a un enfoque criminológico que presenta la realidad contemporánea como un asunto de simples pugnas entre el gobierno y el crimen organizado. Y, a veces, retoman algunas variables del mercado y la economía subterránea para redondear la postura analítica. Conforme mayor refinamiento buscan en el manejo y acomodo de las cifras o los modelos explicativos, más pasan por alto el propio contexto histórico y la corrupción de las instituciones mexicanas, sujetas, como nunca antes y por el periodo electoral, a la lucha de los intereses de poder dentro y fuera del país.
De acuerdo con el testimonio de un experto en seguridad de larga trayectoria en el gobierno mexicano, la actual inestabilidad mexicana tiene que ver con un factor poco considerado por los analistas: el interés del Pentágono en acrecentar, a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el fortalecimiento de Los Zetas, al mismo tiempo que el Departamento de Combate a las Drogas (DEA) empuja la desarticulación de los viejos nexos del cártel de Juárez y su derivación, el cartel de Sinaloa, con el ejército mexicano.
Dicho factor geopolítico se inscribe, de acuerdo con aquel experto, en los objetivos encubiertos por el Plan Mérida, producto del Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad de América de Norte, y que obedecen a las directrices del Comando de América de Norte de Estados Unidos: 1) fortalecer el Estado mexicano para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos frente a la amenaza potencial del crimen organizado y el terrorismo en la región de Centro América y el Caribe; 2) fortalecer y profesionalizar las fuerzas armadas de México para que cumplan los programas y planes de seguridad nacional de Estados Unidos frente al futuro; 3) con el fin de realizar los dos objetivos anteriores, el gobierno estadounidense, a través de la Agencia Central de Inteligencia, lleva adelante “actividades” (operaciones encubiertas) para estimular focos de desestabilización institucional en el territorio mexicano, mediante acciones concertadas con el crimen organizado, en especial, Los Zetas, lo que permite escenarios reales de combate y adiestramiento de las fuerzas armadas contra grupos anti-institucionales.
La detención de tres generales del ejército mexicano, exigida por la DEA, y consumada días atrás en México por la Procuraduría General de la República (PGR), se expresaría en el contexto político y geopolítico descrito, que implica también reacomodos necesarios al interior de las fuerzas armadas.
